La amnistía, la ley de las primeras veces, llega a su fin parlamentario este jueves

Nada parece quedar al azar en la tramitación de la ley de amnistía. Ni siquiera la fecha de su aprobación, el próximo jueves, cuando se cumplen 200 días exactos desde que el PSOE registró la norma en solitario. El visto bueno definitivo del Congreso, donde se volverá a unir el frágil bloque de la investidura tras los choques de esta semana, se producirá tras más de medio año en el que la medida de gracia ha copado al completo la agenda legislativa. Y no era para menos. Más allá de ser esencial para engrasar la mayoría que hizo presidente a Pedro Sánchez, la amnistía se ha convertido en la ley con la tramitación parlamentaria más loca. A cada paso que daba, se abría un escenario nunca antes contemplado.

Este jueves, cerca de las 11 de la mañana, se producirá una de estas primeras veces: el Congreso aprobará la primera amnistía desde que está en vigor la Constitución de 1978. Para ello, serán necesarios los votos de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, Podemos, BNG y el de José Luis Ábalos, actualmente en el grupo Mixto. 178 'síes', tan solo dos más del mínimo necesario para levantar el veto que impuso el PP en el Senado. Sin embargo, esta ley de amnistía viene haciendo historia desde mucho antes.

Los comienzos

El 6 de octubre de 2023 fue la primera vez que Sánchez pronunció la palabra "amnistía". Lo hizo en Granada, al término de un Consejo Informal de la Unión Europea. La medida de gracia llevaba semanas sobre la mesa de negociación con ERC y Junts, pero el presidente fue reticente hasta entonces a nombrarla. Aun así, las conversaciones con las formaciones independentistas se alargaron durante otro mes y el 13 de noviembre la ley se materializó en 16 páginas. A partir de ahí, todo se precipitó.

Nada más registrarse la ley, el PP colocó en el centro de la diana a los juristas de las Cortes Generales al acusar al letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, de ser afín al PSOE. En los días siguientes, Galindo firmó el primer informe favorable a la norma y la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría de PSOE y Sumar, aceptó tramitar una amnistía por primera vez. Además, los populares modificaron el reglamento del Senado con el objetivo de retrasar la tramitación.

Trámites inéditos

Tras un primer debate, el 12 de diciembre de 2023, la ley se envió a la comisión de Justicia y en las semanas siguientes se modificó el texto en dos ocasiones con las enmiendas pactadas por PSOE, ERC y Junts para perfilar, sobre todo, la cuestión del terrorismo. Los planes del PSOE y de la gran mayoría de los partidos eran aprobar el texto el 30 de enero, pero los posconvergentes se negaron y votaron en contra. Se produjo, entonces, otra de las anomalías de esta ley.

El Gobierno y todos sus socios votaron a favor del dictamen de la ley de amnistía, esto era el texto legislativo en sí que provenía de la comisión de Justicia. Sin embargo, en la siguiente votación, Junts se opuso a su aprobación definitiva, que requería de una mayoría absoluta (176 apoyos o más). El resultado fueron 171 votos a favor frente a 179 en contra. Era una situación inédita. El dictamen estaba aprobado, pero la ley había sido rechazada. Los letrados decidieron que regresara a la comisión y, tras más cambios, el Congreso la aprobó el 14 de marzo.

Final complejo

La ley fue remitida al Senado y el PP desplegó todas las herramientas a su alcance para intentar frenar la norma. Todas ellas supusieron una primera vez. Con su mayoría en la Mesa del Senado requirió un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que nunca había ocurrido; solicitó otro informe a la Comisión de Venecia, que nunca se había pronunciado sobre una ley española que estuviera en tramitación; e impulsó un conflicto institucional contra el Congreso, algo sin precedentes, que el propio PP acabó frenando por voluntad propia.

Pese a todo, los populares se vieron obligados a vetar la ley el pasado 14 de mayo, permitiendo que la norma culminara su tramitación en el Congreso. Es ahora, en esta próxima semana, cuando la Cámara Baja deberá ejercer su primacía sobre el Senado y levantar el voto con una mayoría absoluta. Solo entonces, y tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estará en vigor y su periplo parlamentario habrá terminado. Eso sí, aún queda todo un camino judicial por recorrer que augura muchas otras primeras veces para esta ley.