Sánchez se aferra a un limitado plan de regeneración democrática ante el bloqueo de la legislatura

El compromiso de “regeneración democrática” que Pedro Sánchez anunció como “un punto y aparte” en la legislatura se diluirá en la trasposición de una normativa europea y “mejoras” en las leyes de transparencia y rendición de cuentas. El plan para quitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las competencias en los nombramientos de la cúpula judicial, en caso de que el PP no desbloqueo la renovación antes de julio, ni siquiera se incluye dentro del paquete de medidas ahora rebautizadas como “calidad democrática”. La reforma de la ley del poder judicial sería “complementaria” a este plan aunque “diferente”, según aclaró el presidente del Gobierno en una entrevista este lunes en TVE. A falta de desarrollar, se trata además de la propuesta del presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, para eliminar los incentivos de los partidos a no renovar el órgano constitucional.

Las medidas que se están negociando entre los socios de la coalición de Gobierno para llevarlas al Congreso antes de verano e intentar superar el bloqueo parlamentario se centran principalmente en aplicar el reglamento europeo sobre la libertad en los medios de comunicación. La norma entró en vigor el pasado 7 de mayo y los países miembros deberán aplicar el grueso de su articulado a partir de 2025. Sus principales novedades, más allá de las relativas a garantizar la pluralidad informativa, tienen que ver con la financiación y la transparencia de los medios de comunicación, tanto en lo relativo a sus propietarios como a la publicidad institucional. En esta línea, se baraja la reforma de la ley de publicidad institucional para endurecerla.

Sánchez ya apuntó tras los cinco días de abril para meditar sobre su dimisión que algunas administraciones autonómicas no cumplirían la ley de publicidad institucional. Concretamente, acusó a los gobiernos de coalición de PP y Vox de financiar a “pseudomedios” dedicados a “propagar bulos”. “Se dice que la desinformación nos viene de fuera, de Putin, pero resulta que tenemos dentro el caballo de Troya”, repitió en varias intervenciones para poner el foco en el “dinero que hay detrás de la máquina del fango”.

La ley de libertad de medios fue aprobada en Bruselas con los votos del PP y mandata, entre otras cuestiones, a crear bases de datos sobre la propiedad de los medios de comunicación. Esta será una de las prioridades del Gobierno a la hora de su aplicación para arrojar luz sobre los titulares directos o indirectos que a través de acciones tengan influencia en la toma de decisiones. Asimismo, la norma comunitaria señala que debe hacerse público “el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países”.

Ley de transparencia para las CCAA

La otra pata más modesta del plan de calidad democrática que pretende llevarse al Congreso durante el mes de julio se centra en la transparencia institucional y la dación de cuentas. Nuevamente, se pone en el foco en las administraciones autonómicas, que arrastran un mayor déficit en este sentido. Los expertos en transparencia pública así lo vienen señalando.

El Gobierno ya valoró en la pasada legislatura modificar la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Su objetivo pasaba por obligar a las administraciones autonómicas incrementar la rendición de cuentas a la ciudadanía, incluyendo mecanismos para sancionar los incumplimientos.

Carrera judicial

El jefe del Ejecutivo se refirió también este lunes a la necesidad de acabar con los “atropellos” en el “ámbito judicial”, pero en esta línea la única medida sobre la mesa tiene que ver con el plan de modernización de la Justicia con propuestas para su “democratización”. En el acuerdo programático del Gobierno firmado por PSOE y Sumar para esta legislatura se concretaba en el impulso de “un nuevo modelo de acceso, formación, especialización y promoción de jueces y fiscales, desarrollando un sistema de becas públicas, ayudas y compensaciones para preparar el acceso al empleo público en la justicia, con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades”.

El Gobierno quiere retomar la iniciativa parlamentaria después de las elecciones europeas tras meses de paréntesis por la concatenación de comicios y la debilidad de un ejecutivo en minoría dependiente de todos sus socios de investidura. A falta de Presupuestos, cuya garantía depende de cómo se resuelva la gobernabilidad en Cataluña y la estrategia a seguir entonces por los partidos independentistas en el Congreso, Sánchez ha echado mano del plan de “calidad democrática” para retomar el pulso de la legislatura.

Exigencias de los socios

Hasta hace unas semanas, en cambio, en Moncloa reconocían que el “desafío” de la regeneración democrática “no se combate solo con un paquete de medidas”. Además de reformas legislativas, se trasladaba la necesidad de un cambio cultural y una “conciencia social” en esta línea. De ahí que otro de sus objetivos sea abrir el debate no solo en el Congreso, sino también con los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. “No es un debate de regate corto”, aseguraba hace poco más de un mes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, para rechazar precipitación en la presentación de medidas.

Las propuestas que ahora tiene sobre la mesa el Gobierno distan de las que plantearon algunos de sus socios, al recoger el guante del “punto y aparte” anunciado por Sánchez. ERC, por ejemplo, presentó un paquete de medidas con medidas “sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en el Estado español”. Para concretarlas, plantean modificar la ley reguladora del CNI, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y la Ley de Secretos Oficiales, así como derogar íntegramente la denominada ley mordaza. Podemos, por su parte, registró en el Congreso una proposición de ley de registro de intereses de las personas propietarias o directivas de medios de comunicación con el objetivo de "democratizar el poder mediático en España”.