El Gobierno hace guiños a Junts y materializa nuevas cesiones para equilibrar tras el pacto del CGPJ

El Gobierno hace equilibrios para atar el bloque de investidura tras el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el PP. Además de insistir en que la reforma de la ley de Poder Judicial no es vinculante para apaciguar la reacción de sus socios, han redoblado los guiños a Junts y PNV tras pactar un reparto de vocales con los populares que elimina la tradicional cuota vasca y catalana. El mismo día que se cerró en Bruselas el acuerdo para desbloquear el órgano de poder de los jueces, el Consejo de Ministros aprobó el decreto anticrisis donde coló una disposición adicional para cumplir un compromiso que los independentistas habían señalado como “importante”. Se trata de la derogación de una trasposición europea (el artículo 43bis de la ley de enjuiciamiento civil) para intentar blindar la aplicación amnistía ante cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE.

El Gobierno evitó dar cuenta de esta cesión, que no se conoció hasta dos días después con la publicación en el BOE del decreto. “La disposición derogatoria única suprime, en particular, el artículo 43 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de modo que sean los órganos judiciales nacionales los que puedan aplicar directamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fundamentalmente a partir del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, respecto a las cuestiones prejudiciales que se planteen ante ellos”, recoge el texto en su exposición de motivos.

Para los independentistas, este artículo amenazaba la aplicación de la amnistía. Desde el Ejecutivo relativizan la derogación de un cambio legislativo que se introdujo hace solo seis meses en un decreto ómnibus de Justicia, con el argumento de ser una mera trasposición de una directiva europea. Según sostienen ahora fuentes de Moncloa, “no tiene consecuencias prácticas”. Con todo, reconocen que se trata de un acuerdo con Junts que estaba pendiente de cumplir desde el pasado mes de enero.

Su derogación fue fruto de un pacto con Junts a cambio de su abstención en los tres primeros decretos de la legislatura, en el mes de enero. Al igual que la eliminación del IVA del aceite, una medida que también se incluyó en el denominado decreto anticrisis.

Esta misma semana, el Gobierno ha trasladado a ERC que activará de forma “inminente” la mesa bilateral con el Govern para abordar la condonación parcial de la deuda pactado en la investidura. La quita correspondiente a este territorio ascendería a 15.000 millones de euros. Siguiendo el protocolo habitual por orden de aprobación de los estatutos, y debido a que Euskadi no entra en estas conversaciones al tener su propio cupo, se arrancará con Cataluña para continuar con Galicia y, posterior, con Andalucía.

Quita de la deuda

En un principio se planteó llevar la condonación de la deuda, extensible a otras comunidades que así lo reclamen, al proyecto de Presupuestos. La intención ahora pasa por acelerar los trámites y aprobar la quita a través de una ley específica al margen de las cuentas públicas, según fuentes de Moncloa. De esta forma, no habría que esperar a finales año y se podría vincular su aprobación a los tiempos para la investidura del socialista Salvador Illa, con el plazo límite a finales de agosto.

Con el PNV se han producido reuniones estos días para abordar diferentes carpetas pendientes, relacionadas tanto con Hacienda como con Transportes. Tan solo 24 horas después de que los nacionalistas vascos se desmarcasen del pacto entre Gobierno y PP para renovar el CGPJ por quedarse fuera, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, mantuvo un encuentro en el Congreso con su portavoz, Aitor Esteban. Antes de ello había demandado a Pedro Sánchez avanzar en la autorización de los PERTE regionales y que las comunidades articulen los proyectos del Fondo de Resiliencia Autonómico (FRA). El jefe del Ejecutivo insistió por su parte en la apuesta por la “cogobernanza” y en llegar a acuerdos para implementar el referido fondo.

Plan de regeneración

La prueba de fuego para la gobernabilidad serán los Presupuestos. Desde el Ejecutivo sostienen que tanto ERC como Junts no han vinculado por el momento su apoyo a lo que ocurra con el proceso de investidura para la Generalitat y confían en sacarlos adelante con el bloque de investidura. Aunque son conscientes de que la repetición electoral lo complicaría todo, ya lanzan guiños respecto a la posibilidad de aumentar inversiones en Cataluña al contener el ajuste presupuestario al evitar el procedimiento de déficit excesivo.

De entre los socios, en el Ejecutivo solo ven en posiciones “más pasadas de revoluciones” a Podemos. Además del marco de negociación de los Presupuestos, este mes de julio Pedro Sánchez tiene previsto exponer en el Congreso el plan sobre regeneración democrática y abrir una ronda de contactos con los socios donde tendrán margen de arrancar nuevos acuerdos.