El Gobierno rechaza convocar a las CCAA por la financiación y buscará antes un pacto con Feijóo

Las incipientes negociaciones entre el PSC y ERC para la investidura han agitado el debate sobre la financiación autonómica hasta el punto de convertirlo en un arma arrojadiza. La demanda de los independentistas de una suerte de ‘cupo catalán’ y la contraoferta del Gobierno de avanzar hacia una financiación “singular” de Cataluña, sin concretar, se ha topado con el rechazo no solo del PP, sino también dentro de las filas socialistas. Los populares han denunciado “mercadeo” y exigido una convocatoria de urgencia del Consejo de Política y Fiscal y Financiera (CPFF). Desde el Ejecutivo responden que la oposición solo quiere “ruido” y emplazan al líder de la oposición a presentar antes una propuesta.

Las mismas fuentes de Moncloa rechazan así convocar este foro con las comunidades autónomas de forma urgente y vinculan un acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014, a llegar antes a un consenso con el PP. De ahí que exijan una propuesta previa de los populares, extendiendo la sospecha de que sus barones no tienen una posición unánime. “Antes de sentarnos queremos conocer qué proponen”, aunque reconocen por su parte que tampoco tienen previsto concretar la propuesta del PSOE.

En la segunda quincena de julio se convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera, como habitualmente se hace antes del verano. Sin la pretensión por parte del Gobierno de debatir sobre la financiación autonómica, aunque se abordará este asunto si así lo exigen las comunidades gobernadas por el PP. Con todo, en el Gobierno ni siquiera confían a una posición de consenso dentro de las filas populares.

Para llegar a un acuerdo y evitar las diferencias internas, los socialistas han trasladado su voluntad de sentarse con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde la pretensión de mantener una negociación con “discreción”. Sin que trasciendan las conversaciones y tratar así de blindarlas de la presión de los barones. Los presidentes autonómicos tienen diferentes intereses y apuestan por una reforma teniendo en cuenta los criterios que más les favorecen, principalmente en lo relativo a densidad poblacional o a la dispersión.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, insistía en devolver la pelota al PP. Si bien evitó rechazar de plano la convocatoria del CPFF, sí conminó a los populares a poner primero una propuesta sobre la mesa. Por otra parte, en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado tras intervenir en la sesión de control al Gobierno, tildó de “algarabía” la reacción de la oposición al encaje de una financiación singular al recordar que Mariano Rajoy “sí cabía ese trato singular con un territorio determinado”.

Negociación bilateral

El Gobierno mantiene la máxima de que no forzará una revisión del modelo de financiación autonómica sin un acuerdo global con el PP. Por tanto, cualquier acuerdo en esta línea para recalcular de forma más favorable la financiación de Cataluña y compensar el coste de sus competencias propias (principalmente justicia, penitenciaria y Mossos), no se materializaría sin el visto bueno de los populares. Así lo corroboran los colaboradores del presidente del Gobierno, que se abren a otras vías de negociación bilateral para encajar las demandas de ERC.

En la cúpula del PSOE apelan a la cautela porque las negociaciones con los republicanos todavía están dando los primeros pasos y no se han aterrizado las propuestas. En este contexto se limitan a cerrar la puerta a un ‘cupo catalán’ y a la legalidad vigente. “Todo en el marco de la Constitución y en este caso del Estatut”, insistía la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Al mismo tiempo, la también ministra de Educación y Deportes señalaba la "compatibilidad" de negociar una financiación singular de Cataluña con una negociación multilateral con todas las comunidades autonómicas.

Demandas "viables"

El discurso de los socialistas se centra en negar un trato preferencial para Cataluña con cambios a los que no puedan acogerse otras comunidades. Una forma de aplacar críticas internas de federaciones socialistas, más allá de las encabezadas por el barón crítico Emiliano García Page. Si bien, hacen también referencia al Estatut para reconocer, en línea con la propuesta de Illa, que recoge la posibilidad de establecer un consorcio entre la Agencia Tributaria y una catalana.

En público, la portavoz del Gobierno evitó respaldar esta fórmula recogida en el Estatut, que implicaría una gestión compartida de los impuestos entre la Generalitat y el Estado. Otras fuentes del Gobierno explican que todavía no saben en qué demandas pondrá el acento ERC porque las conversaciones son todavía iniciales y confían en cualquier caso sobre una negociación con demandas “viables”. Esto es, compatibles con el régimen común.