El Gobierno resta importancia a la citación de Begoña Gómez: "El informe de la UCO es claro"

Entre el intento de normalizar algo esperado y el argumento de que todo quedará en nada. Tanto en Moncloa como en Ferraz replican que “el informe de la Guardia Civil es claro” tras la decisión del juez del llamar a declarar como imputada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Este salto cualitativo en el caso Begoña Gómez ha irrumpido de lleno en la campaña de las europeas, a tan solo cinco días de que se abran las urnas, y en el PSOE tratan de blindarse rebajando tanto las consecuencias como el efecto jurídico. Eso sí, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, reconocía este mediodía en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros su "extrañeza" por conocerse la citación "precisamente esta semana".

Otras fuentes del Gobierno destacan que el "cronograma" y la forma en la que se ha ido "avivando" la investigación destaparían "claramente una estrategia". De ahí que no solo minimicen su impacto electoral, sino que hasta defiendan que pueda activar al electorado progresista como repulsa a un supuesto ataque orquestado.

El juez cita a Begoña Gómez el 5 de julio como investigada por corrupción en el sector privado y tráfico de influencias

"No tiene ninguna lógica procesal", denuncia un ministro socialista argumentando que el momento habitual para realizar la citación hubiera sido en la misma admisación a trámite o, tras decidir esperar, cuando concluyesen las declaraciones de los testigos. Más allá de que lo "normal" para este ministro es no tomar este tipo de decisiones en campaña electoral, concluye que la razón podría ser "ayudar" a una determinada formación política.

"No hay nada de nada"

Públicamente, la portavoz del Ejecutivo ha querido trasladar su "tranquilidad" porque "no hay nada de nada". Para ello ha citado en diversas ocasiones el referido informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En el equipo de colaboradores del presidente del Gobierno aseguran también que no le ha sorprendido esta decisión, al margen del momento, porque se trataría de un "camino que se estaba dibujando".

Cuando se conoció que la mujer del jefe del Ejecutivo tenía la calidad de investigada, los socialistas ya insistieron en que era lo previsto en este proceso. Al mismo tiempo insistían en que “no hay caso” y elevaban el tono sobre una supuesta máquina del fango en la que intervendrían “pseudomedios” con informaciones falsas alentadas políticamente por PP y Vox para finalmente judicializarse de la mano de organizaciones ultraderechistas. Este es el relato que puso sobre la mesa Pedro Sánchez tras retirarse cinco días a meditar sobre su dimisión por lo que consideró acoso a su entorno familiar.

Estrategia "obvia", pero sin prevaricación

La providencia dictada por el juez instructor número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, tiene fecha del pasado 29 de mayo y en ella se da cuenta de una consulta realizada por la Fiscalía Europea en relación con los citados contratos. Mientras se aclara si la contratación debe ser competencia del órgano europeo, el juez abre separada "en la que se acordará lo procedente".

 Durante su última intervención en el Congreso para dar cuenta entre otros asuntos de la situación de su esposa, el jefe del Ejecutivo defendió su actividad profesional y apuntó un “pronto” archivo de la causa”. Además de convertir las explicaciones en una denuncia de lo que denomina la "máquina del fango", sin entrar al detalle, concluyó que “mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable". Fuentes del Ejecutivo destacan que se trata de una estrategia "tan obvia" que puede "volverse en contra" de los denunciantes. Eso sí, nadie en el Gobierno quiere hablar de prevaricación, ni en público ni en privado, aun deslizando sus dudas.

Como había hecho en algunas entrevistas previas, Sánchez rebajó la investigación para negar tanto una supuesta intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa con dinero público ni tampoco por haber firmado cartas de recomendación a empresas que optaban a concursos públicos. "El juez que investiga ese caso en la Audiencia Nacional ha dicho ya, hasta en dos ocasiones, que con una serie de bulos sin contrastar no da ni para citar a mi esposa como testigo", señaló en referencia a la compañía aérea. Asimismo, rebajó las cartas de recomendación a "declaraciones de interés" que no habrían sido tenidas en cuenta en la valoración de un concurso, "junto a más de 30 empresas e instituciones tales como el Ayuntamiento de Madrid".