Miles de abogados no se jubilan en España porque no pueden

Miles de abogados en toda España, al menos 64.000, han descubierto hace poco más de un mes que no tienen su jubilación tan solucionada como creían, sino que les va a quedar una pensión de menos de 400 euros, como han comprobado personalmente los primeros compañeros a los que les había llegado supuestamente la hora después de cuarenta años de ejercicio. Por eso se han organizado, a contrarreloj y casi espontáneamente a través de las redes sociales, en un movimiento de protesta y reivindicativo bautizado como #J2 que, encima, se ha encontrado con la disolución de las Cortes por las repentinas elecciones del próximo 23 de julio, lo que ha fragmentado su lucha por comunidades autónomas.

El problema viene de cuando, allá por 1967, se decretó la disolución de las mutualidades laborales para que todos los trabajadores se integraran en el Régimen General de la Seguridad Social. Lo hicieron casi todos, porque los abogados, en cambio, –hasta 1995- estaban obligados a afiliarse a la Mutualidad de la Abogacía si querían ejercer por cuenta propia. Era una costumbre tan arraigada, que a casi ninguno se le ocurrió preguntar demasiado, hasta que una sentencia del Tribunal Supremo les reconoció en el año 2000 el libre derecho a elegir entre la Mutualidad de siempre o la Seguridad Social. Pero, como se ha descubierto después, ya era tarde para muchos. Además, la mayoría ni siquiera se cambió porque temían perder todo lo aportado hasta ese momento, cuyas cuotas incluso habían ido aumentado, para colmo, en busca de una pensión más digna, equivalente a la del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Estos días se ha descubierto que hay miles de abogados que, cuando llegue su jubilación, no podrán hacerlo porque les queda quedará una pensión de apenas 300 euros.

El movimiento reivindicativo #J2, que agrupó el pasado sábado a miles de abogados de toda España ante la asamblea de la Mutualidad celebrada en Madrid, y cuya concentración transcurrió entre cánticos de protesta pero sin violencia de ningún tipo, está intentado instar a los grupos políticos y a los partidos que se presentan a las elecciones el mes que viene a “adoptar las medidas necesarias para abrir una ventana al RETA a fin de trasladar los fondos que cada abogado haya acumulado al sistema público de pensiones e integrarse en el mismo”. Sería lo ideal, claro, pero está por ver.

Las mutualidades alternativas al RETA, denuncian ahora los abogados, son “sistemas de previsión preconstitucionales que hoy en día no pueden ofrecer prestaciones equivalentes a las de la Seguridad Social, provocando una situación discriminatoria para los mutualistas en relación a los demás trabajadores autónomos y en especial a quienes al iniciar su ejercicio profesional no tuvieron otra opción de cotización”. “Es algo inconcebible en un estado social de derecho”, insisten los organizadores, que ya tienen delegados desde Galicia a Andalucía pasando por la mayoría de regiones que siguen ideando movimientos de protesta para hacerse oír antes de las próximas elecciones.

Para colmo, la cuota básica obligatoria no cubre la incapacidad transitoria y quien la contrata solo recibe una pequeñísima asignación durante un máximo de un año. Una baja por enfermedad mental, por ejemplo, solo se cubre durante dos meses y una sola vez en la vida del mutualista. El movimiento de letrados ha denunciado, por otro lado, que “se está incumpliendo lo establecido en los estatutos al no permitir que las cuestiones que afectan a mutualistas alternativos sean votadas solo por estos o por representantes elegidos por ellos”, en referencia a que no se dejara participar el pasado sábado en la asamblea a los mutualistas verdaderamente afectados, quienes precisamente están reclamando tres medidas básicas que podrían solucionar “esta injusticia”: mejores fiscales, dado que les quedan prestaciones mínimas; abrir una ventana de traslado al RETA; y que les permitan compatibilizar mejor el cobro de la pensión para poder seguir trabajando, pues “no vamos a tener más remedio para seguir viviendo”, aseguran. Al comienzo de este verano, la esperanza de los abogados es que el próximo Gobierno asuma que la pelota está en su tejado.

La Mutualidad de la Abogacía, en todo caso, que cifra el número de afectados en poco más de un millar, ha insistido en estas últimas semanas en que está dispuesta a buscar una solución siempre que el remedio para la minoría “no perjudique a la mayoría” (unos 210.000), según declaró el presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana, en un desayuno informativo organizado el pasado 8 de junio en la sede de la propia entidad en Madrid.