¿Hasta dónde puede llegar la presión de la banca sobre sus clientes para que formalicen pólizas de seguro? ¿Es razonable que los clientes paguen primas mucho más altas que la media del mercado y que abonen hasta 20 años de primas anuales al firmar esas pólizas?
El Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza ha admitido a trámite una demanda de un particular contra el Banco de Sabadell. En ella se recogen la imposición de la firma de una póliza del ramo de Vida (de 20 años de duración), otra de Protección de Pagos a cinco años y otra más de Hogar. Las primas de las pólizas se adelantaron en su totalidad. La de la póliza del ramo de Vida era de más de 20.000 euros. Todo esto ocurría al contratarse, por parte del demandante, un crédito hipotecario por la compra de un piso. La demanda ha sido respaldada por el Colegio de Mediadores de Zaragoza y, ahora, el Consejo General llevará a la DGSFP (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) y a otros organismos, la reclamación.
Según la demanda, el banco cobró la prima anticipada haciendo imposible que el cliente pudiera cambiar de compañía aseguradora desde el momento de la firma hasta pasados 20 años. Además, la simulación que se le entregó antes de formalizar el contrato de seguros no correspondía a la realidad y, ni prima ni planes, eran los ciertos. Esas pólizas de seguros resultaban imprescindibles para que el crédito fuese concedido por parte de la entidad bancaria, con un interés algo más ventajoso.
Parece ser que estas prácticas, del todo abusivas, son bastante habituales en España y, si es así, resulta vergonzoso que se permitan. Esto supone una presión desmedida sobre el que solicita un préstamo y que, como es natural, se encuentra en una situación de clara desventaja respecto a la entidad bancaria. Por supuesto, estas prácticas suponen un perjuicio muy relevante para los profesionales del sector asegurador que trabajan sin olvidar que no se puede cometer una mala praxis al desarrollar su labor. Han sido muchos los años de trabajo arduo por parte de esos profesionales para encontrar una imagen adecuada en el mercado y tan alejada como fuera posible de aquella que persiguió y perjudicó tanto al sector asegurador. Resulta muy doloroso que ese tipo de operaciones tan irregulares supongan un claro retroceso en ese aspecto.
No se puede obligar a nadie a contratar una póliza de seguros, ni a pagar una cantidad mucho más elevada que la que se encuentra en el mercado; ni se puede condenar a un cliente a ligarse durante 20 años a una compañía a través de una póliza que, para más inri, no se quiso contratar en un primer momento y se hizo de forma obligada. No es de recibo presionar a las personas vinculando dos o más operaciones que, en realidad, no quiere realizar y que si se formalizan es gracias a una presión descomunal con cierto tufo a amenaza (‘si no haces esto, te cobro más’).
Si bien es cierto que las necesidades aprietan y que los objetivos empresariales son importantes, no es recomendable que la ética, la moral y la buena praxis se vean aniquiladas aplicando la máxima que dice que ‘el fin justifica los medios’; porque se ha demostrado, una y otra vez, que en el mundo empresarial eso no funciona.