Sánchez hará cambios en la ley amnistía para conseguir el apoyo de Puigdemont

Pedro Sánchez anunció este miércoles lo que sus colaboradores llevaban dando por hecho desde hace días: el pacto con Junts para aprobar la amnistía ya está prácticamente cerrado, gracias a que los socialistas han aceptado nuevos “cambios” en la ley para satisfacer y dar “más garantías” a Carles Puigdemont. Durante una conversación informal con los periodistas que le acompañan en su viaje oficial a Brasil y Chile, recogida por la Agencia Efe, el presidente del Gobierno evitó ofrecer detalles sobre esta nueva modificación, pero no mostró ninguna duda sobre el futuro de la norma. 

El pacto, a través de una enmienda a la ley, será anunciado en las próximas horas. A más tardar, el jueves por la mañana, cuando se reúne la comisión de Justicia del Congreso que deberá aprobar el dictamen sobre esta iniciativa parlamentaria para elevarlo al Pleno, que a su vez dará luz verde, en principio la semana que viene, a la iniciativa. Entonces llegará al Senado, donde el PP tiene previsto retrasar su tramitación al máximo: en torno a dos meses. 

Pero Sánchez ya cuenta con la certeza de que la medida de gracia será una realidad, tras el susto que supuso el voto en contra de Junts el pasado enero, al considerar los posconvergentes que dirigentes como Puigdemont no quedaban lo suficientemente blindados frente a la investigación judicial por terrorismo que lleva a cabo el Tribunal Supremo. El nuevo cambio legal irá en el sentido de reforzar su protección, pero los socialistas se habían puesto aquí una clara línea roja. La inclusión sin condiciones del terrorismo entre los delitos amnistiables no era posible, decían, porque iría en contra del derecho europeo y sería tumbada por el Tribunal Constitucional. 

Ahora, sin embargo, han encontrado un mecanismo que satisface a todas las partes. También a ERC, que estaba cómoda con la actual redacción de la ley pese a que su secretaria general, Marta Rovira, está siendo investigada por terrorismo dentro del caso Tsunami Democràtic. “La negociación ha sido a tres bandas”, explica un estrecho colaborador del presidente del Gobierno, muy consciente de la dificultad de alcanzar acuerdos con dos partidos, los republicanos y los posconvergentes, que compiten constantemente entre sí. 

Sánchez, aún así, siempre ha defendido que la norma, sin los “cambios” que se dispone a llevar a cabo, ya protegía a Puigdemont. "Todos los independentistas catalanes serán amnistiados porque no son terroristas", dijo a principios de febrero. Este miércoles, en el avión que le ha llevado a Brasil, volvió a expresar la misma idea frente a las dudas de Junts y subrayó que la ley sería constitucional.  

Esta nueva modificación supone dar un paso más en el camino que se inició hace un mes y medio. Los socialistas aceptaron entonces que el delito de terrorismo entrase dentro de la norma, pero solo en su versión menos cruenta: cuando no existiera “intención directa” de vulnerar los derechos humanos. Pero todavía falta por saber en qué consiste exactamente esta modificación, que será ya la definitiva. “Eso es secreto de sumario”, señalan en el entorno del presidente. 

Horas después de su anuncio a bordo del avión oficial, ya en Brasilia y junto a su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, Sánchez volvió a dejar sin contestar la pregunta de si el cambio afectaba al terrorismo. “Ya lo verán en la enmienda. Quedan pocos minutos, pocas horas para conocerla”, dijo tras volver a su discurso habitual sobre la norma: será constitucional, servirá para la “reconciliación” y “dejará atrás las consecuencias judiciales” del ‘procés’. Es decir, también las de Puigdemont, a quien no citó. 

“Vamos a lograr un acuerdo con las distintas fuerzas políticas para sacar adelante una ley importante y trascendente, que deja atrás todas las consecuencias judiciales de una crisis territorial y constitucional como nunca en la democracia española”, explicó el jefe del Ejecutivo. 

Las paradojas

A falta de conocer el contenido del acuerdo, que los posconvergentes también admiten que está “encarrilado”, el presidente del Gobierno se dispone a superar una nueva prueba. Todo es aquí paradójico. Junts, que insistió en un primer momento en que la ley que regula la medida de gracia tenía que estar aprobada antes de la investidura (es decir, en noviembre) para dar su voto a Sánchez, ha pasado estos meses defendiendo la necesidad de que la negociación transcurriera con “calma”, sin prisas. Y Sánchez, para el que la amnistía suponía en teoría un problema interno (tanto él como gran parte de sus ministros habían insistido en que era “inconstitucional"), se agarra ahora a ella para tomar oxígeno en uno de los momentos más delicados de su carrera al frente de la Moncloa, a raíz del ‘caso Koldo’, el primer gran escándalo de corrupción que afecta a su gobierno. 

Frente a las críticas del PP, que intenta implicar sin pruebas al presidente en el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas por parte de un estrecho colaborador del exministro José Luis Ábalos, y la sensación de debilidad interna tras las elecciones gallegas, en las que el PSOE cosechó su peor resultado histórico, Sánchez volvió a mostrar su seguridad en que agotará la legislatura. Más allá de los “bulos” de la derecha, dijo, todos los socios del Ejecutivo continúan garantizando la “estabilidad”. Los socialistas, de hecho, quieren acelerar ahora la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de este año. Pero no tienen del todo claro que vaya a ser posible y ya abren la puerta a la prórroga.