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El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, durante la reunión de la Mesa de Diálogo Social donde el Gobierno y los agentes sociales comienzan a negociar las condiciones de los ERTE. / EFE
El Gobierno ha propuesto este martes a los agentes sociales extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de enero y ha vinculado las exenciones a acciones formativas de los trabajadores afectados, según ha informado la Unión General de Trabajadores (UGT) tras el encuentro.
Las acciones formativas tendrán que desarrollarse entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de junio de 2022, según la propuesta presentada por el Ejecutivo y que "ha generado dudas sobre su aplicación, ejecución y financiación", según UGT.
El sindicato también ha manifestado la "confusión" que genera otro de los puntos introducidos por el Gobierno en esta reunión, y es que la prórroga de los ERTE no se producirá de manera inmediata, sino que las empresas deberán solicitarla antes del 10 de octubre, incluida la solicitud de prestación por desempleo a los trabajadores.
Pasado ese plazo, la Administración tendrá diez días para resolver la solicitud y en caso de no resolución se entenderá desestimada.
"Este punto, el del silencio negativo, ha generado mucha polémica y genera confusión con la prórroga automática que deberá producirse en el momento de la solicitud", ha expresado el sindicato en su comunicado.
La propuesta del Gobierno también unifica las exoneración y mantiene el 100% para los ERTE de impedimento, del 50% para empresas de menos de 50 trabajadores en ERTE de limitación y 40% las empresas mayores.
Del mismo modo, se prorrogan todas las Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del Real Decreto anterior y las situaciones de fijos discontinuos.
UGT ha vuelto a insistir en esta reunión en la necesidad de actualizar el contador a cero de las prestaciones por desempleo para los trabajadores afectados.
Las negociaciones se reanudarán el próximo jueves. Además, el sindicato ha presentado al Gobierno la necesidad de regular la situación de los damnificados por la erupción del volcán en La Palma.