Las reticencias de jueces europeos para actuar contra Puigdemont y otros huidos del 'procés' se repiten con Tsunami

Suiza ha vuelto a responder con una negativa a la última comisión rogatoria remitida por un juez español, Manuel García Castellón, para avanzar en la investigación de posibles conductas terroristas por parte de los responsables del movimiento Tsunami Democràtic, una causa en la que está imputada la secretaria general de ERC, Marta Rovira, residente en el país helvético. La Oficina Federal de Justicia Suiza reclama datos adicionales antes de concretar si se presta a la cooperación judicial o bien la rechaza por el "carácter político" de las pesquisas, motivo por el que ya rechazó una anterior.

La respuesta parece ser un 'déjà vú' de las dificultades que, especialmente el Tribunal Supremo, ha ido encontrando al llamar a la puerta de la justicia de otros estados europeos en relación con el procés en Cataluña, concretamente para lograr el retorno del expresident Carles Puigdemont y los exconsellers huidos tras la fallida declaración de independencia y tratar de sortear la inmunidad parlamentaria que algunos obtuvieron.

La respuesta negativa de Bélgica a entregar al exconseller de Cultura Lluís Puig, que como Puigdemont eligió el país para establecerse, obligó a llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en enero de 2023 se alineó con el instructor del 'procés' en el Supremo, Pablo Llarena, en su pugna por las autoridades belgas en relación con la ejecución de las euroórdenes. La Justicia europea también acabó dando la razón a la justicia española el pasado mes de julio al acabar refrendar el suplicatorio cursado por Llarena y retirarle la inmunidad a Puigdemont.

Pero para llegar a ese punto, el camino judicial ha sido arduo. De hecho las detenciones de Puigdemont, primero en Alemania (marzo de 2018) y después en Italia (Cerdeña, septiembre de 2021) no sirvieron para desbloquear la situación y lograr su entrega a las autoridades judiciales españolas. Unas dificultades que en cierto modo vuelven a repetirse ahora con respecto a Suiza y los requerimientos del juez que investiga Tsunami por delitos de terrorismo.

Suiza

La negativa suiza a contestar al juez García Castellón ya se materializó en la comisión cursada en 2019 y respondida en 2020, en la que las autoridades helvéticas enmarcaron la petición de ayuda española en "un delito político". Se trataba de una respuesta muy similar a la que en su día ofreció un portavoz suizo ante una hipotética reclamación de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel por el 'procés', y a la prevista por Interior en caso de que se intentase cumplir una orden de detención contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en ese país.

El juez requirió la primera petición de información a Suiza el 3 de diciembre de 2019. La contestación se recibió el 26 de marzo de 2020. El escrito de Suiza subrayaba que los hechos imputados a Tsunami estaban relacionados con manifestaciones de "desobediencia civil" contra "el poder central español", así como el bloqueo de infraestructuras (el aeropuerto de Barcelona) y "perturbaciones" y actos de "propaganda a favor de la independencia de Catalunya". Según la legislación suiza, estas acciones serían un "delito político", lo que les impedía entregar información sobre la plataforma, una posibilidad que muy probablemente sea la que se reproduzca en la última petición de ayuda cursada.

Detención en Alemania

Uno de los choques más destacados fue el protagonizado por Llarena y la justicia alemana a raíz de la detención de Puigdemont el 25 de marzo de 2018, tras cruzar en un coche la frontera con Dinamarca. La decisión del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein a entregar al expresident sólo por el delito de malversación de fondos públicos --rechazando hacerlo por rebelión, la acusación más grave por la que entonces estaba acusado- obligó al magistrado a tomar una decisión radical: dejar sin efecto las órdenes de detención europeas e internacionales contra el y el resto de fugados que eran Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig y Clara Ponsatí y la secretaria general del ERC, Marta Rovira.

La justicia española no se ahorró los reproches, acusando a los alemanes de extralimitarse y de falta de compromiso por anticipar un enjuciamiento que no les correspondía y vulnerar, además, las normas que rigen las órdenes de detención europeas. Según los jueces de Alemania, los hechos que se imputaban a Puigdemont en relación con el 'procés' independentista no se correspondían en dicho país ni con la rebelión ni con la perturbación del orden público. Al decaer las euroórdenes, Puigdemont y el resto de investigados quedaron libres para circular por Europa.

La experiencia en Cerdeña

Unos años más tarde, en septiembre de 2021, Puigdemont fue detenido en Cerceña por la policía italiana cuando se disponía a participar en un evento institucional organizado por el alcalde de la localidad de Algher. Las autoridades ordenaron su libertad inmediata al entender que gozaba de la inmunidad propia de los europarlamentarios y le citó para una vista unas semanas más tarde. Una vez celebrada dicha vista se dejó en suspenso el proceso de extradición.

En este caso, además de la negativa del expresident huido a ser entregado a España, tuvieron peso las resoluciones que había adoptado tan sólo unos meses la justicia europea, en este caso el Tribunal General de la Unión al recordar que el expresident podía viajar con libertad, únicamente se le podía detener en España.

Además, a juicio de la justicia italiana, y de acuerdo a las recomendaciones del tribunal de justicia europea, el procedimiento contra Puigdemont debía encontrarse suspendido hasta que se resolviera la cuestión de fondo sobre la ejecución de las órdenes de detención europeas. "España nunca pierde la oportunidad de hacer el ridículo", llegó a afirmar Puigdemont tras abandonar la prisión de Bancari.

El pasado julio, el TJUE refrendó el suplicatorio cursado por el juez Llarena, lo que implicaba abrir la vía a que el magistrado pudiera reiterar las órdenes internacionales de detención cursadas en su día en su contra. La inminencia de la tramitación de una ley de amnistía ha hecho que Llarena reconsidere esta posibilidad.