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La Junta insta al Gobierno a regular el cangrejo rojo en todo el país

El plan de control poblacional aprobado por Medio Ambiente permite el transporte desde fuera de Andalucía siempre que tenga autorización

03 ago 2016 / 21:48 h - Actualizado: 03 ago 2016 / 22:22 h.
"Economía","Medio ambiente","Empresas","Industria","Agroalimentación","Cangrejo rojo"
  • El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, en una visita a una empresa que procesa cangrejo rojo. / El Correo
    El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, en una visita a una empresa que procesa cangrejo rojo. / El Correo

Apenas 48 horas después de firmar la orden que permite la extracción y transformación del cangrejo rojo en Andalucía, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, lanzaba un mensaje claro y conciso al Gobierno: es su momento de actuar y de apostar por una estrategia para el control de cangrejos exóticos. Esta hoja de ruta debería reforzar la vía alternativa a la prohibición del Tribunal Supremo de extraer, transportar y comercializar el crustáceo.

Dejando atrás futuros lejanos, el plan de la Junta otorga estabilidad a la industria al recoger una de las alegaciones al borrador presentadas por la industria: la posibilidad de transportar el crustáceo en vivo desde áreas fuera del plan. Así, la orden señala que los cangrejos capturados fuera del ámbito de aplicación del plan, siempre y cuando cuenten con una autorización de la administración competente, «podrán ser transportados en vivo dentro de Andalucía únicamente si dicho transporte está realizado o contratado por los establecimientos autorizados, con destino directo a los mismos para su eliminación». De esta forma, la industria no sólo se asegura que lleguen cangrejos procedente de Extremadura y Portugal, que suponen un 30 por ciento, sino que además permite mantener el empleo –200.000 jornales anuales–.

El laboral era uno de los mayores problemas que se presentaban con la sentencia del Supremo y una de las preocupaciones de la Junta, ya que, como recuerda Fiscal, «son cientos de familias las que viven de la captura, conservación, transformación y comercialización del cangrejo rojo en el Bajo Guadalquivir». 250, para ser exactos. Puestos de trabajo que en el 60 por ciento de los casos está ocupado por una mujer.

Además de garantizar la campaña de este verano, que empezará en escasos diez días, uno de los objetivos de la orden es fomentar su captura para que los ejemplares sean llevados a centros habilitados como las fábricas de Isla Mayor para su almacenamiento y transformación. Una puerta que deja entrever un impulso para una industria formada por cinco plantas que facturan 20 millones anuales.

Reacciones

Las reacciones al plan de control no han tardado en llegar. La organización agraria UPA fue una de las primeras en aplaudir y congratularse de la luz verde de la Junta a la pesca del cangrejo rojo en aguas andaluzas –aunque resta por conocer en qué aguas se podrá capturar–. La unión agraria recuerda que Sevilla es la «principal productora» de cangrejos de río al procesar 3 millones de kilos anuales, de los que se exporta el 80 por ciento.

Los diferentes partidos políticos también mostraron su satisfacción. Por un lado, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, destacaba la «celeridad» de la Junta. Sin embargo, el plan debía poner solución a una prohibición que se sentenció en marzo, y que, según la propia Junta, iba a estar listar a mediados de julio. Pero, al final, se ha aprobado a tan sólo diez días del inicio de campaña, teniendo sumidos en la angustia a pescadores e industria.

El PP de Sevilla también felicitó al Gobierno autonómico por la orden. Eso sí, los populares aseguran que la Junta era «reacia» a ponerlo en marcha y se apuntan un tanto al sostener que finalmente ha salido adelante por «la presión de los afectados y de este partido (el PP)». Además, insisten en su trabajo de mediación con el Gobierno de Mariano Rajoy para poner una solución al problema. Una labor que todavía no se ha traducido en ninguna medida.

No obstante, los populares sí tienen razón en un detalle: el plan debería haberse elaborado antes, como ya hizo el Gobierno extremeño.


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