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Vista aérea de la ciudad, en una imagen de archivo. / Paco Cazalla
Es uno de los termómetros que sirve para medir los efectos de la crisis. Las comunidades de vecinos siguen sufriendo un alto nivel de morosidad, que sumó en conjunto 47,56 millones de euros en Sevilla al cierre de 2017, si bien es una cifra casi un tres por ciento inferior a la de 2016. Uno de cada tres bloques de vecinos sufre el impago en sus recibos, que en el 20 por ciento de los casos procede de las entidades financieras. Así lo han puesto de manifiesto hoy el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, José Feria, y su vicepresidente, Juan Luis Reina, quienes constatan que, aunque la mora baja por cuarto año consecutivo, lo hace con menos intensidad que el año anterior (-7,6 por ciento). El punto más alto se alcanzó en 2014, cuando el impago sumó 54 millones.
Se reduce asimismo la tasa de morosidad bancaria y lo hace gracias a la reactivación de la compra de vivienda por parte de los clientes particulares, que están desinflando la bolsa de inmuebles propiedad de los bancos y favoreciendo la puesta al día de las deudas. Hay que recordar que al formalizar la operación, el propietario debe estar al corriente de los pagos de ese año y de los tres ejercicios anteriores, explicaron. Y, aunque al final acabe cobrándose buena parte de la deuda, en muchos casos hay que recurrir a los tribunales y presentar procedimientos monitorios, que «depende del Juzgado que te toque, se pueden prolongar hasta 18 meses», explica Feria.
Acorde con el incremento de viviendas con fines de uso turístico va aumentando también la inquietud entre los vecinos que conviven con estos inmuebles. José Feria estima que alrededor del 10 por ciento de las comunidades de vecinos cuenta con un inmueble de este tipo. Principalmente, señalan los administradores de fincas, preocupa la «inseguridad» por ver entrar y salir a gente desconocida. A falta de una ordenanza que ponga límites o establezca zonas saturadas, la única solución es plantear unas normas mínimas de convivencia de obligado cumplimiento al propietario (que debe facilitar al administrador el número del Registro que le autoriza a alquilar) y al inquilino, que es lo que ya se está haciendo para evitar dejar bolsas de basura en zonas comunes, o dejar los zapatos o la bici fuera de la vivienda, fijar el horario y el uso de zonas comunes... «Los problemas suelen llegar por el desconocimiento, pero la mayoría vienen a ver la ciudad y usan los inmuebles para dormir».
Sin embargo, poco más se puede hacer. La única manera de impedirlas requeriría la voluntad unánime de todos los vecinos, algo que es en la práctica imposible si hay alguien que quiere alquilar, para modificar los estatutos de la comunidad e incluir la prohibición. «Es una cuestión que hace 20 años no existía y por tanto no está incluida en los estatutos –explica Feria–; es más, hablando con nuevos promotores que construyen en el Centro se niegan a incluir esa cláusula para no limitar las posibilidades de venta de los inmuebles», abunda.
«Al igual que en el Centro existen zonas saturadas de bares, también las habrá para viviendas de uso turístico» porque este boom está impactando en el precio de los alquileres estables en el casco histórico, que están disparatados, precisan. «Estamos pendientes de reunirnos con la Delegación de Seguridad y Policía Local para ver de qué forma podemos colaborar porque somos de los primeros en detectar este tipo de irregularidades».
Contra la violencia de género
El Colegio de Administradores de Fincas tiene previsto firmar en breve un convenio de colaboración con las administraciones local y autonómica para convertirse en agentes activos en la lucha contra la violencia de género. El objetivo, concienciar a los vecinos para que si escuchan o ven una situación de maltrato o de violencia, también de prostitución en su bloque pero les da miedo denunciar, llamen directamente al administrador de su comunidad, que tendrá línea directa con las fuerzas de seguridad para denunciar esa situación y poder darle respuesta así de inmediato. De hecho, los colegios de Galicia y Cantabria ya han suscrito un acuerdo en este sentido que está dando muy buenos resultados, explicó Reina, quien recordó además que la contribución voluntaria de los colegiados ha permitido donar 3.800 euros a Cáritas en 2017.