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Sede central del BBVA. / EFE
La imputación de BBVA por cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares en la pieza en la que investiga el espionaje que la entidad encargó al excomisario Villarejo supone un nuevo golpe para la reputación del banco, pero también una oportunidad para defenderse.
Los hechos
El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha imputado al BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos que hizo durante años al excomisario a cambio de trabajos de espionaje.
Anticorrupción, documentos hallados acreditarían que los pagos "ilícitos" a la empresa de Villarejo, Cenyt, "afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal" y se produjeron cuando Villarejo estaba aún en activo en la Policía.
La Fiscalía asocia el delito de cohecho activo a que las contrataciones a Villarejo tuvieron como objeto "múltiples servicios de inteligencia y de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito" cuando el excomisario -en prisión desde noviembre de 2017- aún era policía en activo y por tanto su cargo era incompatible con estas labores.
¿Desde cuándo se puede imputar a una empresa?
En 2010 se aprobó la Ley Orgánica de 23 de noviembre, que reformaba el Código Penal e introducía en el ordenamiento jurídico español, por primera vez de forma clara y determinante, un verdadero sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Quedaba así obsoleto el principio "societas delinquere non potest", que en la práctica equivalía a admitir que una sociedad no podía delinquir.
De ahí que, aunque en la reciente historia de España haya habido irregularidades en el sector financiero, las consecuencias las han asumido los administradores y no las propias entidades.
¿Por qué se produce esta imputación?
La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de BBVA por cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares y el juez ha aceptado esa petición, por lo que el banco pasa a estar investigado en un proceso judicial, como lo han estado Santander, CaixaBank o Bankia.
Antes de ello, el banco intentó evitarlo al personarse como "perjudicado" en una causa que continúa bajo secreto, pero ante la decisión del juez previsiblemente aprovechará para defender los propios intereses de la entidad.
¿Qué consecuencias puede tener para la entidad?
En el supuesto de ser declarada culpable, la compañía se enfrentaría previsiblemente a una multa, aunque la ley prevé una posible disolución, la suspensión de actividades durante cinco años, inhabilitación para obtener ayudas públicas y beneficios fiscales, o la clausura de sus establecimientos.
Además, el Código Penal, reforzado en 2015 por la jurisprudencia, prevé la prohibición definitiva o temporal de las actividades en las que se haya favorecido o encubierto el delito.
El banco admitió desde mediados de febrero, tras convocar su junta de accionistas, que verse inmerso en investigaciones judiciales por la contratación de Villarejo podía tener un "impacto negativo reputacional o económico".
¿Cuál ha sido la posición del banco en este proceso?
Desde que se publicó hace más de un año que el BBVA había requerido los servicios de la empresa Cenyt, del citado excomisario, el banco entonces presidido por Francisco González, más conocido como FG, inició una investigación interna para esclarecer el alcance de esas relaciones.
Tras la marcha de FG, el nuevo presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, encargó a principios de 2019 una investigación más profunda, conocida como forensic en el argot, a la consultora PwC con la colaboración de los bufetes Garrigues y Uría.
Según el propio BBVA, ha aportado "de forma proactiva" a la justicia "hallazgos relevantes" de esa investigación, lo que confirma el "compromiso con la ley" al que ha aludido en los últimos meses el actual presidente de la entidad, que en su "blog" personal ha pedido a sus empleados "evitar prejuzgar hechos no constatados".
¿Qué puede ocurrir ahora?
La duda ahora sigue siendo si habrá más imputados próximos a BBVA, si entre ellos podría estar el expresidente del banco o algún miembro del actual consejo de administración, que sólo tiene tres caras nuevas desde 2017, cuando termina el periodo de investigación: Jaime Caruana, Onur Genç y Ana Peralta.+
En el caso de FG, dado que llevó las riendas de la entidad durante más de dos décadas, el daño reputacional no sería menor, aunque no afectaría al gobierno corporativo de BBVA al tratarse de una persona ya desvinculada del banco.
Por el contrario, si en el proceso judicial se imputara a un miembro del actual consejo, la situación sería muy distinta porque el BCE tendría que evaluar la idoneidad de esa persona para seguir en el máximo órgano de gestión del BBVA.