El PSOE descarta ampliar el plazo y la ley de amnistía se aprobará o decaerá el jueves

Los socialistas han evitado pedir otra prórroga de 15 días para llegar a un acuerdo con Junts sobre la ley de amnistía. El comodín que se reservaban en el PSOE para estirar las negociaciones ante la falta de acuerdo no se ha utilizado finalmente, como llegó a contemplarse hace unos días, según confirman fuentes parlamentarias. Se impone así la fecha tope del próximo jueves para desbloquear la ley en la comisión de Justicia, a donde volvió tras el voto en contra de Junts al dictamen en el pleno. De no haber acuerdo antes del jueves, la norma decaerá.

En el PSOE confían en llegar a un acuerdo en los próximos días y para ello están

. El hecho de que no hayan registrado la solicitud para alargar las negociaciones da cuenta de su optimismo. Algunos grupos parlamentarios dudaban de que encajase en el reglamento otra prórroga, pero fuentes de la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, se abrían a esta posibilidad. El plazo del registro para incluir esta solicitud en la reunión de la Mesa del Congreso del próximo martes se cerró a las 14:00 horas de este sábado sin ningún escrito en este sentido del grupo parlamentario socialista.

Fuentes de las negociaciones con Junts explicaban que esperarían hasta el último momento para tomar la decisión, en función del avance de sus conversaciones. En Ferraz apelan a la discreción, pero el hecho de que finalmente haya renunciado a la moratoria indica un acercamiento durante las últimas horas. Para el PSOE es clave salvar la norma y, con ello, contar con garantías para estirar la legislatura en un momento crítico por la gestión del caso Koldo y el batacazo electoral en las gallegas.

No son las únicas dificultades que ha surgido durante los últimos días para desbloquear las negociaciones. El principal negociador de Junts, Jordi Turull, se recupera en el hospital de una segunda intervención quirúrgica tras sufrir una crisis cardiaca el pasado lunes, según informaron fuentes oficiales de su formación. Su homólogo socialista, el número tres de Ferraz, Santos Cerdán, ha estado durante los últimos inmerso en desactivar el caso Koldo y gestionar la salida de José Luis Ábalos del grupo parlamentario.

A todo ellos se suma la decisión del Supremo este jueves de abrir una causa para investigar y, en su caso, juzgar al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, así como al diputado del Parlament Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic. Mientras los socialistas intentan mantenerse firmes, argumentando que si incluyen el terrorismo entre los delitos susceptibles de beneficiarse del perdón judicial se toparían con el rechazo del Tribunal Constitucional, los posconvergentes insisten en una “amnistía integral”. Su objetivo es que entren dentro del perímetro de la norma los acusados en la causa del Tsunami Democràtic, algo que desde el Gobierno insisten en que ocurrirá. Los márgenes para el acuerdo están en retoques “técnicos”, sin descartar otros cambios legales paralelos a la norma para dar carpetazo judicial al ‘procés’.

Comisión de Venecia

El Gobierno celebró este viernes el informe que dio a conocer la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía. Aunque se critica el procedimiento elegido, por vía de urgencia, y se proponen mejoras para evitar un perdón a la carta, se avala la iniciativa. Su conclusión, ante las advertencias que le trasladó el PP para este análisis, el organismo dependiente del Consejo de Europa, es que la ley no afecta a la separación de poderes y cumple con los requisitos internacionales.

En el plano político, los expertos llaman la atención en su informe sobre que “el proyecto de ley de amnistía ha provocado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el Poder Judicial, en el mundo académico y en la sociedad de España”. Partiendo de este análisis, la Comisión “anima a todas las autoridades españolas a que se tomen el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo en un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política, y a considerar la posibilidad de explorar procedimientos de justicia restaurativa”.