Un 'lobby' con influencias en Hacienda: las claves de la investigación secreta al despacho que fundó Montoro

La justicia mantiene abierta una investigación declarada secreta desde 2018 en relación con la actividad del despacho Equipo Económico, fundado en 2006 por quien fuera hasta dos veces ministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, por una docena de supuestos delitos de corrupción.

Según la Fiscalía especializada, los responsables de la entidad los habrían cometido en beneficio de sus clientes, al usar sus "influencias" entre "altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda", del que habrían formado parte anteriormente ocupando puestos de responsabilidad.

Correos electrónicos en poder del juez de Instrucción número 2 de Tarragona Rubén Rus Vela que ha podido consultar El Periódico de España sacan además a la luz maniobras de la cúpula de Hacienda en beneficio del PP y en perjuicio de determinados ciudadanos. La acusación que ejerce el PSOE en el caso de los papeles de Bárcenas ha solicitado al Tribunal Supremo que los tenga en cuenta a la hora de revisar la sentencia que dictó la Audiencia Nacional al respecto, ya que consideran que su importancia es tal que pueden obligar a dictar una nueva resolución.

¿Qué se investiga en la causa contra Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro Montoro?

La causa contra equipo Económico -la segunda que se abre contra el despacho, tras la investigación sobreseída en 2019 por un juzgado de Madrid-, la instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que mantiene sus pesquisas en secreto desde 2018. Según la documentación judicial a las que ha tenido acceso este diario, las personas que dirigen Equipo Económico formarían parte de una trama u organización dirigida a "intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables", en primer término para unas empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM). 

No obstante, la documentación incautada en el curso de la instrucción hace sospechar a los investigadores que la actividad presuntamente delictiva podría haberse repetido en el caso de otros clientes del despacho o personas señaladas por los responsables del mismo, y la investigación se encuentra a expensas de que se analice toda esa información. El contenido de estos documentos ha provocado además una fuerte controversia en el seno de la Fiscalía Anticorrupción y un enfrentamiento directo entre la fiscal inicialmente adscrita al caso y sus superiores.

¿Qué relación tiene el que fue dos veces ministro de Hacienda con Equipo Económico?

Equipo Económico (EE), antes Montoro Asociados y desde el año 2016 Global Afteli (GA), fue fundada por Montoro en 2006. Con ocasión de la instrucción iniciada en 2017 por un juez de Madrid, que vinculaba al despacho con unos contratos irregulares con las cámaras de comercio, el entonces titular de Hacienda con Mariano Rajoy defendió que se había desvinculado de la entidad dos años después de su puesta en marcha, en 2008. Entre los investigados en la causa abierta en Madrid se encontraba su hermano Ricardo, que ejerció como consejero del despacho, y los tres actuales responsables, que ahora siguen bajo la lupa de la justicia.

¿A quién se investiga y por qué delitos?

Desde diciembre de 2021 existe una investigación abierta al presidente ejecutivo de la compañía, Ricardo Martínez Rico y contra los socios directores de la firma Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud, quien dirigió la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. Los dos primeros fueron altos cargos del Ministerio de Hacienda, según confirma la propia página web de la compañía. Vicente-Tutor trabajó 13 años en Hacienda y llegó a formar parte del Comité de Dirección de dicha institución, mientras que Martínez Rico fue director del gabinete del ministro Montoro y en 2003 asumió el cargo de secretario de Estado de Presupuestos y Gastos.

La causa contra ellos se formuló a raíz del hallazgo casual de unos correos electrónicos de 2013 en los registros a una empresa gasística, a lo que se sumó una denuncia anónima que apuntaba hasta 12 delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, malversación, contra la hacienda Pública, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, falsedad en documentos, contra la libre competencia y pertenencia a organización criminal, si bien será la investigación la que, a su término, se ocupe de fijar una calificación jurídica de los hechos, a los que podría añadirse revelación de secretos, según las fuentes consultadas por este diario.

¿Por qué la causa se encuentra paralizada?

Las pesquisas han encontrado obstáculos en la propia Fiscalía Anticorrupción. La fiscal al frente de las pesquisas, Carmen García Cerdá, recurrió a un mecanismo poco habitual, la aplicación del artículo 27 del Estatuto Fiscal, para mostrar su discrepancia con las órdenes recibidas de su jefe, el responsable de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no era partidario de practicar más diligencias en relación con los documentos adjuntos a los correos que habían aparecido en la causa. Al alegar a dicho precepto, obligó a la celebración de una Junta de Fiscales para tratar de sumar apoyos a su posición.

Sin embargo, en la reunión celebrada el pasado 26 de septiembre, Luzón obtuvo el respaldo de 19 compañeros, mientras que solo cinco apostaron por García Cerdá, lo que significa que las diligencias que ella consideraba necesarias para que avanzara la instrucción no se practicarán. El pasado mes de diciembre, Luzón apartó a la fiscal Cerdá de una parte de la causa, precisamente la relativa a los correos incautados por los investigadores cuyo contenido revela este diario, e instó además la apertura de una investigación disciplinaria contra ella.

¿Afectan las pesquisas a más asuntos derivados de la actividad del despacho?

Tras intervenir los ordenadores de Messer Ibérica de Gases, en un registro realizado en su sede en Vila-Seca (Tarragona), los investigadores encontraron correos que les hacían sospechar de que el 'modus operandi' del despacho para lograr influencias en la Administración que beneficiaran a sus clientes iban más allá de los productores de gas. 

De hecho, y en respuesta a un recurso de la Fiscalía dirigido a levantar el secreto de las actuaciones, la propia Audiencia Provincial de Tarragona daba cuenta de la "extrema complejidad" que presenta la causa y del "ingente y complejo material incautado" a finales de 2021, para anunciar la alta probabilidad de que la instrucción se convierta en "origen de múltiples investigaciones derivadas". 

El hecho es que los investigadores han tenido acceso a numerosos correos electrónicos intercambiados entre altos cargos de la Agencia Tributaria, coincidiendo con la etapa en la que Montoro estaba al frente de Hacienda, en los que se hacía referencia a la situación fiscal de distintas personas, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, el exministro Rodrigo Rato o del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, según las diferentes fuentes de la investigación consultadas y documentos a los que ha tenido acceso esta redacción. En su caso, no tanto para beneficiarles como en el caso de las empresas gasísticas, sino más bien, perjudicarles.

Uno de los correos, de septiembre de 2017, alude a la inspección que altos funcionarios de Hacienda hacen al periodista de 'Abc' Javier Chicote, que había informado en diferentes ocasiones acerca de una querella que había interpuesto Anticorrupción en abril de 2017 contra los directivos de Equipo Económico.

¿Qué revelan los correos electrónicos incautados?

Otras informaciones, como las ha empezado a revelar este lunes El Periódico de España, evidencian las presuntas maniobras que desplegó la cúpula de Hacienda para evitar que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz atribuyera al Partido Popular un delito fiscal en el caso de los 'papeles de Bárcenas'. En otro de los documentos consultados se constata que el entonces ministro de Hacienda era informado desde el primer minuto de las novedades que se producían en el frente judicial que tenía abierto la familia Pujol.

¿Por qué se abrió expediente a la fiscal del caso?

La fiscal Carmen García Cerdá fue sancionada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a pagar una multa de 1.000 euros al considerar que cometió una falta disciplinaria muy grave por supuestamente desobedecer a su jefe, que le ordenó no seguir investigando los correos electrónicos con los que se topó el juez de Tarragona Rubén Rus Vela al investigar a Equipo Económico, el bufete creado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y del que dijo que se había desvinculado dos años después. La sanción está recurrida por la representante del ministerio público que niega haber cometido cualquier tipo de desobediencia.

¿Qué le ha pedido el PSOE al Supremo?

La acusación que ejerce el PSOE en la causa en la que se juzgó el pago por el PP con dinero negro de la reforma de su sede central considera que los correos electrónicos dados a conocer por este diario son fundamentales para arrojar luz sobre la contabilidad en b del Partido Popular que durante años reflejó su extesorero Luis Bárcenas. Por eso ha pedido al Tribunal Supremo que los tenga en cuenta a la hora de revisar la sentencia de la Audiencia Nacional de octubre de 2021 hasta el punto de considerar que la vician de nulidad y que resulta necesario que otro tribunal los tenga en cuenta para dictar una nueva.