García Ortiz activa a la Junta de Fiscales con la que busca concretar una postura favorable a la amnistía ante el Supremo

El choque de trenes en el seno de la Fiscalía a cuenta de la aplicación de la amnistía llegará al máximo órgano consultivo de la Carrera, la Junta de Fiscales, que se reunirá previsiblemente el próximo 18 de junio para fijar una postura sobre aplicación de la ley impulsada por el Gobierno y sus socios a los investigados por el procés independentista en Cataluña.

No obstante, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aún no ha dado una orden formal a los fiscales del procés con respecto al informe en el que estos argumentan su negativa a aplicar la ley de amnistía tanto a los independentistas ya condenados como a los que están en situación procesal de rebeldía por el 1-O, entre los que se encuentra Carles Puigdemont. Consideran que la malversación agravada que se por la que lo está acusado el expresident de la Generalitat y otros mandatarios huidos no entra dentro de los supuestos previstos por el legislador en la medida de gracia que este martes entró en vigor al publicarse en el BOE.

A pesar de que este paso aún no se ha dado, todo hace presagiar que los fiscales 'rebeldes' invocarán el artículo 27 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía --previsto para cuando existe discrepancia con un superior-- y ello obligará a celebrar la Junta que reúne a 38 fiscales de la cúpula de la carrera. Por el momento, fuentes de la Fiscalía General se limitan a señalar que García Ortiz ha pedido a los Fiscales de Sala que, en previsión de la activación de los mecanismos estatutarios, se reserven el martes, 18 de junio, para la posible celebración de la reunión.

La razón de este movimiento, según las mismas fuentes, son los escasos plazos que ha dado el Tribunal Supremo a las partes para que se posicionen sobre la afectación de la ley de amnistía en los distintos procedimientos que pueden verse afectados por la amnistía. Se pidió respuesta en cinco días hábiles, por lo que a mediados de la semana que viene la postura de la Fiscalía ya debería estar definida.

En su escrito, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno insisten en los argumentos que dieron a conocer inicialmente el pasado 30 de mayo, consistentes en que la desobediencia y los desórdenes públicos entran dentro de la amnistía que ha salido del Congreso, pero la malversación no. 

Afectación al derecho europeo

Sostienen que la propia ley veta perdonar este delito si afecta a intereses europeos y en los supuestos en que se ha producido un "enriquecimiento personal o beneficio patrimonial", que es lo que los representantes del ministerio público en el juicio del 'procés' consideran que cometieron tanto los condenados en la sentencia del 'procés' como los que huyeron, ya que también se entienden de esa forma las conductas realizadas en beneficio de los intereses de sus respectivos partidos.

Con esta postura parecen coincidir los jueces, según se deduce de una lectura atenta de las primeras resoluciones emitidas por los jueces. El juez Pablo Llarena, instructor del procés duda si la malversación perseguida en el 1-O es la que la propia ley excluye por afectar a intereses de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas, por su parte, cita a unos artículos concretos de la ley de amnistía que considera "que podrían oponerse a la interpretación" que el propio tribunal europeo viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea, y ha anunciado la presentación de una cuestión prejudicial.