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Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada y miembro de la comisión de Comercio Internacional, Óscar Gómez y Miguel Rus. / José Luis Montero
La Comisión Europea es consciente –y entona el mea culpa por ello– de que el oscurantismo y la opacidad que han marcado la negociación sobre el tratado de libre comercio con EEUU (conocido por las siglas TTIP) ante la opinión pública han alimentado las posiciones contrarias y dotado de argumentos a los grupos que las defienden.
Ante el desconocimiento generalizado de qué y cómo se está negociando y a quién y cómo va a afectar, Bruselas trata ahora de enmendar ese error y se congratula del revuelo que ha generado que el Parlamento Europeo haya suspendido en el último momento la votación sobre la posición con las líneas rojas que la Comisión estará obligada a defender ante EEUU por el desacuerdo entre los grupos políticos. ¿Por qué? Pues porque pone el foco de atención de los medios sobre un asunto que, a priori, genera rechazo por su carácter tan técnico.
Así al menos lo considera la eurodiputada y portavoz del PSOE en la Comisión de Comercio Internacional, Inmaculada Rodríguez-Piñero, quien trató de desmontar las «falsedades» en torno al tratado y de aclarar algunas de las dudas que suscita el mismo en el foro Hablemos de Europa, organizado por El Correo de Andalucía en el hotel Gran Meliá Colón de Sevilla, donde estuvo acompañada de Jochen Müller, consejero político de la Comisión Europea en España.
Para empezar, quiso dejar claro que aún no hay acuerdo, sino que se está en proceso, complejo eso sí, de elaboración, por lo que todavía hay margen para «identificar y corregir» los riesgos que puede conllevar. De lo que se trata, remarcó, es de ver si Europa es capaz de «establecer las reglas de juego, la gobernanza de la globalización, que sirva de referencia en el mundo», sobre todo, porque necesita recuperar el peso que ha ido perdiendo en el escenario económico mundial en favor de China y el eje asiático. «Creo que es de las últimas oportunidades que tenemos en Europa», dijo.
Claro que hay que hacerlo en un contexto de globalización en el que, en aquel caso, las condiciones laborales se traducen en trabajar seis días a la semana, nueve horas al día por un salario medio de 200 euros. Por ahí no va la competición.
Por contra, defendió que el comercio y la cooperación al desarrollo van unidos al permitir nuevas oportunidades para las pymes, para que puedan derribar barreras que ahora impiden ampliar mercados a las más pequeñas. Y lo que pretende este acuerdo es eso, «crear las condiciones» para que puedan hacerlo y ayudarlas así a ser más competitivas.
«EEUU no es un enemigo, sino un socio con el que tenemos que potenciar las relaciones económicas y comerciales. Lo que decimos desde el grupo socialista es sí a negociar un acuerdo, pero no a cualquier acuerdo», resumió. Y es que los principales recelos ocupan temas relevantes como que EEUU se comprometa a firmar todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o los medioambientales.
Tal vez hayan oído que el TTIP permitirá la entrada de carne hormonada procedente de EEUU o el incremento de la importación de productos transgénicos o genéticamente modificados. O también que existe el riesgo de que se privaticen servicios públicos y que se pierdan derechos laborales. Para Rodríguez-Piñero son «falsedades» que se han extendido por la «falta de transparencia» que existía hasta la fecha y que se han propagado gracias al altavoz que representan las redes sociales. En este sentido, indicó que, aunque se ha mejorado porque ya hay información pública a disposición de quien quiera consultarla, el siguiente paso ahora es «hacer asequible todo ese volumen de información».
«Se ha dicho que el TTIP supondría una bajada de los estándares de protección porque en algunos casos EEUU los tiene más bajos, pero lo cierto es que hablamos de cooperación regulatoria y cooperar no es armonizar», aseveró. Se trata de eliminar barreras arancelarias –que se sitúan de media entre un 3,5 y un 4 por ciento, si bien hay productos como el calzado donde éstas llegan al 37 por ciento– y las no arancelarias que actualmente restan competitividad a las empresas y les obligan a desistir de intentar vender sus productos en el mercado norteamericano.
Para ello, aseguró que «se está haciendo un trabajo exhaustivo sector por sector y producto por producto». En este sentido, echó en falta que el Gobierno español no haya encargado un estudio de impacto sectorial para analizar qué actividades pueden verse beneficiadas y cuáles perjudicadas para ir tomando medidas, al conocer las oportunidades para potenciarlas y actuar para minimizar los perjuicios.
En esta línea, y según los estudios realizados por otros países, los beneficiados en Europa con este acuerdo serían, por este orden, el Reino Unido, Irlanda, Suecia y España, a la que se le presume un impacto positivo «de seis puntos en el PIB per cápita», precisó. Oportunidades se abren en la contratación pública en infraestructuras, dijo.
Por contra, una de las cuestiones que más ampollas levanta es la relativa al sistema que se plantea de resolución de conflictos entre Estados e inversores. Su posición es la implantación de un tribunal internacional que admita un mecanismo de apelación y sustituya al actual sistema de arbitraje privado, que, señaló, solo beneficia a las multinacionales, que pueden pagarlo.
Se han hecho ya nueve rondas de negociación, pero queda mucho trabajo por delante y una ardua tramitación, pues no solo deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo sino, posteriormente, también por cada uno de los Estados miembros. Sin embargo, en ese momento solo se podrá votar sí o no, no establecer enmiendas o modificar su contenido, por lo que la eurodiputada emplazó a todos los sectores económicos y agentes a implicarse ahora para plantear sus inquietudes y necesidades porque luego no habrá forma de revocar nada de lo que salga adelante.