El ultimátum de Sánchez para el Consejo del Poder Judicial genera dudas también en vocales progresistas

El último pronunciamiento del presidente Sánchez con respecto al Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales han cumplido ya cinco años y medio en funciones sin visos de que se produzca el acuerdo político necesario para su renovación, no termina de convencer a los actuales integrantes del órgano. La posibilidad de que se sustraiga a este órgano de forma definitiva la posibilidad de hacer nombramientos --algo que ocurre de facto desde que en marzo de 2021 se reformó la ley para prohibirlo cuando el Consejo esté fuera de mandato-, genera dudas incluso entre los vocales progresistas, según ha podido recoger EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en fuentes del órgano. 

Concretamente, el presidente del Gobierno ha dado de plazo hasta finales de este mes a las negociaciones con el PP para solventar la situación, y en caso de que este acuerdo no se produzca ha anunciado que sus socios de coalición presentarán una reforma de la ley del poder judicial en el Congreso que quitará al órgano constitucional la competencia de hacer nombramientos en la cúpula judicial.

Pero, si no lo hace el Consejo del Poder Judicial, ¿quién elegirá estos cargos? La clave del interés político en este asunto es el Tribunal Supremo, que acumula un total de 25 bajas (más de la cuarta parte de su plantilla), lo que está teniendo ya incidencia concreta en el trabajo de alguna de sus salas. 

La alusión de Sánchez a una posible reforma parece remitir al Plan Guilarte, que lleva el nombre del actual presidente suplente y que busca que sean los propios jueces, sin mediar la intervención del Consejo del Poder Judicial, quienes elijan a los que ocupen puestos clave como son las presidencias de la Audiencia Nacional, las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia o integren las salas del Tribunal Supremo,

Los nombramientos en e Tribunal Supremo son los más golosos para los políticos por la trascendencia de los asuntos que llegan a sus magistrados, que además tienen la competencia para juzgar a aforados como son diputados o altos cargos autonómicos. Para este órgano, Guilarte propone que sus magistrados sean nombrados por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados" del propio tribunal, presidida por un vocal del CGPJ que sea miembro del Supremo.

Seguiría en el ámbito del Consejo

"Pero esta comisión seguiría estando dentro del ámbito del Consejo", señalan a este diario desde fuentes del sector progresista del órgano de gobierno de los jueces, que apuntan al nombramiento de los miembros del Supremo como la principal incógnita de los planes de Sánchez. "No parece haber otra solución que el nombramiento por el Consejo", agregan, por lo que el problema que intenta superar el presidente con su ultimátum y reforma estaría lejos de resolverse.

Otros vocales de este ámbito reconocen que el debate para hacer más objetivo el nombramiento de los magistrados del Supremo es "una demanda de la carrera judicial desde hace muchísimos años", dado el "foco de sospecha" que siempre ha rodeado a estos nombramientos. Las mismas fuentes consideran que restar discrecionalidad siempre es "interesante", aunque no confían que ello sirva para desbloquear la actual situación.

Desde el sector más conservador del Consejo, sin embargo, el rechazó es contundente. "Sería un error y una ilegalidad", señala a este diario uno de los vocales designados a propuesta del PP, mientras que otro apunta con cierta sorna que Sánchez ya les quitó la competencia para hacer nombramientos hace tres años. "Quizás lo que quiere decir es que los va a hacer él", añade.

De hecho hace un par de años, en junio de 2022, ya el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón apuntó a la posibilidad ahora señalada por Sánchez como único camino para evitar que el Consejo General del Poder Judicial sea un órgano interesante para los partidos políticos.

Durante un encuentro con otros exministros organizado por el Colegio de la Abogacía de Madrid apuntó a designar a los jueces por criterios objetivos como la antigüedad, la especialización y la cualificación de los posibles candidatos, . "De este modo, el poder político perdería interés en intentar distribuir de una forma arbitraria unas plazas condicionantes del ejercicio de la jurisdicción", agregó.

Respuesta de las asociaciones

La asociación mayoritaria de jueces, la Profesional de la Magistratura, ha exhortado a las fuerzas políticas a evitar lo que ha calificado de “ideas peregrinas sobre el poder judicial” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a “retomar, definitivamente y de forma urgente, el diálogo para cumplir los mandatos constitucionales”, que pasan por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva más de cinco años caducado.

Los jueces conservadores han expresado su “profundo rechazo y preocupación” al anuncio de Sánchez, que consideran "inaceptable y un auténtico atropello constitucional". La segunda en número de afiliados, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, califica de “sorprendente” que no se haya especificado qué órgano asumirá la función de designación de cargos que se retire al CGPJ, porque la Constitución establece la exigencia clara de respetar la separación de poderes.

Su portavoz, Sergio de la Oliva, recuerda que son las Cortes Generales las únicas competentes para activar la renovación del Consejo y los presidentes de ambas Cámaras “llevan más de cinco años omitiendo de forma flagrante el ejercicio de sus obligaciones”. En su opinión, la única de despolitizar el órgano de gobierno de los jueces pasa por permitir que la carrera judicial elija de forma directa a los vocales de extracción judicial.

Desde la progresista Jueces y Juezas para la Democracia se precisa que de las palabras de Sánchez no se desprende que quiera "privar al CGPJ de la facultad de hacer nombramientos, sino que se quiere regular detalladamente, reduciendo la discrecionalidad", esa función.

No es lo que opina Foro Judicial Independiente, que ya advertido de que se opondrá abiertamente a "cualquier medida dirigida a aumentar el control político de los nombramientos judiciales”. Considera esta asociación que el presidente del Gobierno tiene razón en que “la pelea de los partidos por el CGPJ se debe a la función que tiene de hacer nombramientos discrecionales de los jueces más importantes del país; los partidos quieren controlarlo para controlar esos nombramientos”, señala su portavoz, Fernando Portillo.