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Un joven agricultor sevillano realiza tareas de mantenimiento de su tractor para las labores agrícolas. / Paco Cazalla
Miércoles 17 de junio. Justo el día en que Susana Díaz concretaba los nuevos consejeros de la Junta de Andalucía se publicaba por la mañana en el BOJA la tan ansiada normativa de ayudas para la instalación de jóvenes en el campo regional. Fue la última orden que firmara casi una semana atrás la hasta entonces titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, antes del nombramiento de Carmen Ortiz para sustituirla. Se zanjaban cuatro meses de espera después de que, a mediados de febrero, se conociera un borrador de inminente publicación que, sin embargo, no llegaría a ver la luz, puesto que tuvo que ser adaptado nuevamente a la legislación comunitaria y nacional.
Esa aparición en el BOJA, además, sucedía dos días después de que concluyera el plazo prorrogado –el inicial, el 15 de mayo, que se amplió en un mes porque aún faltaban legislaciones autonómicas, en concreto para las ayudas ecológicas y las agroambientales– para la presentación de las solicitudes de la Política Agraria Común (PAC)–. Tal demora adicional, asimismo, «tendrá consecuencias» para optar a los derechos de pago básico integrados en la Reserva Nacional (a la que acuden todas las comunidades autónomas), tal y como sostiene la asociación profesional COAG.
Pero como lo realmente importante ahora es qué hay, sirvan estas cinco claves como sencilla y general guía –cuidado, que con muchos los matices, así que atentos al BOJA– para los jóvenes.
La edad
Ser joven entre los 18 y los 40 años
¿Y qué es un joven a efectos de la ayuda (se trata de una prima a la inversión)? Se es joven desde los 18 años y hasta los 40 inclusives. Pero no cualquier joven, sino que el solicitante deberá acreditar que su «proceso de instalación» en el agro arrancó con carácter previo a acudir a esta convocatoria –al menos en los últimos 12 meses–. ¿Cómo? Habiendo acometido como mínimo una de las siete siguientes condiciones: formalizar precontratos, contratos de opción de compra o contratos para el acceso a la titularidad de una explotación agraria o derecho de uso de las tierras por cualquier otro título jurídico; iniciar o recibir la formación necesaria –se define como una «capacitación suficiente»–; tener presentado ante la Consejería un plan empresarial; inscribirse en el censo de empresarios, profesionales y retenedores; afiliarse en la Seguridad Social al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la rama de actividad agraria a desarrollar; integrarse en una explotación asociativa; y, por último, adherirse a una cooperativa o sociedad de transformación.
El plan
Que sea, ante todo, «viable»
Como se requiere a todo emprendedor en el resto de actividades económicas, el que se adentre en la agricultura deberá presentar un plan empresarial viable «técnica y económicamente» para su primera instalación. ¿Y cuándo lo es? Echen mano de la calculadora: «cuando la explotación en la que se pretende la primera instalación posibilite la ocupación, al menos, de una Unidad de Trabajo Agrario (UTA) y que la Renta Unitaria del Trabajo (RUT) obtenida de la misma sea igual o superior al 35 por ciento de la renta de referencia (RR) e inferior al 120 por ciento de ésta, excepto en el caso de que la primera instalación se realice en una explotación de titularidad compartida en cuyo caso la RUT podrá superar hasta un 50 por ciento de ese límite». Grosso modo y sin pulcritud matemática: una UTA es un puesto de trabajo, la RUT es el resultado de dividir el margen neto de la finca más los costes salariales entre el número de UTAS, y la RR es el indicador relativo a los salarios brutos no agrarios en España, fijado para el año 2015 en 28.051,2 euros.
El plazo
Tres meses y sin Reserva Nacional
Tranquilos, hay tiempo holgado. Al fin y al cabo, se agotó el plazo prorrogado de las ayudas de la PAC –15 de junio–. El periodo de solicitud se extenderá durante tres meses a partir de la publicación oficial en el BOJA –el pasado miércoles–. Cualquier resolución quedará condicionada a la definitiva aprobación del Plan de Desarrollo Regional para Andalucía por parte de la Comisión Europea, en otoño próximo. A juicio de la organización agraria COAG, el retraso en la publicación de la orden autonómica impedirá a los jóvenes andaluces aspirar a los derechos de la Reserva Nacional en igualdad de condiciones que en el resto de comunidades, al tiempo que Andalucía «va a perder fondos millonarios» en beneficio de las regiones «que sí hicieron una buena gestión».
El importe
Entre 30.000 y 70.000 euros
Se han arbitrado 20 millones de euros en ayudas para 2015, aunque se podrán librar más recursos en función de la demanda –se trata de una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, existiendo, pues, una baremación por puntos–. El incentivo, que cofinancian Bruselas, la Junta de Andalucía y el Estado, oscilará entre los 30.000 euros de base (mínimo) por instalación y un máximo de 70.000 euros en función de la generación o mantenimiento de empleo, la dimensión económica del plan empresarial –es decir, se tiene muy en cuenta el volumen de ingresos previsto en la finca–, la ubicación de la explotación en zonas rurales prioritarias o ser mujer.
El cobro
A tocateja o en tres abonos
Se abren dos posibilidades de cobro. Una, a tocateja, todo el dinero de una vez, y se cobrará «previa justificación (...) de la realización del proyecto, objetivo o adopción del comportamiento». Y dos, fraccionado y rápido: un primer importe del 50 por ciento de la subvención a la que el joven agricultor tenga derecho, y otros dos del 25 por ciento cada uno, desembolsados el inicial como máximo a los 10 meses del sí a la solicitud, el segundo a los 19, y el tercero a los 25.