Un juez investiga si el despacho que fundó Montoro usó sus "influencias" en Hacienda en beneficio de clientes

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, investiga en secreto si los miembros del despacho Equipo Económico (EE), que fundó en 2006 el exministro del PP Cristóbal Montoro, usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”, según especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, al que ha tenido acceso esta redacción.

La resolución resalta, además, que los miembros de la sociedad, que primero se denominó Montoro Asociados, después pasó a llamarse Equipo Económico (EE) y que desde 2016 funciona como Global Afteli (GA), crearon una red de contactos en Hacienda gracias a que algunos de ellos habían desempeñado “cargos al más alto nivel del Gobierno, Administración Central y en las Autonomías”.

El auto, fechado el 28 de enero de 2022, se refiere a una investigación que se inició el 2 de agosto de 2018, y que permanece secreta y activa desde entonces, según confirman a este diario hasta cinco fuentes jurídicas y policiales del caso.

Hallazgo casual

La causa, que en 2022 ya apuntaba las primeras “sospechas” y “conjeturas”, se abrió tras descubrirse varios correos electrónicos “de forma casual” en otro procedimiento judicial abierto en 2017, tras presentarse en marzo de ese año una denuncia anónima.

Sin embargo, los mensajes que habían sido incautados el 6 de noviembre de 2017 durante un registro efectuado en la empresa Messer Ibérica de Gases SA, situada en la localidad de Vila-seca (Tarragona), en el seno de una investigación por un delito contra la ordenación del territorio, dieron pie a Anticorrupción a ampliar la causa.

Influencia en reformas legislativas

La resolución de la Audiencia de Tarragona se basa en la información suministrada por la Policía Judicial y las actuaciones practicadas por la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra hasta esa fecha, en enero de 2022. El auto indica, de forma literal: “Las personas y entidades mercantiles sobre las que se viene dirigiendo la actividad investigadora [...] formarían parte de una trama u organización cuya finalidad no sería otra que la de intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM). Para ello, contrataron los servicios de la mercantil Equipo Económico (EE) antes Montoro Asociados y desde el año 2016 Global Afteli (GA)”.

La Fiscalía Anticorrupción, que encabeza las pesquisas, tiró del hilo y reclamó al Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos todos los correos vinculados a la investigación, que ha destapado la presunta red clientelar tejida por la empresa fundada por Montoro pero de la que se desvinculó el exministro de Hacienda en 2008, según ha asegurado de forma reiterada.

El 16 de diciembre de 2021 el juez de instrucción llegó incluso a acordar la intervención de los dispositivos y medios de comunicación utilizados por los investigados. Sin embargo, esta decisión fue anulada por la Audiencia Provincial de Tarragona.

Dificultad de la investigación

La instrucción de la causa, abierta en diciembre de 2018 y aún en secreto, ha sido complicada. Tanto que la fiscal al frente de las pesquisas, Carmen García Cerdá, recurrió al artículo 27 del Estatuto Fiscal para mostrar su discrepancia con las órdenes recibidas de su jefe, el responsable de Anticorrupción Alejandro Luzón, que no era partidario de practicar más diligencias en relación con los documentos adjuntos a los correos que habían aparecido en la causa.

En la Junta de Fiscales del pasado 26 de septiembre a la que se sometió el asunto, Luzón obtuvo el respaldo de 19 compañeros, mientras que sólo cinco apostaron por García Cerdá, lo que significa que las diligencias que ella consideraba necesarias para que avanzara la instrucción no se realizarán.

Entre medias, el tira y afloja mantenido entre la representante fiscal y su superior se ha notado en las propias pesquisas desarrolladas por los Mossos y la UCO de la Guardia Civil, cuerpos que las dieron por finalizadas hace casi un año, según señalan las fuentes consultadas.

Querella de Anticorrupción

No es la primera vez que el despacho fundado por Montoro se encuentra bajo la lupa judicial. En junio de 2017, el Juzgado número 22 de Madrid admitió a trámite una querella presentada por Anticorrupción -elaborada por la misma fiscal adscrita a la causa vigente ahora en Barcelona- contra los integrantes del despacho que había sido fundado once años antes por quien en ese momento era, por segunda vez, ministro de Hacienda de España.

El alto cargo siempre ha defendido que se había desvinculado de Equipo Económico en 2008, dos años después de la creación del despacho. Se da la circunstancia de que, el mismo día que un juez admitía la querella, Montoro era reprobado en el Congreso de los Diputados tras declararse inconstitucional la declaración tributaria especial de 2012, más conocida como 'amnistía fiscal'.

En esta causa, que fue archivada dos años más tarde, en abril de 2019, se investigó a un total de siete personas -entre ellas a Ricardo Montoro, un hermano del ministro que ejerció como consejero de Equipo Económico- y a la propia consultora como persona jurídica en relación con la adjudicación presuntamente irregular en 2012 de un contrato con las cámaras de comercio. La instrucción decayó al no encontrarse finalmente indicios que sostuvieran la querella de Anticorrupción.