Anticorrupción solicita 17 años de cárcel para Zaplana pero reduce a menos de dos años la pena para sus colaboradores que han confesado a la Fiscalía

El juicio del caso Erial entra en su recta final con la fase de informes. Aunque antes la Fiscalía Anticorrupción ha comunicado las conclusiones definitivas de la acusación por las que mantiene la petición de 19 años de cárcel para el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro, Eduardo Zaplana, pero rebaja a la mínima la petición de condena para sus tres colaboradores que han confesado y que, previo pago del dinero defraudado, logran esquivar la cárcel gracias a este acuerdo de conformidad. Se trata del amigo de la juventud y testaferro confeso de Zaplana, Joaquín Barceló, que se enfrentaba a ocho años de prisión y ahora se reduce a un año y ocho meses. Al igual que el jefe de gabinete de Zaplana al frente de la Generalitat, Juan Francisco García, y los hermanos y empresarios Vicente y Juan Cotino Escrivá, que se enfrentaban a catorce años de prisión, pero que gracias a la conformidad con la Fiscalía aceptan la misma pena que Joaquín Barceló "pachano". Como se recordará, la causa ya no se sigue contra el expresidente de las Corts, Juan Cotino, y tío de los dos empresarios, tras su fallecimiento por covid-19 el 13 de abril de 2020 cuando estaba siendo juzgado en la pieza de la trama Gürtel de la visita del papa.

Anticorrupción mantiene la petición de ocho años de prisión para el economista y asesor fiscal de Zaplana, Francisco Grau, considerado el cerebro financiero de la trama, y Mitsouko Henríquez, la fiel secretaria de Zaplana desde los años 90. Para el expresidente José Luis Olivas la Fiscalía Anticorrupción le retira la acusación por el delito de prevaricación y le acusa de cohecho continuado y otros cinco años para el abogado Saturnino Suanzes.

El fiscal ha comunicado también su intención de retirar la acusación contra la exdiputada del PP, Elvira Suanzes, el peluquero de Zaplana y de José María Aznar, Pedro Romero, y el empresario de la Marina Ángel Salas, ya que, ha argumentado "a la vista del desarrollo del acto de la vista y de las diligencias practicadas es insuficiente para sostener una acusación por los delitos que se les acusaba por lo que interesa sentencia absolutoria ya que su participación no ha quedado acreditada. No existen pruebas suficientes para sostener la acusación" contra estos tres acusados.  

La petición del Fiscal Anticorrupción de 19 años de cárcel contra el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se basa en el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Una actividad ilícita que el Ministerio Público concreta en la comisión de los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa. Junto a Zaplana también se mantiene la acusación por la Fiscalía Anticorrupción el expresidente de la Generalitat y sucesor de Zaplana, José Luis Olivas a quien el representante del Ministerio Público

La Fiscalía Anticorrupción solicita estas penas por la estructura financiera creada por Zaplana junto a sus testaferros a través de una red de empresas en catorce países, en los que llegó a movilizar veinte millones de euros. De hecho, el Ministerio Público solicitó el decomiso de 20,6 millones de euros a Eduardo Zaplana y al resto de acusados, que es la cantidad que considera que "la organización descrita" movilizó a lo largo de veinte años. De estos 20,6 millones, 6,7 millones ya fueron entregados al Juzgado de Instrucción por uno de los presuntos testaferros de Zaplana, el fiduciario uruguayo Fernando Belhot. La justicia también decomisó 126.651 euros en una cuenta a Zaplana, 342.254 euros al exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, y hasta 981.392 euros a la cuenta de la empresa Costera del Glorio, propiedad de otro de los presuntos testaferros de Zaplana.