El asesor de Ábalos queda en libertad pero el juez le prohíbe salir de España

El que fuera escolta y asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes Koldo García Izaguirre ha quedado libre después de negarse a declarar este jueves ante el magistrado de la Audiencia Nacional, que le investiga por el presunto cobro de comisiones en contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia. Tras su detención el pasado martes por la Guardia Civil, García ha comparecido ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 junto a otros tres presuntos implicados en la trama.

El magistrado sí le ha impuesto las medidas cautelares que fueron solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, como la prohibición de salir de España, la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días ante el juez.

La Fiscalía Anticorrupción no reclamó su ingreso en prisión ni el de los otros investigados, que son el hermano del escolta de Ábalos, Joseba García Izaguirre; el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el empresario Iñigo Rotaeche. Sobre el director deportivo pesan las mismas medidas cautelares que las impuestas a Koldo García, mientras que Rotaeche tampoco podrá salir del país. El hermano del asesor del exministro, por su parte, ha queda libre sin medida cautelar alguna.

Corrupción en la compra de mascarillas: detenido un asesor del exministro Ábalos e investigación en Interior

Estos cuatro investigados son los únicos del total de 14 arrestados en la operación desarrollada este martes por orden del Juzgado Central de Instrucción número 2, en coordinación con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, que han sido puestos a disposición judicial. El titular Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, analiza las presuntas mordidas que habría cobrado García Aguirre de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL en el tiempo que ejercía como asesor del Ministerio de Transportes.

50 millones de euros

Esta firma, que en plena pandemia mantenía una deuda con Hacienda de 269.000 euros por el Impuesto de Sociedades de los años 2012, 2013 y 2014, recibió contratos por más de 50 millones de euros.

Sólo de la Administración central logró adjudicaciones por 40,1 millones de euros, según la denuncia inicial presentada por el Partido Popular, que aceptó la Fiscalía Anticorrupción y que ha derivado en la detención este martes del hombre de confianza de Ábalos y el resto de investigados. Según fuentes de la investigación, las diligencias afectarían a un a veintena de personas.

La empresa clave en la trama del asesor de Ábalos adeudaba 269.000 euros a Hacienda

García Izaguirre adquirió cinco propiedades en la provincia de Alicante tras la pandemia de por unos importes que no se corresponden con sus ingresos declarados. Según El Confidencial, las comisiones percibidas superan los 10 millones de euros.

En la causa, que permanece secreta, también ha comparecido, en este caso como testigo ante la Guardia Civil, el número dos de Interior, Rafael Pérez. Ha declarado en relación con un contrato de 3,4 millones. Igualmente ha prestado testimonio policial José Antonio Rodríguez, director del Gabinete de Coordinación y Estudios del ministerio, por el contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa investigada en esta causa.

Los contratos sospechosos

El PP presentó en su día ante la Fiscalía Anticorrupción la denuncia que ha dado lugar a estas diligencias, en las que se señalaban varios contratos sospechosos de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL que son los que ahora se están analizando en sede judicial.

Los dos primeros contratos, con fecha del 21 y el 27 de marzo de 2020, fueron adjudicados por órganos dependientes del Ministerio liderado por Ábalos. El primero, para obtener mascarillas profilácticas y firmado por el Organismo público de Puertos del Estado por un valor de 24,2 millones euros; el segundo, por Adif para 5 millones de mascarillas FFP2 por otros 12,5 millones.

Posteriormente, la empresa logró otras adjudicaciones por en Canarias y Baleares, comunidades gobernadas por el PSOE. Todos estos contratos se tramitaron por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación a la empresa de forma directa.