En España la mitad del agua urbana está privatizada

El agua es un derecho humano desde que en el año 2010, la ONU la declarase como un derecho humano esencial y necesario para la dignidad humana. Eso implica que su acceso debería estar garantizado a todas las personas independientemente de su renta, por lo que Naciones Unidas acuñó el término de mínimo vital: 100 litros por persona y día como mínimo para tener una vida digna. Pero las empresas privadas contemplan el agua como una mercancía y cuando el cliente no la puede pagar y los servicios sociales de su ciudad no se la pagan, le cortan el grifo. Un ejemplo: en Jerez de la Frontera (Cádiz), cuando se privatizó este servicio, Aqualia le cortó el grifo a 200 familias que no podían pagar sus facturas. La incompatibilidad de hacer un negocio con un derecho humano es, por tanto, manifiesta.

Jerez de la Frontera no es un caso aislado. En España más de la mitad de la población recibe facturas de empresas privadas por el agua que sale de sus grifos. Eso es posible porque actualmente la normativa española permite que la gestión del agua pública la lleven a cabo empresas. Para hacerlo pagan un “canon concesional”, una cantidad que se abona al Ayuntamiento para hacerse con la gestión del agua por periodos que suelen oscilar entre los 25 y los 30 años, que además son prorrogables, como sucedió hace pocos años en San Fernando (Cádiz) donde tras 25 años Hidralia, una empresa del grupo Suez que tenía la concesión, logró otros 25 años más.

El problema de la privatización del agua tiene consecuencias que van más allá incluso de los cortes del suministro. Mientras que la facturación de las empresas públicas de agua van a parar a las arcas municipales y revierten en el municipio o en el servicio urbano de aguas, cuando una empresa privada se hace con este suministro, las facturas del agua se reparten entre los socios y entre las multinacionales que forman parte de todo un entramado de ingeniería financiera que saca el dinero de la ciudad. Además, esa ingeniería permite repartir el dinero mediante el pago de préstamos que en algunos casos se dan a sí mismas las empresas socias del agua, así además declaran que ganan menos y disminuyen sus impuestos a Hacienda, perjudicando así a toda la población española. En el caso de Jerez de la Frontera, como se desvela en el documental “Trileros del agua”, se declaran unos 975.000 euros de beneficios frente a los más de 9 millones que se declaraban cuando la empresa era pública, y eso facturando más por el agua y gastando menos dinero en personal.

La privatización también afecta al empleo. Las empresas públicas de agua suelen tener subcontratadas a empresas para desarrollar trabajos relacionados con la prestación del servicio (limpieza de imbornales, lectura de contadores, reparaciones, etc). Cuando las multinacionales privadas se hacen con el servicio urbano de aguas ese tejido empresarial local desaparece porque éstas tienen sus propias compañías del grupo que hacen esos servicios. Además, al no ser empresas públicas pueden contratarlas a dedo “y al precio que les dé la gana, ya que no tienen que hacer una licitación pública”, como explica Jaime Morell, secretario general de AEOPAS, la asociación que aglutina a las empresas públicas de agua de España.

Y aún hay más problemas. Cuando las empresas privadas se hacen con el servicio de aguas de una ciudad lo habitual es que en poco tiempo recorten la plantilla de trabajadores de la que era hasta entonces empresa pública de aguas. En el caso de Jerez de la Frontera el recorte de personal la llevó de los casi noventa trabajadores que había en la empresa pública a poco más de setenta con Aqualia, la empresa creada desde el grupo constructor FCC. El convenio colectivo también se cambia en las privatizaciones del agua, como aseveran desde la Plataforma Ciudadana contra la privatización del Agua de Jerez, empeorando las condiciones contractuales de los supervivientes laborales en la empresa privada.

Otras graves consecuencias de la privatización del agua son el abandono de servicios esenciales como la depuración de las aguas residuales, como han sufrido desde hace años en Sanlúcar de Barrameda o en el Puerto de Santa María, municipios gaditanos en los que Aqualia tiene la gestión del agua y donde las depuradoras de residuales no cumplen con los parámetros de salubridad en el tratamiento de las aguas. Tampoco les resulta a veces rentable tener fuentes públicas y por eso en municipios como Jerez, la gestión de las fuentes para que beba la ciudadanía en la calle es asunto del ayuntamiento y no de la empresa privada de aguas.