Sánchez arremete contra el juez que investiga a su mujer como revulsivo electoral

Pedro Sánchez redobla su denuncia contra la “máquina del fango” y apunta directamente al juez que investiga a su mujer por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Tras conocerse este martes la citación de Begoña Gómez como imputada, el jefe del Ejecutivo ha recurrido nuevamente al formato de la “carta a la ciudadanía” para desacreditar la decisión por saltarse “la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos”. Sin eufemismos, remata su misiva alertando de que la “coalición ultraderechista” trataría de “interferir en el resultado electoral” de las europeas del próximo domingo y llama al electorado progresista a movilizarse contra ello en las urnas.

El presidente del Gobierno no solo busca limitar el impacto electoral de esta información a las puertas de las elecciones, sino darle la vuelta y utilizarla para reactivar al votante progresista. Movilizarlo y aglutinarlo en la papeleta del PSOE para responder a los ataques ante los que se presenta como víctima. Sánchez ha puesto en su boca unas acusaciones, al deslizar una suerte de guerra sucia -tanto mediática y política como judicial-, que dirigentes de Ferraz y del Gobierno solo se atrevieron durante la jornada de ayer a expresar en privado.

En Ferraz y Moncloa se asumía que el siguiente paso en el proceso judicial abierto contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, era su citación como imputada, pero en ningún caso que se formalizase a las puertas de las elecciones europeas de este 9 de junio. En la dirección del partido vincularon esta decisión a una “estrategia clara” para perjudicar sus intereses electorales y, anticipando las palabras de Sánchez, se arremetió contra una “filtración que pretende claramente influir en el transcurso normal que se desea para todo proceso electoral”.

Tanto la dirección del partido como en el Gobierno se cuidan de no emplear la palabra “prevaricación”, si bien blanden argumentos tanto jurídicos como políticos para arremeter contra el juez que investiga a la esposa de Pedro Sánchez. En el plano procesal, los socialistas aducen que no tiene “ninguna lógica” anunciar su citación para el próximo 5 julio sin antes escuchar al resto de testigos, con un mes de antelación y sin atender al informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según el cual no se encontrarían indicios de delitos en la actividad profesional de Begoña Gómez.

En el plano político, denuncian que el momento elegido por el juez para anunciar formalizar la imputación de la mujer de Sánchez busca favorecer a la oposición. “Si no quieres influir lo normal es que no hagas nada” en este contexto, añade un miembro de la ejecutiva y ministro socialista. En esta línea apunta a que la “utilización” en medio de la campaña buscaría “ayudar a una determinada formación política”.

Sánchez, por su parte, invitó a la ciudadanía a “sacar sus propias conclusiones” por la supuesta interferencia electoral en un proceso que enmarca como “un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes”.

Cuando se presentó la denuncia, los socialistas ya apuntaron a una supuesta guerra sucia judicial tanto al referirse a una investigación prospectiva como al compararlo con casos enmarcados dentro del ‘lawfare’ como el expresidente de Brasil, Lula da Silva, o el de Portugal, António Costa. Precisamente, la única persona con la que trascendió que hablase Pedro Sánchez tras retirarse en Moncloa a meditar sobre su dimisión tras conocerse la denuncia contra su esposa fue Lula da Silva. La denominada guerra sucia, en el terreno judicial, político y mediático, marcó la biografía política de Lula. Inhabilitado y hasta encarcelado por un caso de corrupción, años después se anularon todos sus cargos y volvió a la primera línea política para ser reelegido presidente.

“Estamos tranquilos”

Los alcaldes socialistas lanzaron durante aquellos cinco días de abril un manifiesto donde se denunciaba que Sánchez era víctima de ‘lawfare’. Concretamente, aludían a una campaña contra el presidente del Gobierno, a través de su entorno familiar, que comparaban con “una corriente de impulso al 'lawfare' que ha tenido ya sus primeros precedentes en Europa”.

La carta a la ciudadanía de Sánchez, que emula el formato que utilizó cuando se retiró para meditar sobre su dimisión, tiene un claro componente para neutralizar un posible efecto desmovilizador entre sus potenciales votantes. Principalmente, refiriéndose a una campaña orquestada en la que mezclan a PP y Vox con las organizaciones ultraderechistas que impulsaron la denuncia contra su esposa.

Antes de la difusión de la misiva, en la sala de máquinas electoral del partido minimizaban el efecto que pudiera tener esta información en las elecciones del próximo domingo. Según defienden, las preocupaciones de los electorales son otras y este caso estaría amortizado. El electorado progresista, dicen, estaría vacunado frente a lo que denominan fango. Asimismo, aseguran que entre sus cuadros no se atisba preocupación con este tema. Al menos no se traslada inquietud ni se pregunta como sí se hacía después de haber pactado la amnistía, explica un miembro de la cúpula de Ferraz. En su carta, Sánchez insiste en que “estamos absolutamente tranquilos” porque “no hay nada detrás de esta acusación”.

Efecto bumerán

En Génova no lo entienden así. Tras revelarse la citación de Gómez como investigada, se puso todo el foco en la “corrupción de Moncloa” y Alberto Núñez Feijóo exigió explicaciones ante un hecho que "obliga a Sánchez a asumir su responsabilidad política". "No hay precedentes de que el entorno de la Moncloa se haya investigado así en 46 años de democracia. Ella tendrá que dar las respuestas oportunas ante el juez, pero él ahora mismo tiene que dar explicaciones, tomar decisiones y asumir responsabilidades", subrayó ya a mediodía en un mitin desde Santander.

Acostumbrados a darle la vuelta a los ataques de la oposición para aplicarles un efecto bumerán en favor, otros dirigentes socialistas sí señalaban que esta situación puede acabar ayudando a movilizar al electorado progresista. Al dejar en evidencia que detrás hay una estrategia de “acoso y derribo”. “Ahora se ve perfectamente cómo se han ido avivando las cosas”, sentencian estas mismas fuentes. “Es tan obvio que puede volverse contra quien lo hace”, sentencia otro miembro de la ejecutiva y ministro socialista. La carta de Sánchez es precisamente un intento de revulsivo electoral y de aglutinar todo el voto progresista para que la ultraderecha “encuentre la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes”.