La jueza aplaza la comparecencia de la pareja de Ayuso para estudiar si investiga nuevos delitos

Las acusaciones populares que representan al PSOE y Más Madrid en la causa por fraude a Hacienda contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, han logrado un aplazamiento sine die de la declaración del empresario que estaba prevista este lunes. La jueza Inmaculada Iglesias ha adoptado esta decisión mientras estudia el escrito en el que ambas formaciones instan la práctica de pruebas relacionadas con posibles nuevas conductas delictivas, señalan fuentes jurídicas.

Según las acusaciones, hay indicios de más delitos que requieren "más tiempo de investigación y estudio", señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de la acusación, que apuntan a la posible ampliación de los delitos fiscales y de falsedad documental ya apuntados y un nuevo delito contable.

La pareja de Isabel Díaz Ayuso fue citada este lunes en relación con dos delitos fiscales y otro de falsedad en documento mercantil que le imputa por el momento la Fiscalía de Madrid, la misma contra la que el empresario se ha querellado por revelación de secretos en relación con una nota de prensa que incluía datos del acuerdo que ofrecía su defensa para evitar llegar a juicio. 

No obstante las acusaciones populares pidieron expresamente que la diligencia fuera de nuevo aplazada para poder tener "adecuada instrucción de todos los documentos que conforma el procedimiento de cara a los interrogatorios previstos", así como a la práctica de nuevas diligencias de investigación "necesarias de cara a las testificales de los investigados previstas", todo ello "en aras a no generar indefensión a las partes". La petición obedece al análisis de casi 1.500 documentos que recibieron el pasado 12 de junio.

Quirón y organización criminal

Fuentes de la acusación concretan que se busca imputar delitos fiscales del tipo agravado por la existencia de una organización y la utilización de toda una ingeniería contable, mediante la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas, algunas de las cuales radicadas en el extranjero, para cometer estos delitos, así como la comisión de dos delitos de administración desleal, falsedad contable y corrupción en los negocios. Todo ello por la relación empresarial de González Amador con Quirón Prevención, una empresa que es adjudicataria de servicios por parte de la Comunidad de Madrid.

Entre las diligencias solicitadas, la averiguación patrimonial del empresario y documentación relativa a sus movimientos de cuentas entre 2019 y 2022. También quieren que aporte la escritura de compraventa de sus viviendas, en una de las cuales convive con la presidenta regional.

Se especulaba también con que se pudiera producir un acuerdo entre las partes para evitar la prolongación del procedimiento, una posibilidad que apuntaron fuentes de las acusaciones populares al anularse la primera citación, señalando que esta es la intención que podría estar tras el aplazamiento. Para ello debería contar con el visto bueno de la Fiscalía, pero también de la Abogacía del Estado y según fuentes jurídicas la posibilidad de este acuerdo no se había producido a primera hora de este lunes. La decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid aleja por el momento esta posibilidad.

En su propuesta inicial de "conformidad penal" se ofreció a cumplir 8 meses de cárcel y asumir un pago de 525.000 euros para evitar el juicio por fraude fiscal , además de admitir la comisión de los delitos por los que está siendo investigado por la jueza Iglesias.

La nueva comparecencia --la primera tuvo lugar el pasado 20 de mayo sin que llegase producirse la declaración-- coincide además con la tormenta desatada en el seno del Ministerio Público a cuenta de la investigación contra los fiscales por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que apunta a una posible imputación del propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha asumido la responsabilidad de la nota. 

Otros imputados

Además de González Amador, este lunes están citados uno de los empresarios presuntamente implicados en la falsificación de facturas investigada, Maximiliano Eduardo Niederer, además de David Herrera Lobato, Agustín Carrillo Saborido y José Miguel Carrillo Saborido, a los que se atribuye haber ayudado a la pareja de Ayuso a elaborar las facturas falsas con las que reducir los impuestos a los que debía hacer frente.

La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.

En el auto de apertura de diligencias, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 razonaba que supuestamente y "como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros.

La misma semana, los fiscales.

Por su parte magistrado del Tribunal Superior de Madrid Francisco José Goyena ha aplazado hasta el próximo 27 de junio el interrogatorio previsto inicialmente también para este mismo lunes es de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid; María Pilar Rodríguez Fernández, y del fiscal de la Sección de Delitos Económicos, Julián Salto Torres, contra quienes se querelló concretamente la pareja de Díaz Ayuso.

El empresario acusa a ambos fiscales de haberle atacado "como instrumento para alcanzar" a su pareja sentimental, en clara referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid y el magistrado Goyena quiere escuchar su versión antes de decidir si el asunto termina implicando en un presunto delito de revelación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha asumido la responsabilidad sobre la nota de prensa en la que aparecían los supuestos datos confidenciales. Si ve indicios suficientes elevará exposición razonada el Tribunal Supremo, que es el competente dado el aforamiento del fiscal general.

La citación de los fiscales tiene lugar después de la declaración como testigo que prestó la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, quien según fuentes jurídicas relató al instructor que el fiscal general le había enviado un mensaje de Whatsapp en el que le aseguraba que la nota de prensa con datos sobre el acuerdo que el empresario pretendía alcanzar para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda había sido consensuado con la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y con la decana de Delitos Económicos de Madrid, Virna Alonso Fernández.

Precisamente, el fiscal general del Estado presentó la semana pasada un escrito ante el TSJ madrileño en el que asumía la responsabilidad última de la publicación de la nota de prensa que, según su versión, "desmentía informaciones falsas" en relación con el pacto que la defensa de González Amador había presentado a la Fiscalía.