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Juan Antonio Alcaraz, director general de Negocio de CaixaBank, Fernando Miranda y Rafael Herrador, director territorial de CaixaBank. / Jesús Barrera
Por décimo año consecutivo, Fernando Miranda Sotillos, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, participó ayer en la tradicional conferencia agrícola heredada por CaixaBank tras la integración de Barclays, en la que desgranó las modificaciones de la PAC en las que actualmente se trabaja y esbozó las líneas que pueden marcar la próxima reforma de la Política Agraria Común para 2021-2027.
Parece que ese horizonte queda muy lejano, pero no es tan así si se tiene en cuenta que en la primavera del próximo año se abrirá el proceso consultivo con la idea de que en otoño se publique un primer documento de orientaciones políticas que regirán la nueva PAC. Y en este sentido, el representante del Ministerio señaló que el Gobierno defenderá que «las ayudas directas deben seguir teniendo un papel muy relevante, como el que tienen ahora», para lo que destacó que hay que ser capaz de justificar que desde la agricultura es posible cumplir con los objetivos de lucha contra el cambio climático. «Debemos ser capaces de explicar a la sociedad que es útil, que cumple una función y que hay que seguir manteniéndolos», enfatizó Miranda, porque estos pagos directos representan nada menos que el 30 por ciento de los ingresos que perciben los agricultores. Por ello, instó a los agentes del sector a empezar «desde ya» a defender con argumentos «qué es lo que queremos en el futuro».
Miranda hacía referencia a las corrientes que han aflorado en Bruselas y que directamente reclaman eliminar el pago verde o greening «porque el efecto medioambiental de estas ayudas no sirve para nada, ésa es la música que se oye». Pero su eliminación no supondría derivar esos fondos a otras partidas de la PAC sino que se perderían, precisó, de ahí la defensa que España hace por mantenerlas a pesar de que las nuevas medidas de flexibilización propuestas en este apartado incluyen puntos que han sublevado a los productores españoles. El más polémico es la prohibición del uso de fitosanitarios en las superficies de interés ecológico productivas. «Nuestra primera posición fue de rechazo», señaló, pero finalmente pesó más que para España las ayudas del greening supongan más de mil millones de euros –que no se quieren perder– y que apenas representa un 5 por ciento de la superficie que nuestro país declara.
Otros dos aspectos que también pueden afectar a España, aunque en menor medida, es el permiso para mezclar semillas en los cultivos fijadores de nitrógeno y el permiso a los Estados miembros para diferenciar el periodo de diversificación a nivel nacional o regional. Son propuestas que se plantearon en diciembre de 2015 que están en discusión y que entrarían en vigor en 2018 de aplicarse.
Por otro lado, el pasado septiembre la Comisión Europea lanzó el paquete Ómnibus, proyecto legislativo que forma parte de la revisión intermedia del marco financiero plurianual 2014-2020 y que afecta a una quincena de reglamentos, entre ellos la PAC, que se aplicaría también a partir de 2018. Aquí se incluye dar la opción a los países de aplicar o no los criterios de agricultor activo (perceptores que tienen actividad agraria), eliminar la limitación de pagos complementarios a los jóvenes agricultores y desacoplar temporalmente ayudas a la producción ante desequilibrios del mercado.
Ya en España, entre las principales novedades del Real Decreto de las ayudas directas para 2017, en fase final de tramitación, Miranda destacó que el aspecto más relevante es el relativo a la figura del agricultor activo –tiene que demostrar que al menos el 20 por ciento de sus ingresos proceden de la venta de sus productos–. España mantendrá esa exigencia y serán las comunidades autónomas las que harán «un control más exhaustivo» en el caso de que existan dudas de si detrás de un beneficiario de la PAC hay un productor real.
Otros cambios menores aluden a la fecha de inscripción o autorización de nuevas variedades y parámetros técnicos ligados a la ayuda acoplada al ganado ovino y caprino, la prórroga de un año más de la ayuda a los frutos de cáscara y la flexibilización de requisitos de jóvenes agricultores.