El juez y la fiscalía agravan su choque por la imputación de Begoña Gómez

Más allá del impacto político que tiene el hecho de que un juez cite a declarar a la mujer del presidente del Gobierno por delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias --lo que supone su imputación formal en una causa penal-- la investigación sobre la actividad laboral de Begoña Gómez está sacando a la luz un insólito enfrentamiento entre el instructor del procedimiento, el juez Juan Carlos Peinado, y la Fiscalía de Madrid, a la que éste dirige graves reproches en varias de sus resoluciones.

A la confrontación judicial parece seguirle la política. Pocas horas después de conocerse la citación, Pedro Sánchez volvió a utilizar el formato de carta a la ciudadanía para apuntar directamente al procedimiento que se instruye contra su mujer y asegurar que llamarla a declarar forma parte de “una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno”. 

Por lo que respecta al choque en los juzgados, se pone de manifiesto de forma contundente en el auto por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 41 cita a Gómez en calidad de investigada el próximo 5 de julio. En su resolución, Peinado reprocha al fiscal José Manuel Baldomero que acudiera directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid para tratar de cerrar el caso "con una diligencia inusitada y una celeridad, escasamente frecuente, por no decir nunca conocida", para justificar a continuación la citación de Gómez con el fin de "evitar una estigmatización infundada" en el caso de que hubiera que esperar al resultado de las diligencias de investigación que ha ido acordando.

De este modo, Peinado se coloca en la misma posición que sus compañeros de la Audiencia Provincial de Madrid, quienes al rechazar el recurso de la Fiscalía también calificaron su movimiento de "inusual". En este caso, los magistrados advertían que un carpetazo al asunto en un momento tan inicial de las pesquisas podría crear "lagunas de impunidad" puesto que los comportamientos penalmente relevantes no siempre son fáciles de establecer. 

Amonestación por visitas

En todo caso, la recriminación más sorprendente por parte de Peinado al fiscal adscrito al caso, por poco habitual, fue la incluida en otra resolución dada a conocer la semana pasada, en una providencia en la que encomendaba a su letrado de la administración de justicia que tomara nota del número y frecuencia de las visitas de Baldomero a su juzgado por parecerle excesivas.

Concretamente, apercibía al fiscal del caso por sus "frecuentes e inusuales visitas personales" a la sede del órgano de instrucción. Pese a reconocer que el fiscal está "en su pleno derecho", advertía de su insistencia para conocer "con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no solo dictadas sino las que pudieran llegar a dictarse". 

Estos reproches fueron respondidos de forma extraoficial por fuentes del Ministerio Público, que señalaron a este diario que el juez no está notificando sus resoluciones y esa es la razón por la que el fiscal del caso se dirigía al juzgado cuando las veía publicadas en prensa, a pesar de que en dicho momento la causa se encontraba bajo secreto.

Reproches de la Fiscalía

Pero desde la Fiscalía también se han censurado por escrito las posiciones del juez, más allá de defender que no se ven indicios para seguir adelante en la causa contra Begoña Gómez. En el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid el fiscal del caso llegaba a tachar la investigación de "prospectiva", una posibilidad vetada en la Constitución.

Más tarde el fiscal de Madrid reprochaba al instructor haber "orillado y omitido de forma improcedente" sus peticiones para el levantamiento del secreto de sumario. Más tarde, en otro escrito llegaba a calificar ""chocante" que "persistiera en el error" y mantuviera inicialmente las pesquisas de forma secreta.

El juez cita a Begoña Gómez como investigada el 5 de julio y lo justifica en que quiere evitar "estigmatizarla"

"No existe causa ni justificación inicial para el secreto de las actuaciones ni tampoco es objeto de motivación al caso. Pero persistir y perseverar en el error cuando obra en las actuaciones un informe de la Guardia Civil, a cuyo contenido nos remitimos, resulta chocante, indicaba de forma literal en alusión al análisis de la Guardia Civil que destaca en inicio la existencia de delito en los hechos denunciados. 

Subiendo el tono en el mismo recurso el fiscal llegaba a acusar al juez de haber omitido "cualquier intento de motivación" para mantener la causa "oculta a la defensa. Nada se dice y nada parece existir, y desde luego, nada se exterioriza", zanjaba el escrito. El secreto fue levantado dos días más tarde.