Rellenar 98 vacantes, 26 de ellas en el Tribunal Supremo, una tarea urgente y espinosa para los nuevos vocales del CGPJ

Los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial que tomarán posesión cuando el Parlamento haga realidad el acuerdo político alcanzado --con más de cinco años y medio de retraso-- entre el PP y el PSOE tendrán ante sí una importante tarea a la que no se han enfrentado Consejos recién renovados con anterioridad: designar un total de 98 vacantes en la cúpula judicial, 2 de ellas en el Tribunal Supremo según la última actualización ofrecida por este órgano. Ello supone que casi una de cada tres plazas de magistrado en el alto tribunal se encuentra vacía.

Los nombramientos en el alto tribunal, por la trascendencia política de algunas de sus resoluciones y el hecho de que sus magistrados sean los competentes para investigar y juzgar a aforados - -entre ellos diputados y senadores--, serán los más polémicos. De hecho, desde el propio órgano y también en ámbitos judiciales se viene advirtiendo que lo más adecuado será no abordar todas las vacantes a la vez, sino hacerlo de manera que primen los principios de mérito de capacidad y evitando el 'intercambio de cromos'. Para ello, se contará con una nueva ley, que elaborarán los nuevos vocales según el acuerdo alcanzado, en la que ninguna "sensibilidad" podrá imponerse sobre las otras porque todas las decisiones tendrán que ser adoptadas por mayoría reforzada de tres quintos --es decir, 13 vocales en vez de 11--.

Este mismo lunes, la propia Sala de Gobierno del Tribunal Supremo había hecho un nuevo llamamiento a la renovación del Consejo apuntando que el "el perjuicio causado" a la judicatura por la situación de interinidad que atraviesa desde diciembre de 2018 es "enorme". Ya a finales del pasado 2021, cuando las plazas vacantes no superaban ni el 13 por ciento, el presidente después dimitido Carlos Lesmes llegó a calcular la situación provocaba el dictado de unas 1.000 sentencias menos al año. 

La situación es ya prácticamente insostenible en salas como la de lo Contencioso-Administrativo --donde ya faltan 12 de los 33 magistrados-- y lo Social --faltan 6 de 12-- una sala que acumulan miles de recursos derivados de los ERE y los ERTE causados por el covid. En Civil están vacías las sillas de 3 de sus 10 magistrados, y faltan 3 de los 8 de la sala de lo Militar. La mejor situada --porque su presidente, Manuel Marchena, logró renovar sus bajas antes de que el último Consejo caducara-- es la de lo Penal, donde solo falta una 1 de sus 15 plazas. A ello se suma que tres de los presidentes de Sala (los de las salas de lo Contencioso, Civil y Militar) ejercen en funciones al haber caducado su mandato.

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Nombramientos estratégicos

El interés político en estas renovaciones es, precisamente, la cuestión en la que se encuentra en el origen de la actual situación de plazas vacantes. La primera medida de presión que el Gobierno de Sánchez ideó para obligar al PP a pactar una renovación -- que resultó fallida-- fue la de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en marzo de 2021 para prohibir realizar nombramientos a un Consejo que llevaba entonces ya más de tres años fuera de mandato.

Detrás de esta reforma legal se encontraba la idea de que a los populares ya no les interesaría mantener el bloqueo de un Consejo al que se había privado de hacer estas designaciones, pese a mantener su mayoría conservadora, porque ya no podría condicionar la "sensibilidad" de la mayor parte de los magistrados del Supremo a nombrar a partir de entonces. Sin embargo, ni siquiera esta limitación permitió superar la situación existente, y desde entonces las bajas se han ido acumulando y van más allá del Supremo. 

Así, la Audiencia Nacional hay a día de hoy una vacante sin cubrir, pero en los tribunales superiores hay que renovar 38 plazas y en las audiencias provinciales otras 30. La diferencia con el Supremo es que dichos puestos no han quedado vacíos, sino que se encuentran ocupados en situación de interinidad, lo que no puede hacerse en el alto tribunal.

El Consejo resultante del acuerdo político tendrá que afrontar esta situación y vencer los reparos que puedan transmitir el perfil de sus primeros nombramientos. Para ello es para lo que está prevista la proposición de ley que se encarga a los nuevos integrantes del Consejo, que además abrirá el camino a un nuevo modelo de designación para los futuros vocales.

Las últimas propuestas escuchadas antes de llegar al pacto de renovación, como el denominado 'Plan Guilarte' -que lleva el nombre del hasta ahora presidente suplente del órgano-, ya iban dirigidas a tratar de mejorar la imagen de los nombramientos en el alto tribunal. Se proponían sistemas que reforzaran que la elección obedece a principios de mérito, y no políticos; llegando incluso a plantear quitar al nuevo Consejo esta responsabilidad para que fuera cumplida por una comisión mixta de vocales y magistrados del Supremo.

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Otro punto a discutir será el tiempo que se otorgue para realizar las designaciones, ya que el nuevo órgano nace con la vocación de superar anteriores etapas en las que se le había acusado de estar "politizado" y actuar conforme a tiempos ajenos a los estrictamente jurídicos o de gobierno de los propios jueces.

Afecta al ciudadano

Pero la de los nombramientos pendientes no es solo una cuestión de interés político. El propio Supremo advierte en su último comunicado que el bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un "menoscabo del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses".

Su criterio es después seguido por todos los tribunales españoles, por lo que el parón en la actividad de este órgano repercute en todo el sistema. Por poner unos ejemplos concretos, fue el Supremo el que homogeneizó la concesión de la custodia compartida, el que tiene la última palabra en impuestos, condiciones de trabajo de ciertas plataformas supuestamente colaborativas y hasta en las pensiones, a lo que se suman las cláusulas bancarias que pueden resultar abusivas. Todas ellas son cuestiones que superan en muchos casos las cuestiones que centran el interés mediático o de la clase política, pero afectan al día a día de los españoles.