Los fiscales del 'procés' se opondrán a levantar las órdenes de detención por la ley de amnistía

Los fiscales que ejercieron la acusación en el juicio del 'procés' han aprovechado la reunión con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, convocada con el objetivo de evitar diferentes criterios a la hora de aplicar la amnistía, para entregarle un informe de más de un centenar de páginas en el que argumentan que no puede aplicarse la ley al delito de malversación y por tanto no pueden anularse las condenas aún en vigor ni alzarse las órdenes de detención y las medidas cautelares dictadas en el procedimiento seguido por el 1-O. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, sigue cumpliendo la pena de inhabilitación, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, tiene una orden de detención pendiente, informaron fuentes fiscales a EL PERIÓDICO.

Los representantes del ministerio público en el juicio del 'procés', Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, consideran que al delito de malversación por el que el Tribunal Supremo condenó a varios miembros del Govern de Puigdemont no puede serle aplicado la amnistía aprobada por el Congreso, lo que supone que las penas no se levantan ni las medidas cautelares y ordenes de detención dictadas no pueden ser alzadas. Contra Puigdemont hay una orden de detención nacional dictada por este delito, que se ejecutará cuando vuelva a España salvo que el juez Pablo Llarena desoiga el criterio fiscal y la levante en ejecución de la amnistía.

Desobediencia

Los representantes del ministerio fiscal entienden que el perdón general sí se puede aplicar a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos que fueron establecidos por el alto tribunal, aunque con el indulto y posterior derogación de la sedición su pena se declaró extinguida. También se impuso por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a los miembros de la Mesa presidida por Carme Forcadell.

De seguir el criterio avanzado este jueves al fiscal general, los representantes del ministerio público en el Supremo responderán al trámite que les ofrecerá la Sala de lo Penal y al juez Pablo Llarena, instructor del 'procés', en el sentido de que no puede aplicarse la amnistía a los condenados o procesados por malversación.

La Sala tiene que pronunciarse sobre la sentencia del 'procés', mientras que Llarena, lo hará respecto a Puigdemont y el resto de los que huyeron, Toni Comín y Lluís Puig. La magistrada Susuna Polo, por su parte, tendrá que pronunciarse en relación con los dos imputados en Tsunami que tienen la condición de aforados.

De seguir el criterio de los fiscales el tribunal y el magistrado, Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva no verán levantadas las inhabilitaciones que aún cumplen por su condena por malversación. Y los que siguen procesados por malversación que huyeron, Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, que seguirán teniendo en vigor las órdenes de detención dictadas en su contra.

Reuniones

Este mismo jueves el fiscal general inició una ronda de reuniones con los fiscales que deben aplicar la amnistía. Además de los 'procés' también estaban los jefes de las Secciones de lo Penal, así como la teniente fiscal del alto tribunal, Ángeles Sánchez-Conde, y el fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo.

Los encuentros continuarán este viernes con los fiscales de Catalunya, que lógicamente es el lugar con más causas afectadas por la ley que entrará en vigor en el mismo momento en que se publique en el BOE. El ministerio público había calculado más de 300 causas afectadas por la nueva ley, sin contar con los hechos que produjeron en la provincia de Barcelona, que es con creces donde más incidentes en principio incluidos en la amnistía se produjeron.

Con estos encuentros, García Ortiz buscaba coordinar la actuación fiscal "en todos los órdenes jurisdiccionales y en todas las instancias", que llama más la atención al ser el ministerio público una institución totalmente jerarquizada. Trata de minimizar los desencuentros que ya se han hecho patentes en los procedimientos más destacados afectados por la amnistía como son las causas abiertas por las protestas convocadas por Tsunami Democràtic, donde prácticamente la totalidad de la Junta de Fiscales de Sala se mostró partidaria de investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado de ERC Ruben Wagensberg por terrorismo en el alto tribunal.

No obstante, el informe final presentado por la fiscalía, redactado por Sánchez-Conde, rechazó esa posibilidad. Se espera que tanto en la causa seguida en el alto tribunal como en la Audiencia Nacional, donde continuó como fiscal Miguel Ángel Carballo, pese a haber sido nombrado fiscal jefe de Ciudad Real, el ministerio público se muestre a favor de la inclusión de estas causas en la amnistía.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y los dos magistrados que instruyen las dos causas relacionadas con el 'procés', Pablo Llarena y Susana Polo, tienen previsto dar traslado a las partes para recabar su parecer sobre cómo se debe proceder para aplicar o no la amnistía en sus respectivos procedimientos.