El Gobierno teme que la "interpretación interesada" de algún juez frene la aplicación de la amnistía

Aprobada definitivamente por el Congreso la ley de amnistía, tras un tortuoso trámite parlamentario de más de medio año, su aplicación quedará ahora en manos de los jueces. Desde el Gobierno defienden su “legitimidad” y confían en su aplicación según los términos previstos, pero sí reconocen ciertos temores. Esto es, que algún juez en particular “ejerza una interpretación legal interesada”, según apunta un ministro socialista del círculo más cercano de Pedro Sánchez.

En público, los miembros del Gobierno mantienen un respeto escrupuloso a las decisiones que puedan adoptar los jueces a partir de ahora, si bien lo combinan con una suerte de advertencia: “Ya tiene el respaldo del Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia”. Un aval “jurídico” que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, sumaba este jueves al respaldo parlamentario, con el apoyo de todos los grupos a excepción de Vox y el PP, y al respaldo social, en referencia a las pasadas elecciones en Cataluña.

Otras fuentes socialistas deslizan sus dudas por las “informaciones” de las últimas semanas, especialmente las relativas a la distribución de una guía desde el correo corporativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con formularios para elevar cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) o cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este último paso retrasaría la aplicación de la medida de gracia en el caso concreto que se haya planteado hasta en un par de años.

Todo ello eleva las dudas sobre las fechas del anunciado retorno del 'expresident' Carles Puigdemont, sobre el que evitó dar pistas en su declaración este jueves desde su residencia de Waterloo para valorar la aprobación de la norma. Puigdemont celebró que se cumple un compromiso de investidura "imprescindible" para negociar en igualdad de condiciones, aun vaticinando que no será un camino de rosas "comenzando por la aplicación de esta ley".

Por lo pronto, los fiscales del ‘procés’ consideran que la amnistía no es aplicable en los casos de malversación al afectar “a los intereses financieros de la UE". Así consta en un documento de 110 páginas entregado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según sostienen, la ley de amnistía solo sería aplicable a la desobediencia y a los desórdenes públicos. De ahí su conclusión de que "no procede acordar el alzamiento de las medidas cautelares y órdenes de detención” ni tampoco "considerar extinguidas las condenas impuestas" a líderes del ‘procés’ como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras.

El socio minoritario de la coalición de Gobierno, a modo de reacción, reclamó al fiscal general del Estado dar instrucciones a los fiscales para garantizar la aplicación de la ley. A través del exdiputado y candidato a las europeas, Jaume Asens, en el espacio de Yolanda Díaz consideran necesario contrarrestar con “instrucciones claras” la posibilidad de que los jueces "impongan su voluntad". Tras la votación de este jueves, en Sumar lamentaban la guía distribuida por el CGPJ al considerar que buscaría “interferir” en las decisiones de los jueces y “alterar la independencia judicial”.

Retraso de la entrada en vigor

Antes de la aplicación por parte de los jueces, el paso previo es la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para la entrada en vigor de la norma. Para ello, los independentistas tienen una prisa que no parecen compartir en el Ejecutivo. El titular de Presidencia y Justicia evitaba concretar fechas recurriendo a la fórmula de que se publicará “en los próximos días”. Sin embargo, otras fuentes gubernamentales rebajan las prisas de ERC y Junts para dejar en el aire que pueda entrar en vigor antes de las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

El Gobierno no tienen intención de acelerar los trámites preceptivos y explican que lo normal es un plazo de, al menos, una semana para llevarse al BOE. Después de publicarse en el Boletín General de las Cortes Generales y ser sancionada por el rey. La Constitución marca un plazo de quince días para la sanción de la ley. Sin embargo, con otras normas aprobadas por el Congreso sí se han hecho estos trámites de forma exprés, como sucedió con la derogación del delito de sedición del Código Penal. Una reforma pactada con ERC que se publicó en el BOE al día siguiente de su aprobación en la Cámara baja.

"Esto no se arregla"

Además de dar una apariencia de normalidad a la norma, su promulgación después de las elecciones europeas sacaría de la campaña la posibilidad de un choque entre los poderes legislativo y judicial por la aplicación de la norma. Los independentistas ya dejaron entrever durante sus intervenciones en el pleno de este jueves que ahora sería el turno de lo que Gabriel Rufián, portavoz de ERC, denominó “partido judicial”.

Desde Junts se viene utilizando en la campaña de las europeas este hecho como elemento movilizador de su electorado para las europeas ante lo que denominan ‘lawfare’. “Con un PSOE y unos partidos españoles acomplejados, esto no se arregla”, advertía desde la tribuna Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso. El retraso en la entrada en vigor de la norma no hace más que alimentar este discurso en contexto no solo electoral, sino también de negociaciones para la conformación de la Mesa del Parlament, previas al proceso de investidura en el Parlament catalán.