El Congreso cambia la ley del 'sí es sí' y el PP saca pecho: "Es una derogación"

El Congreso de los Diputados respalda la reforma de la ley del 'sólo sí es sí'. La alianza PSOE-PP ha posibilitado sacar adelante el cambio del Código Penal para elevar las penas de los delitos sexuales en contra del criterio de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. Extraños compañeros para cuestiones de derechos de las mujeres. Tanto, que los socialistas se han esforzado en justificar en varias ocasiones su decisión de ir de la mano de la derecha en este viaje.

El cambio en la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual ha sido aprobada en la Cámara Baja con los votos a favor de PSOE, PP, PNV, Cs, PDeCAT y Coalición Canaria. En contra se han posicionado Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, la CUP y BNG. JxCAT se ha abstenido. La extrema derecha ni siquiera ha votado, como tampoco lo ha hecho el presidente del Gobierno, ausente en el debate y la votación como por otra parte es habitual en las sesiones de los jueves.

En el debate, las versiones del asunto han sido de lo más dispares. El PSOE ha defendido las bondades de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual que está en vigor al tiempo que ha enfatizado la necesidad de corregir con cambios técnicos sus efectos indeseados. El PP ha querido magnificar la dimensión de la modificación al sugerir que la reforma supone la "derogación" de la ley del 'sólo sí es sí' (cuando toda la norma se mantiene intacta, salvo algunos aspectos penales). Y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha denunciado el "grave retroceso" que va a suponer lo aprobado este jueves en el Congreso, una derrota que asume con "tristeza".

Una sensación agridulce

La diputada y secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, reconocía que le provocaba una "sensación agridulce" el pacto con el PP, a quien por un lado agradecía "el trabajo" y por el otro recriminaba como "decepcionante" que los populares hayan utilizado la violencia sexual para "sacar rédito".

Sin embargo, ha presumido de que su partido ha hecho un "ejercicio de responsabilidad", pues era "una obligación buscar soluciones" a una reforma del Código Penal que "no ha funcionado adecuadamente".

"Hemos hablado y hablaremos con quien sea necesario si se trata de arreglar este asunto". "No hay humillación en trabajar en beneficio de la mayoría". "Entendemos la política como ejercicio de consenso y no de imposición". Andrea Fernández ha usado estos argumentos para explicar el pacto con el PP.

Es más, el PSOE se ha puesto la medalla de llevar al PP "a las posiciones del feminismo". Y también ha criticado a grupos parlamentarios que, ha dicho, han estado "más centrados en construir sus relatos que una buena ley". Según Fernández, la única propuesta solvente para solventar el problema derivado de las revisiones de penas la ha elaborado el PSOE.

A pesar de su reivindicación, el partido artífice de la reforma ha sido duramente criticado en el Pleno. Tanto por sus cooperadores necesarios (el PP), como por la ministra de Igualdad, Unidas Podemos, ERC y Bildu, que han afeado a los socialistas su "falta de voluntad negociadora".

Bel Pozueta (Bildu) ha lamentado la negativa del PSOE a negociar, le ha preguntado qué le lleva a pensar que la reforma será mejor con el PP que con la mayoría feminista y ha hablado directamente de equivocación: "Señorías del PSOE, hoy se han equivocado. Se lo digo con enorme tristeza. Se han equivocado, no por nosotras, sino por los millones de mujeres que verán cómo lo que suponía un avance en la protección de nuestras vidas se va por la borda".

Desde ERC, Pilar Vallugera ha censurado que el pacto con el PP, "del que el PSOE ha estado tres años diciendo que son enemigos de las mujeres", "no es una prueba de lealtad, de buen gobierno ni de respeto".

"El Gobierno se censura a sí mismo"

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que la única motivación de los socialistas para emprender esta reforma ha sido el "efecto electoral" de la "sangría" de revisiones de penas. "El Gobierno se censura a sí mismo", ha destacado la dirigente popular, que ha vuelto a pedir dimisiones por el "daño causado" por esta ley.

Mientras Fernández defendía la norma, Gamarra aseguraba que la reforma que se ha aprobado supone una "derogación" de la ley orgánica de la garantía integral. Argumento que, por cierto, refuerza el mensaje del Ministerio de Igualdad de que el cambio supone volver al esquema del Código Penal anterior.

"Esta reforma ha supuesto el peor ejemplo de la política, de los monstruos que genera la soberbia y el populismo legislativo", ha denunciado Gamarra. Todo el grupo popular se ha puesto en pie para aplaudir la aprobación del cambio legal en el Congreso, que consideran un triunfo.

"Es un grave retroceso"

Esos aplausos se han producido delante de la ministra de Igualdad, que ha estado presente durante todo el debate y la aprobación de la reforma de su ley estrella.

Consumado el pacto del PSOE con el PP, Irene Montero ha subido a a la tribuna para defender la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, las "cesiones" que ha estado dispuesta a hacer para llegar a un acuerdo feminista con su socio de Gobierno y para denunciar tanto el inmovilismo de la parte socialista como el "grave retroceso" que cree que esta reforma supondrá para las víctimas de violencia sexual. Todo ello bajo la mirada de la autora de esa reforma, la ministra Pilar Llop.

Ha insistido la titular de Igualdad que el texto aprobado desplaza el consentimiento como único elemento definitorio de las agresiones sexuales y ha advertido de que el movimiento feminista tendrá que seguir luchando para revertir esta "vuelta atrás de años".

Por su parte, ha reconocido la tristeza que le produce la derrota, pero ha prometido que seguirá trabajando: "Es lo que mejor sabemos hacer las feministas, cuando conquistamos derechos y también cuando retrocedemos, y también cuando nos quedamos en minoría: seguir adelante".

La reforma de la ley aprobada este jueves por la Cámara Baja, que incluye un subtipo agravado para las agresiones sexuales que se cometan utilizando violencia, intimidación o con la voluntad anulada de la víctima, viajará al Senado, donde previsiblemente se aprobará de forma definitiva la próxima semana.