El Gobierno topará la financiación pública de los medios de comunicación a partir de septiembre

El Gobierno reformará las leyes de publicidad institucional, del derecho al honor y la rectificación y establecerá un máximo a la financiación pública de los medios de comunicación. Estos serán los principales ejes del plan de regeneración democrática que Pedro Sánchez presentará en el Congreso de los Diputados el próximo 17 de julio, según ha avanzado esta mañana durante una entrevista en la Cadena Ser. El jefe del Ejecutivo también ha trasladado "todo el apoyo" al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ante su posible imputación. Por otra parte, ha subrayado que "no hay absolutamente nada" en el caso de su mujer, en una semana decisiva para ambos asuntos.

El plan de regeneración democrática comenzará a tramitarse a partir del próximo mes de septiembre, después de que en la segunda quincena de julio arranque una ronda de contactos con los socios parlamentarios. Las medidas que se están negociando entre los socios de la coalición de Gobierno, a través de un grupo de trabajo específico, se centran principalmente en aplicar el reglamento europeo sobre la libertad en los medios de comunicación. Según ha defendido Sánchez, "no es aceptable" que se financie con recursos públicos "desinformación y bulos", sobre todo cuando pesan más los ingresos por financiación pública que por audiencia.

La norma europea entró en vigor el pasado 7 de mayo y los países miembros deberán aplicar el grueso de su articulado a partir de 2025. Sus principales novedades, más allá de las relativas a garantizar la pluralidad informativa, tienen que ver con la financiación y la transparencia de los medios de comunicación, tanto en lo relativo a sus propietarios como a la publicidad institucional. Asuntos sobre los que dará cuenta Sánchez en sede parlamentaria y que, según ha aclarado, está trabajando ya con sus socios de coalición. Concretamente, sobre el tope a la financiación pública, el jefe del Ejecutivo ha cuestionado que "hay medios que no tienen lectores, solo dinero público".

Sánchez ha vuelto a insistir en la mano tendida a Alberto Núñez Feijóo para llegar a más acuerdos tras el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Acuerdos que no solo limitó a la renovación de otros organismos, como el gobernador del Banco de España, la CNMC o la CNMV, sino también a asuntos que calificó de Estado. Esto es, según enumeró, "la renovación del pacto de Estado sobre la violencia de género, la reforma de la ley de extranjería", para acordar el reparto de migrantes menores entre las comunidades autónomas, o un "acuerdo sobre la financiación autonómica pendiente desde 2010".

Sobre la renovación del pacto de Estado de la violencia de género, Sánchez ha insistido en su carácter "estructural" y apuntado a la "responsabilidad" del PP por estar pactando con un partido que "niega la violencia de género", en referencia a Vox. Según los tiempos que ha puesto sobre la mesa, el Gobierno busca avanzar los trabajos para que si renovación con todas las formaciones, salvo Vox, antes de que remate 2024, cuando se cumplirían siete años desde su aprobación.

El pasado mes de marzo se constituyó en el Congreso la subcomisión para abordar su renovación con una propuesta firmada por todos los grupos parlamentarios menos Vox. La violencia de género es uno de los asuntos favoritos de Vox en su batalla cultural y el Gobierno busca presionar al PP para que se desmarque de sus socios de gobierno a nivel autonómico y municipal. Los acuerdos de gobierno entre PP y Vox eluden referirse al concepto de “violencia de género” para diluir esta realidad con otros términos como “violencia intrafamiliar”. En lo que va de legislatura en algunas comunidades autónomas ya ha habido choques entre los socios a este respecto.

Presión a las coaliciones con Vox

Finalizada el ciclo electoral, el Gobierno quiere retomar la iniciativa y, además del plan de regeneración democrática, también está previsto presentar este miércoles una propuesta para limitar los pisos turísticos, según ha anunciado Sánchez. El jefe del Ejecutivo ha evitado concretar su propuesta, condicionada por tratarse de un asunto con las competencias en manos de las comunidades y los ayuntamientos, pero sí ha respaldado la iniciativa del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y apuntado a la posibilidad de reformar la ley sobre propiedad horizontal y crear un registro estatal. Lo primero serviría para vetar la existencia de pisos turísticos en vecindarios y lo segundo para controlar la oferta de pisos turísticos sin licencia.

Los socialistas están poniendo en el punto de mira las coaliciones del PP con Vox para demandar un golpe de autoridad de Feijóo. Por ejemplo, frente a las dudas de los presidentes populares que gobiernan con Vox para reformar la ley de extranjería. Máxime, después de que Santiago Abascal abriese la puerta a romper sus alianzas si los populares ratifican su apoyo. La pasada semana, el PSOE ya ofreció sus votos a la presidenta balear, Marga Prohens, para echar al actual presidente del Parlament de Vox.

La propuesta, que fue rechazada, consistía en dar su apoyo para elegir a un presidente del PP ante la situación de “emergencia democrática” derivada de las actuaciones del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, quien en el pleno anterior rompió una fotografía de una víctima del franquismo. Desde la cúpula de Ferraz explicaron que estaban dispuestos a extender esta oferta en otros parlamentos autonómicos para aislar a Vox. Un cambio sustantivo respecto al cordón sanitario que tras las elecciones municipales y autonómicas vincularon a que el PP rompiese con la formación de ultraderecha en todas las instituciones.