Podemos lanza un ERE para despedir a más de la mitad de su plantilla tras la debacle de las últimas elecciones

Podemos abre un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que implicará el despido de más de la mitad de la plantilla y el cierre de nueve federaciones tras los malos resultados del 28 de mayo, donde pasó a ser testimonial y desapareció del mapa en cinco comunidades. El partido justifica esta reestructuración por una fuerte caída de ingresos, que cifran en el 90% a nivel autonómico y el 70% a nivel estatal, al obtener cinco diputados en las elecciones generales del pasado 23 de julio dentro de la coalición Sumar, que logró un total de 31 escaños.

La formación ha remitido un escrito a los trabajadores afectados -de la organización central y de nueve federaciones- donde anuncia una "profunda reorganización en todos los ámbitos para adecuarnos al descenso de recursos" tras los resultados del último ciclo electoral, con "el descenso de diputados" y "la desaparición, total o parcial de ingresos" en estos nueve territorios. Un "nuevo escenario", justifica la formación, que necesita de importantes reajustes para mantener el "firme objetivo de asegurar la acción política de Podemos y garantizar el avance de las políticas transformadoras".

Los territorios afectados

Las federaciones que sufrirán los despidos son Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, donde se prevé "la extinción de los contratos y el cierre de los centros de trabajo", según señala la formación en el escrito, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

La oleada de despidos también afectará a los trabajadores de la organización a nivel estatal, donde se producirá "una reducción de plantilla" que afectará a más del 10% de los trabajadores, el umbral mínimo por el que es obligatorio iniciar un procedimiento laboral de estas características.

De los 106 trabajadores afectados, se da por hecho la salida de al menos 45 procedentes de los territorios. La previsión de Podemos es despedir a todos los empleados de las nueve federaciones afectadas: 5 en Aragón, 7 en Asturias, 8 en Baleares, 6 en Canarias, 4 en Castilla-La Mancha, 1 en Cantabria, 3 en Galicia, 4 en la Comunidad de Madrid y 7 en la Comunidad Valenciana.

La cifra podría ser similar en el caso del partido a nivel central, teniendo en cuenta que prevé una reducción de ingresos del 70% en este ámbito. Un porcentaje que, de materializarse en despidos, conllevaría la salida de 43 trabajadores de los 61 que hay actualmente en la organización estatal. Esta cifra deberá concretarse en las negociaciones que ahora se abren entre la Secretaría de Organización de Lilith Verstrynge y los trabajadores, donde también podrían abordarse vías alternativas al despido como la reducción de jornada de una parte de la plantilla.

Razones objetivas

"Las previsiones de ingresos para el próximo ciclo electoral se cifran, en un primer momento y tras haber hecho una valoración inicial de la situación, en casi un 70% menos en Estatal y en una media aproximada de 90% menos en los territorios afectados", justifica Podemos en el escrito. En este sentido, la organización señala que "dicha reducción de ingresos lleva aparejada la necesidad ineludible de adaptar a los mismos los gastos de toda índole, incluidos los laborales, que en el caso de los territorios afectados implicará la extinción de los contratos y el cierre de los centros de trabajo, y en Estatal, una reducción de la plantilla".

"Lamentamos profundamente tener que iniciar un procedimiento de expediente de regulación de empleo por razones económicas, técnicas y organizativas, a raíz de los resultados obtenidos", señala el escrito de Podemos a sus trabajadores

Así, las nueve federaciones afectadas dejarán de contar con trabajadores y se verán reducidas a lo simbólico, quedando limitadas a sus representantes políticos, si es que los tienen, y sin que en ningún caso perciban ingresos del partido. "Por lo expuesto -prosigue la formación- lamentamos profundamente tener que iniciar un procedimiento de expediente de regulación de empleo por razones económicas, técnicas y organizativas, a raíz de los resultados obtenidos".

Podemos alude en este proceso de despido colectivo a tres de las cuatro causas objetivas que justifican su aplicación. Ahora, deberá negociar a cuántas personas afectará finalmente y las condiciones de los despidos, con una indemnización mínima de 20 días por año trabajado, correspondientes al despido objetivo que se reguló en la reforma laboral aprobada por el PP en 2012.

El mapa

El 28M Podemos perdió más de dos tercios de sus representantes autonómicos -de 47 diputados pasó a 15- y desapareció en los parlamentos de cinco de las 12 comunidades donde hubo elecciones (Madrid, Valencia, Canarias, Castilla-La Mancha y Cantabria). En todos estos territorios se desmantelará la organización. A ellos se unen Aragón y Baleares, donde pasaron de gobernar a tener sólo un diputado, Asturias, donde empeoraron resultados, y Galicia, que no concurrió a las autonómicas pero donde ya se había quedado sin representación en las elecciones anticipadas de 2020.

Resulta llamativa la decisión de cerrar dos federaciones de especial peso como Madrid -donde su secretario general Jesús Santos sí mantiene un cargo institucional como teniente de alcalde de Alcorcón- y la Comunidad Valenciana, considerada hasta ahora la joya de la corona dentro de Podemos, que formó parte del Govern del Botànic durante las últimas dos legislaturas y tenía la vicepresidencia de Vivienda, ostentada por Héctor Illueca, que dejó la política después de la debacle.

De los 12 territorios que concurrieron a las autonómicas, los únicos que no se verán afectados por el ERE son los cuatro que salvaron los muebles el 28M: Navarra, donde Podemos pasó de dos a tres diputados, Extremadura, La Rioja y Murcia, que lograron revalidar los asientos obtenidos en 2019.

Además, se libran de los despidos las federaciones de País Vasco, Castilla y León, Andalucía y Cataluña, que no celebraron autonómicas en mayo. Aunque en Galicia tampoco hubo, los malos resultados obtenidos a nivel municipal permiten a Podemos cerrar el grifo de los recursos a una de las federaciones que más explícitamente ha apoyado a Yolanda Díaz.

Apertura de negociación

El escrito de Podemos, remitido el 25 de julio, dos días después de las generales, es el preaviso del ERE y supone el primer paso obligatorio para iniciar este tipo de trámite. En esta comunicación, el partido emplaza a todos los territorios a elegir a los representantes que se integrarán en la Comisión Negociadora encargada de sentarse con la Secretaría de Organización Estatal para abordar los términos de las salidas. A día de hoy, sólo Valencia y Asturias tienen representación de los trabajadores, además del Comité de Empresa a nivel estatal. El resto de federaciones podrán designar su representación o delegarla en este comité.

El plazo para elegir representación termina este miércoles 9 de agosto. A partir de esa fecha quedará fijada la comisión y Podemos comenzará el periodo de consultas, la siguiente fase obligatoria del Expediente de Regulación de Empleo, que legalmente tiene una duración máxima de 30 días.

Transcurrido el plazo fijado, Podemos deberá comunicar el resultado de las negociaciones a la autoridad laboral y solicitar formalmente el inicio del ERE junto a una memoria explicativa que justifique las causas objetivas de la reorganización, además del número de trabajadores despedidos. La Autoridad laboral, dependiente del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, tendrá 15 días naturales a partir de la recepción de esta comunicación para estimar o desestimar la solicitud. Una vez recibido el visto bueno, Podemos deberá notificar individualmente el desenlace a cada uno de los trabajadores afectados.