El PP se queda solo en la suspensión del conflicto Congreso-Senado por la amnistía y no lo elevará al TC

El conflicto institucional entre el Congreso y el Senado por la amnistía, la gran respuesta del PP contra la tramitación de la medida de gracia, se ha quedado en nada. La misma mayoría absoluta que los populares emplearon hace poco más de un mes para aprobar este choque, asegurando que la medida de gracia era una "reforma encubierta de la Constitución", ha sido la que este jueves ha echado por tierra la iniciativa para no tener que elevar el conflicto al Tribunal Constitucional.

Los conservadores, que se han quedado solos en la votación, argumentan que la Mesa del Congreso, el órgano que rechazó la petición del Senado de retirar la amnistía, no tiene competencias para responder y que debería haber sido el pleno de la Cámara Baja quien se pronunciara. Según ha explicado el senador del PP Antonio Silván, la falta de una respuesta por parte del pleno les incapacita para continuar con el procedimiento abierto y escalar el conflicto al Tribunal Constitucional. Así, ha defendido que mientras eso no se produzcan dejarán "en suspenso" el procedimiento.

Además, Silván ha lanzado un aviso: "Si la Mesa del Congreso no cumple la ley, desde el PP estudiaremos las acciones que en derecho nos pudiera corresponder". En este sentido, ha exigido a este órgano, presidido por Francina Armengol y con mayoría de PSOE y Sumar, que lleven el requerimiento del Senado de retirar la amnistía a debate en el pleno. "Mientras eso no se produzca, nosotros dejaremos sin efecto este acuerdo, pero teniendo en cuenta, además, que estudiaremos las medidas que correspondan contra esos acuerdos de la Mesa del Congreso", ha insistido.

Argumentos en contra

No obstante, los propios conservadores admiten en el texto aprobado este jueves que existe un precedente en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 1985, inició un conflicto competencial con el Congreso y fue la Mesa de la Cámara Baja quien respondió, "dándose el Tribunal Constitucional por satisfecho". Pese a reconocer la existencia de este caso, el PP considera que "este precedente carece de validez como referencia para casos futuros". Todo ello según su interpretación.

Además, el senador del PSOE Francisco Manuel Fajardo ha recordado que la letrada mayor del Senado recogió en un informe que la respuesta del Congreso “debe darse como realizada a los efectos de poder presentar ya el recurso ante el TC". Así, avalaba que el procedimiento podía seguir adelante aunque hubiera sido la Mesa de la Cámara Baja y no el pleno quien contestó al requerimiento del Senado.

Las críticas

Los populares han sido los únicos que han votado a favor de dejar sin efecto el conflicto. Un senador de Vox se ha opuesto, uno de Coalición Canaria y otra de UPN se han abstenido y el resto no ha participado en la votación a modo de queja. Todas las formaciones que han participado en el debate, a excepción del PP, obviamente, han criticado este giro de 180º que solo muestra la utilización constante del Senado para sus propios intereses. "Cuando uno tiene mayoría absoluta y hacer el ridículo, pues hace el ridículo absoluto", les ha dicho el portavoz de Junts, Josep Lluís Cleries, a los senadores del PP. Y la portavoz del PNV, Estefanía Beltrán, ha calificado el pleno de "una filfa, una tomadura de pelo".

Desde Vox hasta los grupos que conforman Sumar han denunciado que el PP nunca tuvo la intención de elevar el conflicto al Tribunal Constitucional por miedo a que rechazaran su recurso. "Están ustedes más asustaditos, los pobres", se ha apiadado Fajardo de la bancada conservadora. Lo cierto es que el pasado 10 de abril, cuando el PP puso en marcha el conflicto, ninguno de sus dirigentes confirmó que fueran a acabar en el tribunal de garantías.