García Ortiz elude tratar casos concretos en sus reuniones con fiscales sobre la amnistía

Tras un primer encuentro con los fiscales del 'procés', en la que estos explicaron al fiscal general del Estado sus razones para no aplicar la amnistía al delito de malversación de caudales por el que se condenó por el 1-O, Álvaro García Ortiz ha extendido sus encuentros también a los fiscales catalanes y los fiscales jefe de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Cuentas, tribunales que tienen entre manos asuntos afectados por la ley aprobada por el Congreso este jueves.

Fuentes fiscales señalan a El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial que este diario, que en ninguno de los encuentros se han abordado asuntos concretos afectados por la ley de amnistía o se han realizado valoraciones jurídicas. Simplemente lo que se ha tratado es cómo deben proceder las distintas fiscalías en todos ellos, para determinar quién debe pronunciarse, a quién deber elevarse y otras cuetiones de coordinación para garantizar la unidad de actuación y la dependencia jerárquica.

Esa unidad es especialmente necesaria, por ejemplo, entre el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas, porque este busca resarcir a la Generalitat lo que el primero declaró malversado en la sentencia del 'procés', así que el ministerio público debería ir de la mano en los dos procedimientos. El procedimiento del 1-O y de la acción exterior ha quedado visto para sentencia, así que en cuanto entre en vigor la amnistía, la consejera encargado de hacerlo, Elena Herráez, podrá plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según la legislación contable, cualquier paso tendrá que ser consultado en primer lugar con el fiscal jefe, Manuel Martín-Granizo.

El fiscal general también se ha reunido este viernes con el fiscal superior de Catalunya, los cuatro fiscales jefe provinciales y los de las seis áreas para cómo coordinar la aplicación de la amnistía en el territorio donde más causas afectadas por la ley se acumulan. Se contaban más de 300 sin contar la provincia de Barcelona, que es con creces donde más actos que podrían estar incluidos en la ley se cometieron. Los catalanes no le entregaron ningún documento.

Los fiscales del 'procés' Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, los primeros en entrevistarse con García Ortiz, aprovecharon el encuentro para entregarle un informe de más de un centenar de páginas en el que argumentan que la amnistía no se puede aplicar al delito de malversación por el que el Supremo condenó a los líderes independentistas y por tanto no se pueden levantar sus condenas ni anular las órdenes de detención, lo que supone no levantar la inhabilitación al presidente de ERC, Oriol Junqueras, ni retirar la que tiene pendiente el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El criterio definitivo del ministerio fiscal será adoptado por el fiscal general tras estudiar el documento de los fiscales del Supremo y se aplicará a todo el ministerio público, que se rige por los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica.

Las reuniones también se han extendido a Jesús Alonso, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, donde hay dos causas que pueden verse afectadas por la amnistía: Tsunami Democràtic y la seguidad contra la presunta célula terrorista de los Comités de Defensa de la República (CDR), en la que el ministerio público pide 27 años de cárcel para ocho de los 12 acusados. En esta última la Sala de lo Penal ha fijado para el próximo 27 de junio la vista en la que las defensas plantearán sus argumentos contra la celebración del juicio, entre las que destacará la propia amnistía.

El fiscal Miguel Ángel Carballo, a diferencia del juez Manuel García Castellón, nunca ha visto terrorismo en la causa abierta por las protestas convocadas por la plataforma contra la sentencia del 'procés' y al abandonar la Audiencia Nacional para asumir la jefatura de la Fiscalía de Ciudad Real decidió seguir adscrito a este procedimiento.

Su pretensión de negar el terrorismo perdió cualquier posibilidad de prosperar cuando el Tribunal Supremo decidió abrir una causa por los mismos hechos contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg.