Baleares, Canarias, Castilla y León, Valencia... Todas las ramificaciones del caso Koldo

La presunta trama de compra de mascarillas durante la pandemia que le ha estallado al PSOE a raíz de la detención de Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, se extiende a gran velocidad por buena parte de España. García habría realizado tareas de intermediación entre empresas y administraciones y, supuestamente, habría cobrado comisiones irregulares por ello. La empresa clave en la trama recibió contratos por 40,1 millones de euros de los ministerios de Transporte e Interior, y adeudaba 269.000 euros a Hacienda. Entre las administraciones perjudicadas estarían también las comunidades autónomas de Canarias y de Baleares cuando estaban presididas por el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Pero los negocios del exasesor de Ábalos y el resto de detenidos también han salpicado a Castilla y León, Murcia y la Comunitat Valenciana.

A partir de las investigaciones de los distintos diarios de Prensa Ibérica, resumimos a continuación las principales ramificaciones autonómicas del escándalo.

Baleares

La trama de presuntas mordidas ha salpicado de lleno al anterior Govern balear, presidido por la socialista Francina Armengol. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción pone bajo sospecha una compra que llevó a cabo el IB-Salut en 2020 por valor de 3,7 millones de euros. Un precio muy alejado del tipo de mascarillas que llegaron a las islas, por lo que el Ejecutivo de Armengol reclamó, una vez finalizada la crisis sanitaria, la devolución de 2,6 millones de euros. De esta forma, en plena explosión de contagios y falta de material sanitario, el anterior Govern recibió un ofrecimiento por parte del Ministerio de Fomento respecto a una remesa de cerca de un millón y medio de mascarillas, pero al no cumplir con los estándares de calidad de FFP2, se emplearon como quirúrgicas. Por este motivo, una vez finalizó de forma oficial la pandemia y justo antes de las elecciones, el Govern inició los trámites para reclamar la diferencia (2,6 millones de euros) a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que también firmó varios contratos con el Ministerio de Sanidad por valor de 44 millones de euros.

Canarias

El anterior Gobierno canario, presidido por el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pagó 4,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL por la compra de 1,9 millones de mascarillas en los primeros meses de la pandemia del covid, entre mayo y junio de 2020. La contratación se produjo por el trámite de emergencia y el procedimiento de negociado sin publicidad justificado por las circunstancias excepcionales de la crisis sanitaria cuando se ordenó el confinamiento. En la orden firmada por el entonces consejero de Sanidad en funciones, Julio Pérez, se estipula que el comité de gestión de emergencia sanitaria, constituido por el Ejecutivo autonómico, abordó la necesidad urgente de adquirir material sanitario para hacer frente a la pandemia y que este llegara con premura a las islas. "El Servicio Canario de Salud contactó con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, formalizando un pedido de mascarillas protectoras KN95/FFP2 necesarios en la lucha frente al covid-19, siguiendo los cauces establecidos en la situación de emergencia", recoge la orden de contratación. El actual Gobierno regional, del PP, ha abierto una investigación interna.

Castilla y León

La investigación de la Audiencia Nacional sitúa al presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, como socio de Koldo García y coprotagonista de las supuestas ventas fraudulentas de mascarillas. Ambos han quedado en libertad con medidas cautelares tras pasar a disposición judicial este jueves. Además, el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, ha asegurado que García era "quien recibía, quien hacía de filtro" en el ministerio y ha subrayado que si amenazaba a alguien, "era casi una amenaza del propio ministerio, del ministro".

Comunitat Valenciana

Puertos del Estado adjudicó un contrato de mascarillas por valor de 24,2 millones (impuestos incluidos) a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL el 21 marzo de 2020, en los primeros días de la pandemia y al poco de llegar el valenciano Francisco Toledo a la presidencia del organismo. Su nombramiento por el Consejo de Ministros, a instancias del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se había producido apenas un mes antes, el 25 de febrero de 2020. Preguntado por Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, Toledo ha asegurado que desconocía que Koldo García estuviera involucrado en nada, y que no tenía más contacto con él que el propio de ser miembro del consejo rector de Puertos de Estado. Además, el expresidente del puerto de Castellón y de Puertos del Estado asegura que el procedimiento de contratación fue impoluto, y que las mascarillas se compraron a precio de mercado. El contrato de Puertos del Estado, según la información pública colgada en la Plataforma de Contratación, tenía como objeto el "suministro de mascarillas profilácticas ante el covid en el ámbito del transporte y la movilidad". Se adjudicó en un procedimiento negociado sin publicidad y esta firma fue la única oferta recibida.

Comunidad de Madrid

La detención de Koldo García tiene su origen en una denuncia presentada por el PP en Madrid en marzo de 2022 como respuesta a la investigación que afectaba a unos contratos obtenidos por el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, finalmente archivada. Los populares llevaron a la Fiscalía Anticorrupción un dossier que incluía 12 contratos ofertados por ministerios como el de Sanidad y Transportes entre los que se encuentra Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, y apuntaba a un total de tres contratos adjudicados por las administraciones públicas a esta empresa por valor de 40 millones.

Murcia

Investigadores de la la Guardia Civil se desplazaron a la Región de Murcia a arrestar a un empresario, residente en Murcia, presuntamente vinculado la trama. El empresario, que se halla en libertad con cargos, es dueño de un depósito judicial en el que se custodian bienes decomisados a delincuentes que suman millones de euros, como coches de lujo, camiones, motos, productos falsificados y hasta barcos. Fuentes cercanas al caso apuntaron que la vinculación de este empresario con el 'caso Koldo' estaría en el interés del primero de hacerse cargo de una futura incineradora de drogas, que aún no está en marcha. Para en poner en marcha esta instalación, precisaría de permisos de administraciones que, supuestamente, trataría de conseguir a través de sus contactos con el ministerio que en ese momento dirigía Ábalos.