García Ortiz advierte a los fiscales del 'procès' de que actuará ante su negativa a aplicar la amnistía

Nada más disponer de la providencia del Tribunal Supremo que concede a las partes cinco días para pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía tanto respecto a la sentencia que condenó a los líderes independentistas, con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, a la cabeza, como a los procesados en rebeldía, entre los que se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reunido con los fiscales del 'procés'. Estos le han comunicado que mantendrán su criterio respecto a la malversación y García Ortiz les ha advertido de que adoptará las medidas previstas en el Estatuto Fiscal, que pasan por imponerles su criterio y, en caso de no acatarlo, retirarles del procedimiento.

Fuentes fiscales han señalado que en el encuentro mantenido, fue especialmente tenso, aunque el fiscal general no ha dado instrucción alguna a Javier Zaragoza y Jaime Moreno (faltaban Fidel Cadena y Consuelo Madrigal) sobre el sentido de su dictamen, sí manifestó su desacuerdo con el criterio que los cuatro representantes del ministerio público ya habían mostrado tanto a la hora de la aplicar la amnistía a la sentencia del 'procés' como a las medidas cautelares que pesan sobre Puigdemont y los también procesados por malversación Toni Comín y Lluís Puig, así como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que lo está por desobediencia, pero sigue con una orden de detención pendiente, al no haber venido a España a regularizar su situación judicial.

Los representantes del ministerio fiscal señalaron a García Ortiz que se mantendrán en el criterio que expresaron la semana pasada, en el documento de 127 páginas, en el que defendían que la amnistía no se puede aplicar a la malversación del 1-O, porque la propia ley impide hacerlo cuando hay enriquecimiento personal, que no solo es equivalente a meterse el dinero en el bolsillo, y cuando se ven afectados los intereses de la Unión Europea.

Ello pasa por no aplicar la amnistía ni a los condenados del 'procés', lo que supone no modificar las penas de inhabilitación que siguen cumpliendo Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, ni levantar las órdenes de detención que tienen pendientes los procesados en rebeldía, Carles Puigdemont, Lluís Puig, Toni Comín y Marta Rovira, aunque ella solo lo está por desobediencia, según han confirmado a este diario fuentes conocedoras del encuentro.

Así, quedó de manifiesto que desde la cúpula de la Fiscalía se tendrá que terminar dando una orden en contra del criterio de los fiscales adscritos al caso, que estos exigirán que sea por escrito y que ya han anunciado que no tienen intención de cumplir. "No firmaremos", señalan las mismas fuentes.

A partir de este momento, se activarán los mecanismos previstos en el Estatuto del Ministerio Fiscal para cuando un fiscal o fiscales se oponen a las órdenes de sus superiores. Para dejar patente la discrepancia, los fiscales deberán acogerse a lo previsto en el artículo 27 de ese reglamento, que en caso de desacuerdo tiene previsto que se pronuncie la Junta de Fiscales de Sala, cúpula de la carrera.

Oído el órgano, cuyos miembros han sido elegidos por el propio García Ortiz, será este el que tenga la última palabra sobre el dictamen a aportar al Tribunal Supremo. Si los del 'procés' persisten en negarse a informar a favor de la amnistía, aún dejando constancia de que lo hacen por orden de un superior, García Ortiz puede encargarle la redacción de los informes a otro miembro de la carrera, como la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que ya fue la que asumió esa responsabilidad respecto a si el Tribunal Supremo debía abrir una causa para investigar a Puigdemont por Tsunami Democràtic. Su criterio, en contra de abrir una causa, fue ignorado por la Sala Segunda del alto tribunal.