El Gobierno retira la ley del suelo para evitar otra derrota parlamentaria en 48 horas

El Gobierno se iba a enfrentar este jueves a otro pleno complicado en el Congreso, del que podría salir con una nueva derrota parlamentaria. Después de que el martes sus socios —incluido Sumar, que por primera vez rompió el bloque de la coalición en una votación—tumbaran la propuesta del PSOE contra el proxenetismo, la Ley del Suelo corría el mismo riesgo. Todo estaba en manos del PP, que renunció a presentar una enmienda a la totalidad, pero que cabía la posibilidad de que se uniese a la de ERC, Junts y Podemos para dejar caer la norma del Ministerio de Vivienda. Finalmente, el Ejecutivo ha optado por retirarla del orden del día en la Cámara Baja y abrir una nueva fase de negociación con los partidos hasta tener garantizados los votos suficientes para que esta salga adelante.

La Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha comparecido ante la prensa y ha señalado que, "en los últimos seis meses, no ha escuchado una sola voz que haya puesto una pega a la norma". "Es una norma técnica con bajo perfil ideológico, enlazada con el resto de intrumentos para garantizar el acceso a la vivienda e incrementar el parque de vivienda asequible", ha añadido. Rodríguez lamenta la posición de la formación conservadora: "El PP sabe de la importancia de esta ley y está de acuerdo que es necesaria y buena. Además, es conciente del roto que le está haciendo a sus ayuntamientos y comunidades e, incluso, el sector le ha rogado que la apoyaran. Ha dejado a un lado el interés general, su posición de partido de estado, para dar una zancadilla al Gobierno".

Las claves de la ley del suelo que el Gobierno retira tras el 'no' de sus socios y del PP

Esta mañana, Borja Sémper, portavoz nacional del PP, en la llegada al Congreso, ha apuntado que la voluntad de la formación conservadora era "hablar y negociar", algo que no ha ocurrido. Los socios externos también han criticado el movimiento del PSOE. "No quieren diálogo y negociar leyes", ha explicado Gabriel Rufián, portavoz de ERC, mientras que Óscar Matute, portavoz de EH Bildu, ha añadido: "Hay que cuidar la mayoría parlamentaria, interlocutar y buscar acuerdos sólidos".

Rufián, tras la retirada de la Ley del Suelo: "las lentejas o las comes o las dejas es un mal negocio en política"

Los conservadores no habían desvelado hasta el momento el sentido de su voto y fuentes de la cúpula aseguran a este diario que “no estaba al cien por cien decidido” y que en el transcurso del debate del jueves tomarían la decisión. Alberto Núñez Feijóo aseguró en una entrevista en la 'cadena Cope' en la noche del miércoles que esperaría a conocer "las últimas novedades", recalcando, eso sí, que el Gobierno "no puede pretender" que la oposición "le apruebe las leyes sin diálogo y sin consenso" que ni siquiera puede sacar adelante en su propio Consejo de Ministros.

Es cierto que el líder del PP ya advirtió a Pedro Sánchez durante el debate de investidura del socialista que la elección de “su Gobierno imposible” tendría consecuencias: “Cuando sus socios le fallen, no me busque”. Es una frase que sigue retumbando en Génova y que forma parte de su estrategia de oposición. 

Pero la Ley del Suelo es particular porque no solo toma como base una norma del último Ejecutivo de Mariano Rajoy, sino que se trata de un reclamo de la patronal y de ayuntamientos y comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por los populares ahora. Eso quiere decir que el PP no está exento de presiones por distintos frentes. 

Sin embargo, en la dirección nacional conservadora no esconden que esta derrota —la segunda en solo tres días— implicaría un varapalo político para Sánchez muy relevante, coincidiendo encima con en el arranque de la campaña europea: unos comicios que el PP plantea como un plebiscito sobre el presidente del Gobierno. 

El grupo parlamentario popular está empeñado en demostrar que la mayoría parlamentaria de Sánchez es inconsistente y artificial. Desde el día de la investidura de Sánchez el PP advierte de que “en cualquier momento empezaría a perder las votaciones” y siempre ha especulado con la dificultad de que todos los socios —de distintas ideologías y nacionalistas— estén de acuerdo en la agenda legislativa gubernamental. “Esto iba a pasar. Sánchez pactó la ley de amnistía para ser presidente, pero la realidad es que es un Gobierno débil que no tiene apoyos y que vive en una permanente huida hacia adelante”, explicaban este miércoles a última hora dirigentes de la cúpula del PP.

Hay cargos que admiten la dificultad de oponerse a esta Ley del Suelo, que tiene muchos puntos que forman parte de la agenda del PP. La vicesecretaria popular del ramo, Paloma Martín, advirtió desde el primer momento que la norma nacía “coja”, pero el hecho de que los conservadores registraran enmiendas parciales implicaba la posibilidad de un apoyo, como publicó este diario. Siguen reconociendo esa realidad, igual que también hace dos años asumían la propuesta del proxenetismo que este martes tumbaron. El momento político —en pleno ciclo electoral— influye.

Y, de hecho, fuentes del partido reconocen que si finalmente la ley cae, no es descartable que sea el PP el que vuelva a registrar su propuesta a través de una proposición de ley intentando recabar apoyos del Gobierno, como PNV y Junts. “¿Cuándo se ha visto que la oposición impulse las leyes en vez del Ejecutivo?”, ironizaban.

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¿En qué consiste la Ley del Suelo?

La modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobada en el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo, tiene como fin dotar de mayor seguridad jurídica a la planificación urbanística de las ciudades, evitando que los planes generales decaigan por simples defectos de forma y sean declarados nulos.

La principal modificación que incluye la norma es la creación de una nueva figura, la nulidad parcial. Esta aplicaría a un plan general cuando se incurra en errores menores que no afecten a aspectos sustanciales. Si finalmente esta modificación legislativa se aprueba, se dará un año de plazo (ampliable en seis meses más) a los ayuntamientos para que estos sean solventados. Con la anterior regulación, en cambio, una simple equivocación o la no inclusión de un documento suponía la nulidad de todo el plan en los tribunales, aunque este fuese secundario dentro de todo el proyecto urbanístico.

Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana señalan que la entrada en vigor de la modificación es necesaria para poner fin a la "inseguridad jurídica" que se ha generado en la planificación de las ciudades. Esta petición ha sido secundada, en el pasado, por la doctrina del Tribunal Constitucional, la Federación Española de Municipios y Provincias y varias comunidades, que han impulsado varios manifiestos, y patronales, como la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE). Estas mismas fuentes cifran "en más de 100" los planes generales de ordenación urbana anulados, además de los que no se han redactado y tramitado por la posibilidad de que un recurso "tumbara el trabajo de varios años".

En la modificación de la Ley de Suelo también se incluye cambios en el silencio negativo. Este fenómeno supone que, cuando una administración pública no responde a la petición de un permiso, se entiende que no ha sido concedido. Ahora, si la tramitación prospera, se establecerá que cuando una promoción de viviendas sea llevada a cabo por un ente público, pasado el plazo sin contestación, el silencio será positivo para garantizar su puesta en marcha."Se trata de una modificación sencilla y reclamada con bastante insistencia por entidades locales, comunidades autónomas y el sector", señalan desde el Ministerio de Vivienda. La Comunidad de Madrid, liderada por el PP, incluyó una figura similar en su Ley Ómnibus.

Este cambio en la regulación existente se empezó a gestar, en 2018, durante la última legislatura de Mariano Rajoy. Tras la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, esta decayó, aunque fue recuperada, posteriormente, en 2022, volviéndose a frustrar su tramitación por la convocatoria de las últimas elecciones generales. Tras la creación del Ministerio de Vivienda, ha sido uno de los primeros cambios legislativos impulsados por Isabel Rodríguez.