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Un cangrejero isleño pesca con una de sus nasas el famoso cangrejo rojo. / Pepo Herrera
La inclusión del procambarus clarkii –popularmente conocido como cangrejo rojo– en el Reglamento de Ejecución 2016/1141 de la Comisión, que se aprobó el 13 de julio, ha provocado que el Plan de Control poblacional del cangrejo rojo, que el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, se comprometió a firmar en Isla Mayor antes del 15 de julio, se esté retrasando. Una demora que tiene «inquietos» a la industria del cangrejo y los pescadores.
El documento europeo incluye una lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la UE, entre las que está el cangrejo rojo. Dicha circunstancia ha motivado este retraso, «ya que este último reglamento es de aplicación inmediata y supone adaptar algunas cuestiones del plan y de la orden» que vienen «a reforzar el papel del Plan de Control y su legalidad y mantenimiento a largo plazo», explican desde la Consejería de Medio Ambiente. No obstante, desde el área de Fiscal aseguran que el plan «se encuentra en su fase final», aunque «pendiente de un informe preceptivo del Consejo de defensa de la competencia y de su adaptación al reglamento europeo».
El atraso de la orden autonómica, que pretendía salvar una industria que mueve 20 millones y quedó en jaque tras la sentencia del Supremo que prohibía la captura y comercialización en vivo del crustáceo, tiene «en una calma tensa» a todo el municipio de Isla Mayor, apunta su alcalde, el socialista Juan Molero. Sin embargo, consistorio, empresarios y pescadores coinciden en que la Junta de Andalucía asegura estar dentro del plazo de dos meses que hay después tras la publicación de la sentencia del Supremo en el Boletín Oficial del Estado, el pasado 17 de junio.
La siembra tardía del arroz ha provocado que la aparición del crustáceo no se haya producido todavía y que, por tanto, se retrase el inicio de la campaña del cangrejo rojo. Este aplazamiento favorece a la industria, que ya se ha visto obligada por el Supremo a no comercializar el cangrejo en vivo, aunque para venderlo procesado «no hay problema», recuerda el presidente de la Asociación de la Pesca y Acuicultura del Entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua), Valentín Murillo, algo que preocupaba mucho a los clientes, quienes «todavía muestran cierta incertidumbre».
Pero la parte más damnificada es el empleo. Por un lado, están los 200.000 jornales que genera esta industria y que, en principio este año parecen mantenerse. Por otro están los pescadores, quienes por ahora intentan salvar sus días pescando en Portugal. La aprobación del plan de control poblacional no sólo salvaría la prohibición de la captura del cangrejo, sino que podría ser una oportunidad para la profesionalización de los pescadores, dado que necesitarían un permiso para capturar. No obstante, desconocen si la orden autonómica implicaría dicha normalización, que vienen reclamando desde hace años, explica Paco Galera, uno de los 300 pescadores del Bajo Guadalquivir.
Aunque todavía ningún cangrejo rojo ha asomado por los arrozales, en el municipio temen que esto sea de un día para otro y que la orden todavía no esté firmada. En este supuesto, el municipio se pregunta cómo harán para erradicar la superpoblación de cangrejo rojo. Uno de los primeros problemas se daría en los arrozales, donde el crustáceo no sólo se reproduciría a sus anchas, sino que además provocaría grandes perdidas tanto en las infraestructuras de los arroceros como en la cosecha.
En el caso de que el 1 de agosto no hubiese solución, desde el municipio no descartan emprender movilizaciones, que paralizaron ante el compromiso de la Junta.