García Ortiz asume la "responsabilidad última" de la nota por la que se ha querellado la pareja de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha aprovechado un acto de toma de posesión de miembros de la carrera para salir a defender con contundencia a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y al fiscal que firmó la denuncia por delito fiscal y falsedad en documento mercantil contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los ataques sufridos desde hace un mes por una nota en la que se informaba a los medios sobre el procedimiento.

"Como fiscal general del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa", ha afirmado, en relación con el comunicado que el pasado 14 de marzo emitió la fiscalía de Madrid y que le ha supuesto varias querellas tanto a la fiscal jefe madrileña como al fiscal del caso.

"No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento trasparente de nuestra institución. No pienso consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva", aseguró García Ortiz, que no se había pronunciado todavía públicamente en relación con la polémica que ha rodeado la denuncia del ministerio público.

"En consecuencia, sirva esta declaración institucional como respaldo a los compañeros de la Fiscalía Provincial de Madrid, que no han hecho sino cumplir un deber de informar verazmente a la ciudadanía con absoluta transparencia, prudencia y dentro de los márgenes y límites que marca nuestro ordenamiento jurídico y la Iistrucción número 3/2005 de la Fiscalía General del Estado. E, insisto, asumo institucionalmente la responsabilidad última de la nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid", añadió en referencia a la nota con la que la fiscalía madrileña explicaba que el intento de lograr una conformidad, que pasaba por aceptar la comisión de dos delitos fiscales, había partido de la defensa de González Amador y que no se pudo concretar, porque para ello el asunto debe estar judicializado y aún se había formalizado ni la denuncia.

Rechazar la querella

La nota supuso la interposición de una querella por parte del imputado, pero también del Colegio de la Abogacía de Madrid, que consideró el comunicado constitutivo de un delito de revelación de secretos por divulgar las comunicaciones abogado-fiscalía. A ellas se sumó una denuncia el autodenominado sindicato Manos Limpias. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha ordenado informar en contra de su admisión, ha adelantado El Español, que señala que la fiscal adscrita al caso era partidaria de practicar ciertas diligencias, como acceder a las comunicaciones internas del ministerio público al respecto.

Para salir al paso de las críticas, García Ortiz, que se ha abstenido del asunto, ha recurrido a una declaración del órgano consultivo del Comité de Ministros del Consejo de Europa: "Cuando un fiscal individual sea objeto de un ataque injusto a través de los medios de comunicación, así como cuando se hayan difundido informaciones falsas sobre personas o hechos relacionados con algún procedimiento del que se ocupe un fiscal, la reacción debe provenir preferentemente del máximo responsable de la fiscalía", porque esa "reacción institucional minimiza la necesidad de que el fiscal afectado haga uso del derecho de respuesta garantizado a toda persona, así como el riesgo de una excesiva personalización del conflicto".

Para pasar a continuación a "reconocer públicamente la labor y el desempeño profesional -con el máximo rigor, objetividad, imparcialidad y transparencia- de la fiscal jefa y el fiscal de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid". Añade que "recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución", punto en el que el ministerio público cumple una "relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia".

De ahí que "no puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtraciones" para destacar que "la comunicación de la Fiscalía no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna en un ulterior procedimiento judicial".

Así mismo destacó que "la Fiscalía española actúa con absoluta imparcialidad, objetividad y neutralidad política en el ejercicio de sus funciones. Y que ningún ciudadano o ciudadana de este país recibirá un tratamiento distinto por motivos ajenos al proceso. La actuación del ministerio fiscal se enmarca siempre dentro de la ley, porque fuera de la ley no hay nada”.