Caso 'Koldo'
La Guardia Civil concluye que la compra del Govern de Armengol a la trama de Koldo fue "pre-concedida"
El informe de la Guardia Civil incide en su informe al juez de otra grave irregularidad que se ha detectado en la contratación con la trama de Koldo y es que “no se ha localizado documentación sobre la formalización del contrato”
Juli Fuster fue quien formalizó el contrato con la trama de Koldo, según la Guardia Civil. / B.RAMON
J.F. Mestre
La Guardia Civil que ha investigado el llamado caso Koldo afirma que la contratación del paquete de mascarillas, por el que el Govern de Francina Armengol gastó 3,7 millones de euros, fue “pre-concedida” de antemano, es decir, fue una adjudicación directa y posiblemente envuelta en un caso de tráfico de influencias por la vinculación del asesor del ministro Ábalos con las empresas que proporcionaban el material sanitario, que fue rechazado porque no respondía al encargo que se les realizó.
El atestado que entregó la Guardia Civil al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, relata una serie de irregularidades que se habrían producido durante la tramitación del contrato de compra y el abono de la factura. Por ejemplo, el material sanitario llegó a Palma antes de que se formalizara el contrato y se aprobara su tramitación a través del procedimiento de emergencias, que fue una fórmula administrativa que se utilizó durante la pandemia para la adquisición del material sanitario.
El agente que ha realizado este atestado se presentó en la oficina del Ib Salut el día 19 de julio del año 2022. Doce días antes la administración sanitaria ya había recibido un oficio oficial, en el que se le requería que se aportara toda la documentación relativa al acuerdo comercial entre el Servicio Balear de Salud y la empresa Soluciones y Apoyo a Empresas, vinculada al asesor del ministro Ábalos, para el suministro de mascarillas FFP2 por un importe de 3,7 millones de euros. A este primer contrato, se añadió un segundo por valor de 56.715 euros por el pago de la gestión de los trámites aduaneros con una empresa también vinculada con la trama de Koldo.
Ese día 19 de julio del año 2022 el investigador se presentó en persona en la oficina de la calle Reina Esclaramunda, sede del Ib Salut. Fue recibido en persona por Manuel Palomino, que en esa fecha era el director de gestión y presupuesto del servicio de salud, que más tarde ocuparía el cargo de director general de este organismo. Al agente se le entregó una copia del archivo digital, donde se incluía todos los documentos recogidos en el expediente administrativo de esta contratación.
Ningún contrato escrito
Sin embargo, en el lote de documentos entregados, y así lo destaca el atestado policial, no aparece ningún contrato escrito, ni previo ni posterior, que detallara las condiciones del acuerdo entre el Govern y la empresa de Koldo. Y tampoco se detalla la identidad de los responsables de la administración que negociaron los pormenores de esta contratación pública.
Las polémicas mascarillas que después fueron rechazadas llegaron a Palma, a través de un avión fletado desde China, el día 27 de abril del año 2020 y tras ser descargadas fueron entregadas al Servicio de Salud. Sin embargo, en esa fecha, según destaca la Guardia Civil en su informe ante la Audiencia Nacional, aún no se había iniciado el procedimiento de contratación, ya que no aparece en el expediente ningún contrato escrito en el que se especificara el encargo del material que se compraba, ni la entrega, ni el método de pago. Y es que no es hasta dos días después de la recepción de la mercancía, es decir, el día 29 de mayo, cuando el entonces subdirector de compras y logística del Servicio de Salud, Antonio Mascaro, solicita formalmente al órgano de contratación, a través de la fórmula administrativa de emergencia, la autorización para formalizar el acuerdo que se alcanzó con la empresa vinculada a Koldo.
Esta petición de contratación por la fórmula de emergencia llegó a la mesa del entonces director general del Servicio de Salud, Juli Fuster, el día 4 de mayo, es decir, una semana después de que el material sanitario ya hubiera llegado a Palma. Fuster, según especifica el atestado policial, firma la conformidad para la tramitación de esta compra a través de procedimiento de emergencia. La formalización formal de dicha contratación se realiza el día 8 de mayo, cuando el material ya llevaba en Mallorca más de diez días.
La Guardia Civil considera que esta forma de contratación con la empresa vinculada a Koldo fue empleada por el Ib Salut con anterioridad a que el Gobierno Central autorizara estas compras sanitarias a través del procedimiento de emergencia. Sin embargo, el servicio sanitario balear disponía en esos momentos de una protección legal, ya el Govern sí había acordado semanas antes que todos los contratos relacionados con la protección frente a la pandemia se podían tramitar a través del procedimiento de emergencia.
El informe de la Guardia Civil incide en su informe al juez de otra grave irregularidad que se ha detectado en la contratación con la trama de Koldo y es que “no se ha localizado documentación sobre la formalización del contrato”, pese a que la ley de contratación es clara y exige que se detalle la identificación de las partes, la definición del objeto del contrato y las condiciones de la recepción del material que se compra. En este caso, además, ni siquiera aparece un solo escrito que mencione en qué momento se realizó el primer contacto entre el Govern y la empresa de la trama, ni cúal fue el encargo concreto que se realizó para adquirir este material sanitario. Lo cierto es que la Guardia Civil no ha podido identificar, al menos hasta ahora, a la persona, o personas, concretas que negociaron en nombre del Govern balear con el responsable de la empresa y quien estableció las condiciones de la compra y del precio a pagar. Tampoco se especifica qué tipo material sanitario concreto es el que precisaba adquirir en ese momento el Govern de Armengol. “Se desconoce de qué manera y qué personas físicas son las que gestaron los acuerdos en referencia a cantidades de mascarillas a suministrar e importe a abonar por las mismas”, señala el autor del informe, que interpreta además que “el hecho de ejecutarse la prestación del servicio antes de la formalización del mismo es indiciario que la adjudicación estaría pre-concedida, cosa que no estaría permitida en la contratación pública, ni siquiera en la tramitación de emergencia”, concluye el atestado oficial de los investigadores de esta trama.
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