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El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ayer en la junta general de accionistas. / Luis Tejido (Efe) -
El director financiero de Iberdrola, José Sainz Armada, durante su intervención en la junta general de accionistas de Iberdrola que se celebró en Bilbao. / Luis Tejido (Efe)
Iberdrola generó en 2014 un impacto económico en Andalucía de más de 162 millones de euros, lo que, según la compañía, «reafirma su compromiso con la comunidad autonómica». Así, durante el pasado año realizó compras y contrataciones de servicios a unos 200 proveedores andaluces por un valor aproximado de 109 millones de euros.
Además, la eléctrica apostó por algunas de esas compañías para desarrollar proyectos fuera de España, sobre todo en el Reino Unido, Brasil, México y Alemania, una buena muestra del efecto tractor que ejerce el grupo en beneficio de la internacionalización de las empresas andaluzas, según destacó en una nota de prensa tras la junta de accionistas que se celebró ayer en Bilbao con un espectacular escenario floral.
A estas cifras hay que añadir el contrato suscrito entre Iberdrola y Navantia Puerto Real el pasado mes de diciembre, cuyo valor asciende a 70 millones de euros y que no se ha contabilizado en 2014.
Mediante este encargo, los astilleros se ocuparán de construir la plataforma que albergará la subestación del parque eólico marino de Wikinger, que la compañía desarrolla en aguas alemanas del Mar Báltico. Este acuerdo ha supuesto la entrada de Navantia en un sector de futuro y clave en la estrategia de Iberdrola, como es el de la eólica marina (offshore), según la compañía.
El impacto fiscal de la actividad económica que la compañía llevó a cabo en la región el año pasado superó los 43 millones de euros y las inversiones, los 4 millones.
En la junta de accionistas se subrayó que la rentabilidad total para el accionista durante 2014 superó el 30 por ciento, que se realizaron 1.800 nuevas contrataciones ese año, por lo que genera 350.000 empleos directos, indirectos e inducidos en todo el mundo. Su aportación fiscal fue de 5.500 millones, de los que 3.292 corresponden a España.