El secretismo de la negociación cuenta con ingredientes de novela. Los europarlamentarios tienen acceso a la documentación durante varias horas en una pequeña habitación a la que acceden sin teléfono móvil, ni bolso, abrigo o chaqueta. «Al entrar te dan hasta el boli y papel marcado». Y mientras lees, un funcionario te observa a escasa distancia. Ni que decir tiene que no se puede contar nada por una cláusula de confidencialidad. Pero por lo que ve Inmaculada Rodríguez-Piñero, que entra al «cuarto oscuro» (en realidad llamado cuarto de lectura, reading room) cada dos-tres semanas, «no hay letra pequeña, sino grandes generalidades. Yo no he encontrado nada que motive esa precaución», señaló.
La eurodiputada lanzó un guante que fue inmediatamente recogido por los presentes, sobre todo empresarios, entre ellos, del sector agrario y agroindustrial. Rodríguez-Piñero les instó a que le trasladaran cuáles son sus realidades y sus inquietudes para incorporar los recelos y oportunidades al debate.
La Junta se ofreció –lo hizo Alfonso Garrido, coordinador general de Acción Exterior– a canalizar ese flujo de información y a coordinar los contactos, como ratificó Vanessa Bernad, consejera delegada de Extenda.
¿Cuáles serán los sectores que se podrían ver beneficiados y perjudicados?, preguntó Daniel Pérez, director general del ICAM. La gran ventaja llegará para los que cuentan con barreras arancelarias muy elevadas, contestó. Y la eliminación de barreras no arancelarias abrirán el mercado. Sirvan las naranjas como ejemplo. A los agricultores les resulta muy complicado exportarlas por el alto coste en tramitación porque, entre otras cosas, en EEUU no reconocen los certificados de control europeos. Si se elimina ese tipo de duplicidades, se abarata el proceso.
Se quejó Vicente Pérez, director general de Asaja, de la larga tramitación de los acuerdos que afectan al campo y preguntó que hasta qué punto está cerrado éste. «Está verde, muy verde», aseguró Rodríguez-Piñero. Hay que conocer la regulación de 50 Estados federales y 28 Estados miembros, y eso requiere su tiempo, dijo. «Lo importante es que no lleguemos tarde». El campo, de nuevo como ejemplo. «Hay que establecer una lista de lo que tiene que quedar fuera del acuerdo, determinar qué productos no se pueden quedar a cero en aranceles y cuáles requieren una sensibilidad especial».
Para Álvaro Guillén, presidente de Lándaluz, las mayores trabas normativas se encuentran en casa –en alusión al oro verde, del que es industrial– y apuntó que, en su caso, no les ha quedado más opción que abrir filial en EEUU para atender desde allí al mercado estadounidense. Así, reivindicó que el aceite de oliva «debería ser cuestión de Estado», como Francia cuida su champán o Escocia su whisky. «España ya es líder en producción, pero eso no me vale», de ahí que pidiera una sensibilidad especial hacia este producto. Por cierto, recordó, en 2014 se vendió más aceite español envasado que italiano, a los que agradeció «que nos hayan enseñado a hacer las cosas bien».
El presidente de la CES, Miguel Rus, precisó que los empresarios quieren «más UE» porque ahora parece «una cooperativa de países», y señaló que la falta de legislación beneficia a las grandes. También hizo autocrítica y afirmó que Europa se ve lejos y hay que proponer más y tener un contacto más directo. Su homólogo en Fedeme, Francisco Moreno, mostró preocupación por que las grandes empresas pueden decidir el país con la legislación más favorable a sus intereses y por la lentitud de la Justicia y sus efectos.
Y Juan Moreno, de la UCA, pidió razones con las que defender por qué hay que apoyar el TTIP. «Abre una ventana a que el que hace las cosas mejor las puede vender sin barreras» y así fomentar sus exportaciones, fue la respuesta. «Consumidores y pymes van a ser los grandes beneficiados».
Del ámbito universitario las mayores dudas las planteó Antonio Ojeda, que recordó la huida de empresas norteamericanas como Delphi o Visteon y planteó el riesgo de que el desembarco de grandes empresas pueda llevar al hundimiento de los servicios públicos. Se necesita una regulación para evitar lo que pasó y sobre los servicios públicos insistió en que «no hay amenaza». «Soy valenciana y quien los ha privatizado no ha sido ningún acuerdo con EEUU sino el Gobierno de la Comunidad Valenciana». Y Luis Ángel Hierro hizo de abogado del diablo porque se pide al ciudadano «un acto de fe» y se confía en que EEUU suscriba convenios internacionales. «Son tiempos complicados». No se trata de homologar, sino de reconocer lo que hace el otro, contestó.
Fernando Álvarez-Ossorio incluyó el elemento Podemos. ¿Y si ganase las elecciones generales? Pues España no ratificaría el acuerdo. Marycruz Arcos, profesora de Derecho Internacional Público, se preguntó por qué EEUU despierta tanto recelo cuando otros acuerdos comerciales con Corea o Canadá no han generado ruido alguno y señaló el dinero que mueve el negocio del arbitraje internacional mientras que Manuel Marchena, también profesor, recordó que no hay país más proteccionista que EEUU.