«Por primera vez en España se tiene un empleo y hay que ir a un Banco de Alimentos. Es la primera vez en nuestra historia económica en la que se da la circunstancia de ser pobre y tener un sueldo». Es una de las paradojas que ocho largos años de crisis han convertido en una realidad, como señala el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, José Luis Osuna.
La precarización de las condiciones del trabajo, que es la base para sustentar cualquier economía porque activa el consumo y contribuye al sostenimiento de las políticas públicas gracias a los impuestos, no ha afectado a todos por igual. Al menos en lo que a pérdida de salarios se refiere. Así, Osuna recuerda que los mayores recortes los han sufrido quienes menos ingresos perciben, nada de progresividad. «Quienes cobraban unos 800 euros en 2007 han visto bajar sus salarios un 17 por ciento frente a descensos en otros grupos salariales del 4, 7 o 9 por ciento, lo que les ha llevado a estar en la pobreza».
La crisis ha supuesto ampliar la brecha de desigualdad entre los que más y los que menos tienen. El 27,3 por ciento de la población andaluza se encontraba en 2008, cuando los primeros efectos se empezaban a dejar sentir, en situación de riesgo de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2015, esa tasa había crecido hasta alcanzar a más de un tercio de los ciudadanos (35,7 por ciento).
En términos absolutos, en Andalucía hay unas 2.994.418 personas en riesgo de pobreza de las cuales unas 200.000 han pasado este último año a formar parte de este grupo. Entre 2009 y 2015 el colectivo creció en más de 600.000. La comunidad andaluza cuenta con la segunda tasa más alta de pobreza extrema, después de Canarias, y algo más de un millón de personas –el 12,8 por ciento de su población–, tiene que sobrevivir con ingresos inferiores a 332 euros mensuales por hogar, según recoge el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Si analizamos los indicadores que muestran las privaciones severas de los andaluces, el 55,5 por ciento no puede permitirse irse de vacaciones ni una semana al año, el mismo porcentaje que reconoce que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Un 13 por ciento admite que ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda en el último año, un 12,2 por ciento asegura que no puede mantener el hogar a una temperatura adecuada, un 9,7 por ciento no se puede permitir tener un ordenador personal, un 6,2 por ciento no puede mantener un coche y un 3,6 por ciento señala que no puede pagar una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
«La clase media se ha visto fragmentada y, o bien se ha unido al colectivo en riesgo de exclusión, o bien ha consolidado su nivel de renta y su puesto de trabajo, con lo que queda en una situación mejor que antes», señala el catedrático.
Y es que España ha sido el único país de Europa en el que se ha agrandado la distancia que separaba al 20 por ciento más rico del 20 por ciento más pobre durante los años, lo que quiere decir que «aquí han pagado la crisis los pobres haciéndose más pobres, mientras los más ricos se hacían más ricos». A juicio de Osuna, esa situación ha sido posible porque las leyes fiscales no han actuado como correctoras de esta desigualdad, por ejemplo, subiendo impuestos para los más acaudalados.
«No se puede corregir la pobreza sin intervención pública porque ésa no es la misión del empresario, sino que responde a políticas monetarias, fiscales, laborales...».
Cruz Roja atendió el año pasado en Sevilla y provincia a un total de 65.119 personas en situación de extrema vulnerabilidad, en la que se incluyen distintos programas de atención urgente de necesidades básicas como es la alimentación, la higiene, el ámbito sanitario, el alquiler... «En definitiva, todo lo que una persona necesita para sobrevivir», explica Julia Jiménez, directora del Departamento de Intervención Social de Cruz Roja.
Reconoce que en 2008, al inicio de la coyuntura adversa, se constató un incremento de la intervención pero que justifica en que también se acentuaron los esfuerzos. Desde entonces, la cifra de usuarios atendidos permanece estable. La manera de trabajar de Cruz Roja implica no solo actuar con una persona en un único programa, sino de una forma integral. «Hay quien viene porque no puede hacer frente al pago puntual de un suministro, pero se puede detectar si se le puede ayudar a mejorar sus capacidades laborales». De ahí, que se sigan itinerarios personalizados según la necesidad de cada uno, abunda. Por ejemplo, en el programa de empleo se hace en primer lugar y como trabajo previo un estudio de mercado de la zona en cuestión «para favorecer la inserción laboral». Es lo que permite que el grado de éxito en el acceso al mercado tras cumplimentar esta formación se sitúe en torno al 70-80 por ciento.
A lo largo del año pasado Cruz Roja desarrolló 15 proyectos en Sevilla con 3.459 usuarios. Un total de 1.314 participaron en los cursos de formación y 425 personas lograron su inserción, según consta en la memoria de actividades de 2015.
Los números de la crisis
Si hay un termómetro fiable para ponerle números (tras los que están las personas) a la crisis económica ése es sin duda el que ofrecen los órganos judiciales y que mide la evolución de las quiebras de las empresas, los litigios por despidos y reclamaciones de cantidad y las ejecuciones hipotecarias y lanzamientos de viviendas, cuyo desglose ofrece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así, los concursos de acreedores (insolvencias) se dispararon en la provincia de Sevilla desde las 35 empresas afectadas en 2007 hasta las 206 del año 2015, multiplicando por seis la incapacidad de hacer frente a sus deudas. Sin embargo, el peor registro se produjo en 2012, en el que los juzgados de lo Mercantil declararon 407 concursos en Sevilla. A pesar de la tendencia decreciente, en el segundo trimestre de este año se observa un preocupante repunte de un 39 por ciento (hasta 71 insolvencias) respecto al mismo trimestre de 2015.
Las demandas registradas en los juzgados de lo Social de Sevilla por despidos y contra la modificación de condiciones de trabajo crecieron también al calor de la crisis. Las 2.425 presentadas en 2007 se multiplicaron hasta las 3.988 de 2015, un 64 por ciento más, si bien de nuevo 2012 se erigió como el ejercicio más crudo, con 6.247 denuncias. Y de nuevo, 2016 se desmarca con un alza del 7 y el 12 por ciento en el primer y segundo trimestres, respectivamente.
Sin embargo, en los asuntos de reclamaciones de cantidad sí se percibe una mejora en lo que va de año, con una disminución de litigios, que el año pasado registró 3.759 denuncias a distancia del máximo de 6.611 alcanzado en 2011.
Las ejecuciones hipotecarias –que exigen el pago de la deuda pendiente de préstamos hipotecarios en los juzgados de Primera Instancia– se dispararon en el periodo de crisis, al pasar de 970 procedimientos en 2007 a los 3.575 de 2015, si bien el techo se tocó un año antes, con 3.887 demandas en los juzgados sevillanos.
De esas 3.575 ejecuciones hipotecarias planteadas el año pasado, un total de 617 concluyeron en lanzamiento (desahucio), según las estadísticas del CGPJ, que reflejan que se produjeron 1.411 desahucios en la provincia en 2015, la cifra más alta de los últimos nueve años y un 17,6 por ciento superior al ejercicio anterior. En lo que va de 2016 la tendencia mejora con descensos del 15 y el 25 por ciento en el primer y segundo trimestres, respectivamente.
Cómo hemos llegado aquí
«La quiebra fundamental de esta crisis está en el mercado de trabajo y en la pérdida de empleo», resume el catedrático José Luis Osuna, que pone el acento en que nos la han jugado con la «trampa» del déficit, que lo ha encorsetado todo, dejando a las administraciones públicas sin margen de maniobra para endeudarse, por ejemplo, en inversiones de obra pública y mover la economía y generar empleo, señala.
Es lo que ha provocado –y justificado– las políticas de «austericidio» que han bloqueado una de las formas que tiene el Estado de luchar contra los ciclos económicos negativos, al meter en el mismo saco las obligaciones de pago de los gastos corrientes con los de las inversiones a largo plazo. ¿Resultado? Bloqueo, parálisis y recortes en aras de la estabilidad presupuestaria. En su opinión, «no queda más salida ahora que subir salarios» y no olvidar cómo funciona la «lógica capitalista», que requiere de confianza, que se traduce en más consumo, que mueve a su vez la inversión, que es la que acaba generando el empleo que tanto se necesita.