Examen al consumo

Una bufanda de plumas blancas, una peluca trenzada de princesa, la base de un enchufe de empotrar o un ventilador de pie han sido los últimos productos incluidos en la Red de Alerta de la Junta de Andalucía por entrañar algún riesgo para el consumidor. Concretamente, por quemadura, choque eléctrico, de lesiones o de incendio.

Este sistema es parte de las tareas de inspección que realiza la Administración autonómica para comprobar la seguridad de diferentes productos y servicios, tal y como establece la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, aprobada hace 15 años. Una labor que pone el consumo a examen y que otorga al cliente cierta seguridad para su uso o consumo.

Todo producto o servicio pasa por unos exhaustivos controles de calidad. Desde la primera pieza hasta el momento en el que sale al mercado. Es precisamente esta fase en la que más inspecciones se realizan por parte de la comunidad autónoma, según apunta el jefe del Servicio de Inspección y Normativa de Consumo de la Junta, Pablo Blanco. Aunque este servicio no suele actuar en fases más elevadas de la cadena, como en la producción, sí puede establecer contacto con el responsable del producto, ya sea fabricante o importador, cuando se da de alta un producto en la Red de Alertas.

En concreto el año pasado se realizaron un total de 17.435 inspecciones en los sectores alimentario, industrial y servicios. En el 12 por ciento se detectaron irregularidades. Más de la mitad de las inspecciones se realizaron en el sector industrial, seguido de los servicios (que copan un 39 por ciento del total) y de la industria agroalimentaria (un 9 por ciento de las inspecciones).

Servicios es el sector que más actas con irregularidades presenta. De hecho, del total, el 18 por ciento de las campañas analizadas presentaron defectos. En la industria alimentaria el porcentaje irregularidades es del 15 por ciento, mientras que en el sector industrial tan sólo representan un 6 por ciento de las actas, principalmente por un «etiquetado erróneo en electrodomésticos, juguetes o material escolar», entre otros, explica Blanco.

Especialmente importante es la labor de la Inspección de Consumo en todos aquellos productos dirigidos al público infantil. «Hay que ser precavidos y muy cautelosos, ya que puede producirse una desgracia», apunta Blanco. En esta línea, el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), Juan Moreno, añade que los padres, a la hora de comprar un juguete, por ejemplo, deben de tener en cuenta que no sólo están determinando el tipo de educación que se le da al niño, sino también que puede poner en riesgo su seguridad.

Las empresas de servicios las que más sanciones acumulan. El año pasado la factura ascendía a 15 millones de euros. Las sanciones a este sector son más elevadas porque lanzan campañas «sensibles» impulsadas por la banca, servicios aéreos o compañías de telecomunicaciones. Estas multas se interpusieron, principalmente, por «el uso de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios y por defectos de información en los contratos», explica Blanco.

La mayoría de inspecciones de la Junta se hacen sin precisar la labor de laboratorios externos, «dado que son controles que afectan principalmente al etiquetado», explica Blanco. Sin embargo, cuando se precisa de muestras de laboratorio, la Junta tiene la opción de acudir al Centro de Investigación y Control de Calidad, perteneciente a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) o a empresas privadas. Un caso que se suele dar en las inspecciones alimentarias para determinar si, por ejemplo, una conserva contiene una especie de menor calidad a la del etiquetado, lo que supone un fraude.

Para los consumidores, uno de los grandes retos de la labor de inspección está en el comercio electrónico. Según recuerda Moreno, el 80 por ciento de las webs en Andalucía no cumplen con los requisitos para la venta online. En definitiva, una puerta abierta al fraude. Sobre todo si se tiene en cuenta que gran parte de los servicios que se contratan, principalmente turísticos, se hacen a través de este canal. Por ello, desde la UCA-UCE reclaman «un mayor nivel de vigilancia sobre las páginas que venden a través de internet, así como sobre el uso irregular de las nuevas tecnologías para estafar a través de la publicidad».

La asociación de consumidores que preside Moreno valora de forma positiva la labor inspectora de la Administración, pero reconoce que a veces ésta «tampoco tiene todos los medios humanos y materiales». En este sentido, Moreno hace hincapié en la necesidad de que haya una mayor coordinación entre administraciones y consejerías, así como con las propias asociaciones de consumidores, para evitar que, por ejemplo, un taller tenga reciba tres inspecciones seguidas.

«Los mejores inspectores son los propios consumidores, ya que están presentes en todos los comercios», sostiene Moreno. Sin embargo, éstos todavía no tienen una conciencia total sobre la importancia de reclamar. El problema está en la inaccesibilidad de la información, en opinión del portavoz de los consumidores.

La labor de inspección de la Junta no sólo es esencial para el bienestar del consumidor andaluz. La Dirección General de Consumo es uno de los puntos de contacto de la Aecosan y «tiene la obligación de informar de qué productos se han detectado como inseguro». De esta forma se activa rápidamente el sistema de intercambio de información y se pone en conocimiento a todas las autoridades competentes no sólo a nivel nacional y autonómico, sino también europeo, pues precisamente el Red de Alertas está impulsada desde la Unión Europea.

En los próximos días se reunirá el Consejo Andaluz de Consumo, en el que participa la dirección autonómica, el sector empresarial y las asociaciones de consumidores, para dar luz verde al Plan de Inspección 2018. Para este año se realizará un total de 25 campañas repartidas entre el sector agroalimentario (siete actuaciones), el industrial (seis) y el sector servicios (un total de doce).

La detección de productos que puedan presentar un riesgo para la seguridad de los consumidores se hace, por lo general, a través de las campañas de control de mercado. No obstante, los propios usuarios también pueden contribuir a esta labor denunciando a través de la Red de Alerta de Consumo. «El ciudadano puede presentar una queja o denuncia porque entienda que un producto que ha adquirido puede resultar inseguro o porque haya sufrido algún accidente», expone el jefe del Servicio de Inspección y Normativa de Consumo de la Junta. Una vez lo comunican a las autoridades, éstas hacen un circuito para la toma de muestra y lo envían a laboratorio. «En el caso que se corrobore que éste es inseguro, se pide la retirada del producto de la comercialización y se introduce en la Red de Alerta para informar a los usuarios que ya lo hayan comprado». Otra forma de incluir un producto en la Red de Alerta es por comunicación de los propios productores y distribuidores, quienes a través de controles de calidad detectan alguna incidencia que afecta a la salud y seguridad del usuario.

Toda empresa o servicios es susceptible de certificar la calidad y eficacia de sus procesos. Con el objetivo de que todo se uniera bajo los mismos parámetros, a principios de 1947 aparecía la Organización Internacional de la Normalización, madre de la archifamosa ISO 9001, nacida a finales de los años 80. Esta certificación establece los requisitos de un sistema de gestión de calidad (SGC) que una empresa, sea pública o privada, utiliza en la producción de sus bienes o servicios. En los inicios de su aplicación, ésta estaba centrada en la inspección final de los productos y en garantizar su calidad, pero en sus 30 años de historia la norma se ha revisado en varias ocasiones hasta convertirse en una parte esencial de la estrategia de la empresa, personificada en la figura del director de calidad. Así, en 1994, se introdujo el concepto de «acciones preventivas», acercando la norma más a la parte de gestión que de producción. Seis años después, se hizo hincapié en los procesos y sitúa al cliente como núcleo de todas las preocupaciones de la empresa. La última modificación se realizó hace tres años. En esta ocasión, se apuesta por mirar más allá del cliente y establece identificar demandas de otros grupos de interés.