Análisis

Manos Limpias, el sindicato que sentó en el banquillo a la infanta Cristina y ahora denuncia a la esposa de Pedro Sánchez

Fue acusado por el Tribunal Supremo en el juicio del Caso Nóos de "falta de prudencia y ponderación" y por los abogados de Cristina de Borbón de "intento de extorsión"

Sin embargo, durante el juicio más mediático de la democracia, mereció más críticas periodistas y políticas la postura de la Fiscalía Anticorrupción que la actuación del cuestionado sindicato

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y la infanta Cristina, acusadas por el sindicato Manos Limpias.

Miguel Vicens

El sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, que ahora acusa a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, es la misma entidad que ejerció la acusación popular en el juicio del caso Nóos. Y que en solitario y sin el apoyo de la fiscalía Anticorrupción sentó en el banquillo a la infanta Cristina.

Sin embargo, en aquel momento, en la vorágine del juicio más mediático de la historia de la democracia, la mayoría de las críticas periodísticas no se dirigieron al papel ejercido por el hoy cuestionado sindicato, en aquel momento representado por la abogada Virginia López Negrete, sino al criterio de la Fiscalía de no acusar a la hermana del Rey Felipe VI y esposa de Iñaki Urdangarin.

Y de esta manera solo con la acusación de Manos Limpias, la infanta Cristina se sentó finalmente en el banquillo de la Audiencia Provincial de Palma en enero de 2016, en un macrojuicio con 17 acusados, de los que diez quedaron finalmente absueltos, entre ellos la Infanta, y que arrancó cinco años y medio después de que el juez José Castro iniciara la instrucción de la causa.

El sindicato acusó a Cristina de Borbón de cooperadora en dos delitos fiscales, con una petición de pena de ocho años de cárcel, mientras que el fiscal Pedro Horrach solicitó la exculpación de Cristina de Borbón, reconociendo solo en ella solo una responsabilidad a título lucrativo. Es decir, no cometió ningún delito, pero se benefició económicamente de los fondos de procedencia ilícita de su marido, responsabilidad que ya habría asumido con medio millón de euros adelantados, exactamente la cantidad que le pedía la fiscalía.

En junio de 2018, el Tribunal Supremo confirmó la absolución de la infanta Cristina, rebajando también la responsabilidad civil a 136.950 euros y condenando en costas al sindicado Manos Limpias por su acusación contra le hermana del Rey y fue condenada al mismo tiempo a pagar la mitad de los gastos procesales de Ana María Tejeiro, la mujer de Diego Torres.

El Supremo reprochó al sindicato que ahora acusa a la mujer de Pedro Sánchez, también en solitario, de actuar con "ausencia de prudencia y de ponderación" y consideró su actuación "abusiva y perturbadora".

"Ausencia de prudencia y ponderación"

En ese sentido, el Alto Tribunal recordó que Manos Limpias pedía ocho años de cárcel para Cristina de Borbón por dos delitos fiscales, y razonó: "Se hace difícil pensar que un profesional del derecho considere que un delito contra la Hacienda Pública del que no es autor, sino cooperador necesario y por cuantía no superior a 120.000 euros, merezca ese máximo punitivo, despreciando sin razones especiales la posibilidad del artículo 65.3 del Código Penal que permitiría rebasar por debajo el mínimo legal o minimizando el dato de que la cantidad adeudada ha sido íntegramente consignada", subrayó el tribunal en junio de 2018. Por ello, la Sala apreció en el comportamiento procesal de Manos Limpias, al menos en las últimas fases del procedimiento, "una ausencia de prudencia y de ponderación y una absoluta y aparentemente deliberada y preconcebida impermeabilidad a cualquier elemento que pudiera favorecer a quien acusaba en solitario".

Miquel Roca, abogado de la Infanta Cristina. / EFE

La extorsión a la defensa de la infanta

Finalizado el juicio del Caso Nóos en la Audiencia de Palma, la defensa de Cristina de Borbón desveló que el sindicato Manos Limpias, la única acusación que perseguía a la hermana del Rey, le exigió "una cifra desorbitada" de dinero, posiblemente unos tres millones de euros, a cambio de retirar todos los cargos en el juicio del caso Nóos.

Los hechos fueron desvelados en Barcelona por el letrado Pau Molins casi al mismo tiempo que en Madrid se detenía al presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad. Junto al también presidente de la asociación de usuarios Ausbanc, Luis Pineda (que también fue ayer detenido), Bernad fue acusado de exigir dinero a varias entidades bancarias a cambio de retirar la acusación en varios procesos judiciales. Pau Molins, Miquel Roca y Jaime Riutord  confirmaron que estas actuaciones de Manos Limpias fueron comunicadas a la Policía y al fiscal Pedro Horrach.

Un destructor de reputaciones

Un año después del pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la sentencia del caso Nóos, en 2019, el exfisca Anticorrupción Pedro Horrach participó en Palma en la presentación del libro 'Manos Limpias, manos sucias', del periodista Javier Chicote.

Horrach aseguró que el sindicato Manos Limpias "ha destruido muchas reputaciones" yabogó por eliminar la figura de la acusación popular del sistema jurídico español, porque "es una perversión".

Pulsa para ver más contenido para ti

"Me hicieron daño, igual que hicieron daño a muchísima gente", enfatizó Horrach durante aquel acto. Horrach manifestó que Manos Limpias funcionaba "presentando continuamente denuncias", persiguiendo la "destrucción social" de sus víctimas, sin importar "ni cómo, ni quién estaba delante". De hecho, el que ejerció la acusación pública en el caso Nóos explicó que fue objeto de varias demandas por parte del sindicato, que fueron desestimadas.

Pulsa para ver más contenido para ti