Investigación
El juez frenó que la UCO investigara a 46 empresas vinculadas a la 'trama Koldo'
El magistrado Ismael Moreno rechazó reclamar las cuentas de estas mercantiles "en tanto se justifique o explique la relación que estas sociedades pueden tener con los investigados y con los hechos objeto del presente procedimiento", según especifica un auto
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. / Agustín Catalán
Tono Calleja Flórez / Cristina Gallardo / Ángeles Vázquez
El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el caso Koldo, Ismael Moreno, frenó, "hasta en tanto se justifique o explique la relación que estas sociedades pueden tener con los investigados y con los hechos objeto del presente procedimiento", la intención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de reclamar información patrimonial y tributaria de 46 empresas que los agentes vinculan de forma directa o indirecta con la trama, según especifica un auto de 5 de diciembre, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial.
En consonancia con la Fiscalía Anticorrupción, que consideró que en ese momento no procedía pedir a los bancos esos datos de las 46 sociedades, pues la Guardia Civil solo había aportado datos de seis de ellas, en concreto de Batarse y Asociados, Drive Business Group SL, Fertinvest Consulting, Global Stratos Investments, Medictrading Consulting Group y Studios Raven Red SL; el instructor rechazó la petición de la Guardia Civil, que en un informe de 30 de noviembre de 2023 dirigido a Moreno, había solicitado que emitiera un mandamiento a la Agencia Tributaria para que aportara información económica de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.
Entre las 46 empresas que señala la UCO de la Guardia Civil se encuentra Eurofins Histolog SL, de la que fue apoderado César Moreno García, que es socio del comisionista y conseguidor de los contratos de las mascarillas, Víctor de Aldama, en las mercantiles Fertinvest Consulting y Global Stratos Investments SL, entre otras.
El conseguidor Koldo
Pero el trabajo realizado por la UCO ha permitido hallar nuevas evidencias de la vinculación de algunas de estas mercantiles con la trama corrupta. El análisis patrimonial realizado por la Guardia Civil ha detectado que en 2021 la empresa MTM 180 Capital, que usó Víctor de Aldama para cobrar 4,5 millones de euros del pelotazo de las mascarillas, ingresó también de la empresa Global Stratos Investments 228.000 euros en 2021. Fertinvest Consulting abonó el mismo años a la firma del comisionista otros 63.000 euros.
Y gracias a la intervención de los teléfonos la UCO ha descubierto que De Aldama estaba llevando a cabo "una despatrimonialización de sus bienes. Para ello, estaría empleando un entramado empresarial en el que participarían sus socios Luis Alberto Escolano Marín, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano Costumero y César Moreno García, algunos de los cuales tienen vínculos con Koldo", los supuestos dueños de varias de las firmas cuyas cuentan pretende investigar la Guardia Civil.
Extracto del sumario del 'caso Koldo' sobre Víctor de Aldama. / EPE
Los agentes concluyen que De Aldama "ostenta cargos en varias de las mercantiles de sus socios", y, en algunas de ellas la sede social se ubica en las dependencias de sus oficinas. "De esta manera, se pone de manifiesto el posible control que ejercería De Aldama sobre sociedades que por derecho no titula", advierten los guardias.
Koldo García Izaguirre
Además, y de forma más reciente, la detenciones del 'caso Koldo' han conseguido otras pruebas de gran relevancia que señalan a alguna de las 46 firmas señaladas por la UCO. En concreto, sobre Fertinvest Consulting y Global Stratos Investments, que aparecen en un chat de WhatsApp que los implicados en la trama denominaron "Fertinvest". En él el empresario Ignacio Díaz Tapia asegura que Koldo García Izaguirre, el escolta y asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, se había puesto en contacto con él para preguntarle si podían hacer test PCR a la Policía en plena pandemia.
Esta redacción ha confirmado que el Boletín Oficial del Estado publicó el 3 de diciembre de 2020 que la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) había adjudicado con un procedimiento negociado sin publicidad un contrato de “emergencia” de 600.000 euros para comprar test PCR a Eurofins Megalag para hacer controles de coronavirus a policías. Esta empresa es la matriz de Eurofins Histolog SL, cuyas cuentas pretende analizar la Guardia Civil.
En otro chat, denominado "4 Mosqueteros", Díaz Tapia se identifica ante el entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno canario Antonio Olivera (ahora es jefe de gabinete del ministro de Política Territorial y ex presidente canario, Ángel Víctor Torres) como representante de Eurofins Megalab: "Te he llamado, pero no tendrás mi número. Me ha dicho Koldo que te llamara. Cuando puedas hablamos". "Ahora te llamo", le contestó, según adelantó La Provincia, del mismo grupo editorial.
La multinacional de análisis clínico Eurofins Megalab recibió entre 2021 y 2022 un total de 3,1 millones de euros con cargo a la Dirección del Servicio Canario de Salud (SCS). La empresa ingresó esta cantidad a través de dos adjudicaciones. Una por valor de 652.237 euros y otra de 2,5 millones, destinadas a financiar tests gratuitos para la detección del covid-19 a residentes canarios de regreso en avión o barco desde la Península. El diario digital 'El Español' eleva hasta los 9,2 millones de euros el montante de las adjudicaciones que Eurofins Megalab logró de las Administraciones señaladas en el 'caso Koldo'.
Imagen del sumario de un vehículo propiedad de la empresa Eurofins Megalab. / EPE
La UCO también destaca en sus informes que Fertinvest Consulting era la propietaria del vehículo Range Rover de color negro que recogió al mencionado Díaz Tapia y al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba Carnerero, arrestado por sus vínculos con la trama, en el Aeropuerto de Barajas, pues ambos llegaban juntos a España en un vuelo procedente de Venezuela.
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