El Congreso aprueba definitivamente la ley de paridad: todas las claves

La ley de paridad ha recibido este martes el visto bueno definitivo del Congreso de los Diputados. El anuncio estrella que lanzó Pedro Sánchez en marzo de 2023, en plena campaña electoral de los pasados comicios autonómicos, ha obtenido la aprobación del Gobierno y de todos sus socios parlamentarios, aunque la gran mayoría de aliados han criticado la falta de ambición del PSOE a la hora de impulsar una ley que afecta principalmente a las mujeres más privilegiadas. En lo que sí han estado todos de acuerdo es en eliminar la treintena de enmiendas que introdujo el PP durante la tramitación en el Senado y que dejaban las obligaciones en mínimos.

La ley de paridad sí permitirá que las mujeres superen el 60 % en los órganos directivos de instituciones y empresas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha congratulado de la aprobación de una ley que "remueve los obstáculos que impiden la igualdad real y efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres". Además, ha apuntado que "es necesaria para garantizar el principio de mérito y capacidad en todos los ámbitos". Sin embargo, los socios han denunciado que las medidas se quedan escasas. "Nos parece una propuesta elitista porque olvida a las mujeres que se encuentran y que se enfrentan a las fatiguitas del día a día", ha dicho la diputada de Sumar, Esther Gil de Reboleño. 

En la misma línea se ha expresado la diputada de Podemos Noemí Santana al criticar que la norma beneficia a las "mujeres privilegiadas" pero no a aquellas que están "atrapadas en el suelo pegajoso". Y la diputada de Junts Pilar Calvo ha apuntado que todavía "queda mucho por hacer". Justo en el lado opuesto se ha situado la diputada del PP Patricia Rodríguez que ha tildado la norma de “aberración legislatuiva que utiliza de manera burda al movimiento feminista e instrumentaliza a las mujeres”. Además, ha criticado duramente que el Ejecutivo con sus socios introdujese una enmienda para eliminar la capacidad de veto del Senado a la senda de estabilidad, la cual se ha aprobado también este martes en el Congreso.

A continuación, las claves de este texto:

El objetivo principal de la ley de paridad es obligar a que exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección de las grandes empresas, de las instituciones públicas y de sindicatos y patronales. Así, el texto establece de manera genérica que deberá haber "como mínimo un 40% de cada uno de los sexos", lo que de facto implica que ninguna pueda superar el 60%. 

Sin embargo, la norma establece una excepción para no aplicar este criterio "cuando exista una representación de mujeres superior al 60%", aunque siempre deberá justificarse esta decisión. Es decir, las mujeres sí que podrán superar este límite máximo.

El proyecto de ley establece estas cuotas para el Gobierno, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, la Administración General del Estado, las entidades del sector público institucional estatal y las sociedades cotizadas. También para el Consejo de Informativos de RTVE, sindicatos, patronal, y fundaciones, organizaciones del tercer sector y organizaciones de economía social que cumplan una serie de requisitos.

Las primeras en aplicarlo deberán ser las 35 empresas del IBEX, antes del 30 de junio de 2026. Después, se irá desplegando en el resto de organismos hasta el año 2029.

Entre las enmiendas presentadas a la ley, una buscaba obligar a que los partidos políticos también tuvieran que estar sujetos a esta obligación de paridad. Sin embargo, las propias formaciones políticas acabaron rechazando la propuesta. A lo que sí que estarán obligados es a conformar listas electorales paritarias que sigan el sistema 'cremallera', alternando siempre entre mujeres y hombres. Las únicas excepciones serán en los municipios más pequeños donde resulta difícil encontrar candidatos.

La norma también incluye mecanismos correctores en las distintas convocatorias públicas de I+D+i para computar "como tiempo de inactividad investigadora, como mínimo, el tiempo disfrutado de permiso de maternidad, paternidad, guardia con fines de adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo y/o lactancia e incapacidad temporal asociada al embarazo o por razones de violencia de género o cualquier tipo de acoso".

También se modifica la ley del Deporte para que las Federaciones deportivas y las ligas profesionales tengan que tener protocolos de prevención de acoso sexual y establecer como infracción muy grave el abuso o acuso sexual. Además, incluyen varias medidas para mejorar los derechos de conciliación de las deportistas de élite, como la ampliación de un año de los contratos cuando estén embarazadas o en procesos de adopción.

La principal polémica en la tramitación de la ley ha sido la introducción de una enmienda por parte de los partidos del Gobierno y de sus socios parlamentarios para eliminar la capacidad de veto que actualmente tiene el Senado al techo de gasto. Desde el año 2012, con una reforma del Gobierno de Mariano Rajoy, se concedió a la Cámara Alta la capacidad de tumbar la senda de estabilidad, una prerrogativa que no tiene con el resto de normas, ni siquiera con los Presupuestos. Así, el Ejecutivo quiere retirar esta potestad.