Aún no hay datos cerrados. De hecho, el Consejo General de Colegios Administradores de Fincas de España está ultimando los relativos a 2014, pero mientras se concretan, el presidente del Colegio de Sevilla, Rafael del Olmo, constata que se ha producido una subida de la morosidad durante el año pasado en la provincia –en 2013 la deuda ascendía hasta los 52 millones de euros en las comunidades de propietarios, un 10,6 por ciento más que en 2012–, lo que significa que «el rebrote de la economía aún no se ha dejado sentir en ellas; hemos seguido con las mismas limitaciones presupuestarias», asevera.
Sin embargo, la parte positiva hay que buscarla en que las entidades financieras «sí están respondiendo ya de una forma más rigurosa y más seria a la morosidad, aunque ha costado trabajo». Y es que el sector financiero se había convertido en el principal moroso de muchas comunidades, al tener que asumir los inmuebles procedentes de promotoras en quiebra. ¿Y por qué este cambio? Pues la raíz se encuentra en la modificación normativa de la Ley 8/2013 de 26 de junio relativa a la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. «Es la ampliación de la hipoteca legal tácita: compras un inmueble y respondes del ejercicio en el que lo compras pero además de los tres anteriores». Así, entre las disposiciones se contempla que el adquiriente de una vivienda o local «responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares [...] de la anualidad en la que tenga lugar la adquisición y a los tres años naturales anteriores». Esto es, explica Del Olmo, «amplía de dos a cuatro los años de garantía y eso ha facilitado que las entidades financieras sepan que al final tienen que responder», un logro que atribuye a la «presión» ejercida sobre los legisladores desde su colectivo. Además, precisa, hay que tener en cuenta otro factor y es que, a día de hoy, el sector financiero «está medianamente saneado y responde a esas deudas, no ocurre como antes». Y apostilla con un ejemplo muy gráfico: «lo mejor que les puede pasar a unos vecinos ahora es que sea la entidad financiera la que se quede con la parte de la promoción no vendida».
Las economías familiares han supuesto «un problema muy serio» como consecuencia de la crisis y del elevado paro, pero la «inactividad» mayor, reseña, ha venido de los bancos, «que estaban condenando las vidas de las comunidades a una situación lamentable», y que se ha prolongado incluso varios años, en los que los vecinos han tenido que asumir esos pagos de forma doble.
Y es que en las últimas y más recientes promociones construidas, aquellas que se levantaron en torno a los años 2011 y 2012, «el 70 o el 80 por ciento de la morosidad corresponde a las entidades financieras».
En 2014 los problemas de impago «se han mantenido en las mismas comunidades que ya registraban problemas previos», aunque podría considerarse que ha ido un poco mejor, pero mínimamente. «Si tuviera que poner una cifra, diría que en 2014 no se ha agudizado, pero la deuda ha podido subir otros 4 o 5 millones».