El Tribunal de Cuentas declara visto para sentencia el 1-O la víspera de la aprobación de la amnistía

La consejera encargada de sentenciar el procedimiento por responsabilidad contable seguido en el Tribunal de Cuentas por el 1-O y la acción exterior del Govern, Elena Hernáez, ha declarado la causa vista para sentencia la víspera de que la ley de amnistía sea aprobada definitivamente en el Congreso, según informó el propio órgano fiscalizador.

Fuentes del Tribunal de Cuentas señalaron a EL PERIÓDICO que si la ley que libra de cualquier responsabilidad en relación con el 'procés' entra en vigor antes de que la consejera dicte sentencia, podría cursar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), si lo considera necesario, al entender que el Derecho europeo pone especial cuidado en la persecución del mal uso de dinero público. Apuntaban que estaba ajustando los tiempos para ello al dar traslado a las partes para presentar sus conclusiones definitivas.

La magistrada se dio prisa en rechazar las peticiones de paralización del procedimiento ante la inminencia de la promulgación de la ley de amnistía planteadas por la defensa de los demandados de ERC, pero después no la tuvo para reclamar a las acusaciones sus conclusiones, escrito equivalente al de acusación definitiva que se presenta al final del juicio en los procedimientos penales.

La vista en la que se realizaron las pruebas que las partes entendieron necesarias para esclarecer el supuesto perjuicio de las arcas de la Generalitat se celebró el 17 de noviembre del año pasado, pero no se concedió plazo a las acusaciones para presentar sus conclusiones por escrito hasta principios de abril. El ministerio público lo interpuso el pasado 16 de abril y mantuvo su cálculo de la responsabilidad contable cometida en 3,1 millones de euros. Por su parte, la acusación popular que ejerce Societat Civil Catalana lo había hecho una semana antes, al elevar a definitiva su petición de 5,3 millones de euros.

Hasta el pasado 30 de abril la consejera no comunicó a la defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los otros 33 demandados que comenzaba a correr su plazo de 10 días hábiles para presentar sus conclusiones de defensa, un plazo que concluyó el pasado día 17, pero hasta este miércoles no ha declarado visto para sentencia el procedimiento.

De esa forma, la consejera deja la puerta abierta a plantear una cuestión prejudicial ante la justicia europea, lo que supondría paralizar la resolución de la presunta responsabilidad contable hasta que el TJUE se pronunciara al respecto, lo que se calcula que puede demorarse un par de años.